Las reformas pendientes de la Constitución Española
- La supresión de los aforamientos o la prevalencia del varón en el acceso al trono están en el centro del debate
- Especial 40 años de Constitución en RTVE.es | 40 años y 40 artículos en RNE
La Constitución Española afronta la crisis de los 40 y la mayoría de los expertos coinciden en que necesita actualizarse.
Entre la reformas pendientes, la limitación o supresión de los aforamientos es una de las que más consenso suscita.
En España hay 250.000 personas aforadas: políticos, magistrados, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son juzgados por un tribunal especial al que les correspondería.
Esto es visto por algunos como un privilegio pero la justificación inicial es evitar las presiones políticas que puede sufrir un tribunal ordinario cuando juzgue a un cargo público.
El Gobierno ha presentado un plan para limitar el aforamiento de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores a delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
Una modificación de la Constitución que afectaría, como mucho, a unas 600 personas, porque el resto de aforamientos vienen recogidos en la ley orgánica del Poder judicial o en los Estatutos de Autonomía.
PP, Ciudadanos y Podemos han puesto pegas a esta reforma así que parece muy complicado que pueda salir adelante.
La sucesión al trono
El Consejo de Estado en su día planteó otras modificaciones de la Carta Magna, entre ellas, la supresión de de la prevalencia del varón en la sucesión al trono. Una discriminación que no se entiende en los tiempos actuales.
El problema es que al haber protegido la Corona en la Carta Magna a través del artículo 168, necesita de una reforma agravada lo que, según los expertos, supone un problema ya que implica abrir un debate mayor.
Entre las reformas pendientes de la Constitución, el Consejo de Estado también sugirió acotar las competencias de las Comunidades autónomas y que recoja el papel de la Unión Europea.
En la calle, algunos colectivos han reclamado que la Carta Magna blinde la sanidad, la sependencia o las pensiones como derechos fundamentales.
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