Las asociaciones judiciales ven "insólito" convocar el Pleno después de hacerse pública la primera sentencia

• "El Pleno debió avocarse desde el inicio, no una vez resuelta la cuestión", aseguran dos de ellas
• La Asociación Profesional de la Magistratura ve "injusto" que ahora se descalifique a todo el poder judicial

Varios medios de comunicación esperan frente al Tribunal Supremo.

Dos de las asociaciones judiciales más importantes del país, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia, han calificado de "anómalo", "insólito" e "inédito" el hecho de que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo fuera convocado después de conocerse la sentencia del pasado 18 de octubre por la que se cambiaba la jurisprudencia sobre el impuesto de las hipotecas, extremo que fue rectificado este martes.

El hecho de que se haya reunido el Pleno después del fallo, a instancia del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es el origen del desconcierto y del problema para ambas. "El Pleno debió avocarse desde el inicio, no una vez resuelta la cuestión", ha asegurado Raimundo Prado, portavoz de la Francisco de Vitoria, a RTVE.es.

"Hoy es con esto y mañana puede ser con otra cosa (...) Puede parecer que si una sentencia no le gusta al presidente de la Sala va a ir a Pleno. Esto crea inseguridad y parece algo arbitrario", ha asegurado Prado, que recuerda que la fórmula establecida por el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de convocarlo a través de una nota de prensa no está recogido en la ley.

De la misma opinión es Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, para quien "da la impresión de que si algo no gusta, se cambia". "Es muy negativo", ha subrayado González a RTVE.es, quien ha destacado que el problema es el daño que se ha hecho a la Justicia esa decisión.

Mientras, para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que asegura comprender "el desconcierto y el descontento" existente en la sociedad, "es injusto que como consecuencia de un caso concreto se desencadene una descalificación global ante el poder judicial". Así lo ha señalado a RTVE.es Celso Rodríguez, portavoz de la APM, para quien "no se puede descalificar a todo el poder judicial, que no se somete a presiones y que trabaja día a día por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos".

División en las asociaciones sobre la asunción de responsabilidades

Respecto a la asunción de responsabilidades, las diferentes asociaciones consultadas exponen diferentes opiniones. Jueces y Juezas para la Democracia piden la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo. "Criticamos la gestión de este asunto. No vale con pedir perdón, deben dimitir", señala Ignacio González.

No llegan a pedir ceses desde la asociación Francisco de Vitoria, que señala que el problema es que los cargos judiciales están elegidos por los políticos y no por los jueces. "Los vocales del CGPJ, en la actualidad, son elegidos con criterios de afinidad ideológica o afinidad personal. Los vocales así designados son quienes eligen a los presidentes de las Salas del Tribunal Supremo y demás órganos colegiados", denuncia esta asociación. "Por eso, no debe extrañarnos la decisión adoptada en el día de ayer", aseguran.

Su portavoz, además, también critica a los partidos políticos. Raimundo Prado señala que el reparto de cargos siempre lo han hecho los dos grandes partidos, PP y PSOE, pero destaca lo que ocurre con Podemos: "Han convocado manifestaciones contra lo ocurrido en el Supremo, pero están de acuerdo en repartirse los vocales para tener poder y controlar lo que pasa en la Justicia". Por eso, tanto la Francisco de Vitoria y como el Foro Judicial Independiente (FJI) exigen "que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de excluir al poder legislativo y al poder ejecutivo de la designación de los vocales del CGPJ de extracción judicial".

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras, solo califican de "deficiente gestión" la del Supremo y se remiten a las declaraciones de Carlos Lesmes, presidente del Alto Tribunal. Además señala al Gobierno y a las Cortes Generales. "Corresponde a quien tiene la potestad legislativa clarificar para que no haya confusión", ha señalado su portavoz, Celso Rodríguez, a RTVE.es poco antes de que se manifestara en idénticos términos Lesmes y de que el presidente del Gobierno anunciara una modificación legislativa para que sean los bancos los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Todas las asociaciones han destacado el daño que el caso del impuesto a las hipotecas ha provocado en el sistema judicial español. Pero mientras unas señalan que es que "injusto" acusar a los jueces de estar sometidos a presiones, otras aseguran que hay "dudas razonables sobre la independencia del Tribunal sentenciador". En lo que sí están de acuerdo todas es en no manifestarse en el fondo de la cuestión al no conocerse aún ni la motivación de la Sala Tercera del Supremo ni los posibles votos particulares que pudiera haber.