La mitad de los jueces y fiscales secunda la huelga para exigir más medios y la despolitización de la Justicia

• Es el segundo paro que convocan conjuntamente las siete asociaciones de jueces y fiscales de España
• Reclaman a la ministra Delgado que cumpla las reivindicaciones que ella misma hizo en mayo como fiscal

Jueces y fiscales en huelga para pedir más medios y una Justicia despolitizada

Alrededor de la mitad de los jueces y fiscales del país -un poco más en el caso de los magistrados- han secundado este lunes la segunda huelga general que estos colectivos protagonizan este año para exigir la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis, más medios para la justicia y la despolitización del Poder Judicial.

Según datos facilitados por el comité de huelga, a las 17:00 horas el seguimiento era del 60,9% en el caso de los 5.500 jueces que hay en España y del 38,9% entre los 2.500 fiscales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 46,8% de jueces y el 40% de fiscales han hecho huelga.

Las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales del país, que han convocado la jornada de protesta, han instado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a atender las reivindicaciones que ella misma defendió como fiscal el 22 de mayo, cuando tuvo lugar la primera huelga en contra del Gobierno popular de Mariano Rajoy. Entonces, el seguimiento fue del 65% entre los magistrados y del 52% entre los fiscales.

"Hoy más que nunca tenemos que salir a defender el Estado de derecho y la separación de poderes", ha subrayado la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, encargada de leer un manifiesto conjunto ante los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid en el que las asociaciones profesionales han denunciado el reparto político de los miembros del CGPJ.

Delgado, que era miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), se sumó a la huelga del pasado mayo y este lunes jueces y fiscales le piden que "asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo", ha señalado Del Barco.

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Las siete asociaciones profesionales convocantes del paro son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Además de un Poder Judicial independiente y despolitizado, en el manifiesto las siete reclaman medios materiales, la derogación de los plazos máximos de instrucción, cargas de trabajo saludables, creación de nuevas plazas y recuperación de los niveles salariales y de los permisos y licencias recortados durante la crisis.

Cuestionan el pacto del PP y el PSOE para el presidente del CGPJ

"La huelga celebrada en el día de hoy es una ocasión idónea para demostrar a jueces y fiscales defendemos una absoluta separación de poderes, un CGPJ realmente independiente y una carrera judicial fiscal con unas condiciones dignas y al servicio de todos los derechos de los ciudadanos", ha concluido Del Barco.

Para jueces y fiscales, el pacto del PP y el PSOE para que Marchena sea presidente del CGPJ antes de que sean elegidos los vocales que deben nombrarlo es "un nuevo episodio en el permanente cuestionamiento del Estado de derecho" que se produce además "en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal".

Las asociaciones reclaman que los doce vocales de extracción judicial del CGPJ sean elegidos por los propios jueces y magistrados, convencidos de que la intervención de las fuerzas políticas "va a generar siempre dudas sobre la independencia de la justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en última instancia en el propio Estado de derecho".

Por su parte, los 17 presidentes de los tribunales superiores de justicia del país han mostrado su apoyo a las "justas y legítimas reivindicaciones" de un sector "con graves carencias crónicas" a pesar de no poder sumarse a las medidas de "presión colectivas" por su posición institucional, según han difundido en un comunicado.

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