Rull habla de "falta de legitimidad moral" del Constitucional para justificar que siguieran adelante con el referéndum

• Defiende que en la Constitución "hay margen suficiente" para convocar una consulta pero que no hay "voluntad política"
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Rull acusa de "falta de legitimidad moral" al Constitucional en el juicio del 'procés'

El exconseller catalán de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha cargado contra la "falta de legitimidad moral" que, en su opinión, tiene el Tribunal Constitucional al haber sido "sistemáticamente instrumentalizado por parte del Estado" para justificar que siguieran adelante con la celebración del referéndum del 1-O. Durante su declaración como acusado en el juicio del 'procés', Rull ha explicado que ante esta situación se encontraron ante el "dilema" de tener que "ponderar", de buscar el "equilibrio", entre el "imperio de la ley" y el "principio democrático" para celebrar la consulta después de que en las elecciones 'plebiscitarias' de diciembre de 2015 que ganó el independentismo.

Josep Rull, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por rebelión y malversación por parte de la Fiscalía, se ha sumado así a la línea de defensa que ya expuso este martes el exconseller Jordi Turull para justificar que desoyeran las advertencias que recibieron del Constitucional para no celebrar la consulta.

El exconseller, que ha respondido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado pero no a Vox, ha defendido la convocatoria del 1-O porque "no es delito" y ha calificado la declaración unilateral de independencia de "política, formal y solemne" pero sin afectos prácticos porque no tenían un plan posterior para desarrollarla. Rull también ha rechazado el uso de la violencia -que como otros acusados ha atribuido en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, y ha negado la malversación.

14 horas - Rull carga contra la "legitimidad moral" del Constitucional

"Convocar un referéndum no es delito"

Josep Rull, quien ha comenzado lamentando que no puede usar el catalán con declaración simultánea para declarar porque, en su opinión, se ve esta lengua como "amenaza", ha defendido que "dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, es posible hacer un referéndum" y ha asegurado que desde el Govern agotaron "todas las vías" para celebrar una consulta pactada con el Estado antes de convocar en 2015 las elecciones "plebiscitarias".

El político independentista ha insistido, como otros acusados, en que "convocar un referéndum" aunque sea sin el acuerdo del Estado "no es delito" desde que se eliminó del Código Penal en 2005 y que la prueba es que este mismo martes el Congreso rechazó una propuesta del PP en este sentido para volverlo a incluir.

"Nos movíamos en la convicción de que convocar un referéndum no es delito. No merece reproche penal", ha subrayado Rull, que ha insistido en que su objetivo "ahora y siempre" es pactar un referéndum con el Estado. El exconseller ha insistido, a preguntas de la Abogacía del Estado, que "hay margen suficiente" para convocar una consulta dentro de la Constitución en contra de lo que afirmaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando decía que ni quería ni podía permitir la consulta.

"Equilibrio entre el imperio de la ley y el principio democrático"

Al igual que Turull, Josep Rull se ha aferrado al argumento de la "ponderación" entre ley y democracia ante la falta de "autoridad" y "legitimidad moral" que atribuye al Tribunal Constitucional al haber sido "instrumentalizado", en su opinión, por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Si el principio democrático es constantemente ignorado, esta legitimidad [del Constitucional] queda afectada y por tanto nosotros siempre buscábamos este equilibrio entre el imperio de la ley y el principio democrático (...) El sistema tiene que ser capaz de reflejar la voluntad del pueblo cuando hay una mayoría parlamentaria", ha señalado.

Para argumentar esta idea del "equilibrio", Rull ha citado una resolución del Tribunal Constitucional de Canadá, recogida por Europa Press, que establece que "un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho", sino que también "necesita legitimidad, interacción entre el imperio de la ley y el principio democrático".

Ante esta mención, la fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado con cierta ironía: "¿Leyó la doctrina del Tribunal Constitucional, pero la del español no?" Ante esta cuestión, Rull ha respondido que lo que él estaba diciendo es que tiene una "convicción intensa" de que el Tribunal Constitucional en España tiene un "déficit importante de autoridad moral".

Rull niega la malversación: "No se gastó ni un euro"

Al igual que los anteriores acusados que han declarado en los últimos tres días ha negado que cometieran malversación en la organización del referéndum del 1-O. "No se gastó ni un euro en mi departamento", ha señalado Rull, que ha destacado el "férreo" control de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central y ha hecho una "defensa a ultranza" de los funcionarios de su consellería.

"No se utilizó ni un euro público para celebrar el referéndum", ha insistido Rull, que ha declarado que tampoco sabía de dónde salieron las urnas y las papeletas pero que tenía la "esperanza" de que aparecieran el 1-O porque "la fuerza de la esperanza es extraordinaria".

Sobre el uso de las manifestaciones cívicas como medida de presión para que el Estado aceptara la independencia como sostienen las acusaciones, Rull ha señalado que la hoja de ruta independentista que él firmó antes de las elecciones de 2015 no hacía ninguna mención a movilizaciones ciudadanas y ha negado conocer el documento Enfocats, encontrado por la Guardia Civil en el domicilio del ex número dos de Oriol Junqueras y que sí habla de desatar "un conflicto de amplio apoyo ciudadano".

Sobre la protesta ante la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017, durante la que se destrozaron varios coches de la Guardia Civil y que la Fiscalía describe como "asedio" violento, Rull ha insistido en que fue una "manifestación pacífica, cívica" aunque reconoce que huvo "expresiones puntuales" que rechaza de forma categórica.

El exconseller, que asegura que denuncia "cualquier tipo de violencia", ha defendido el derecho de los ciudadanos a protestar ante unas detenciones "arbitrarias" y un registro que, en su opinión, se produjo sin orden judicial y ha calificado de "sorprendente" el relato que hace la Fiscalía de estas manifestaciones.

Atribuye "violencia desbocada" a la Guardia Civil y Policía

Josep Rull también ha calificado de "inaudito" que el Ministerio Fiscal hable de "muros humanos que se mueven y atacan" para argumentar que hubo violencia por parte de los ciudadanos que acudieron a votar el 1-O y ha atribuido la "violencia desbocada" de ese día a la Policía Nacional y la Guardia Civil. A preguntas de su abogado, ha negado que hiciera llamamientos para que los ciudadanos se levantaran tumultuariamente y ha acusado a la Fiscalía de "manipular" sus palabras en una entrevista de elnacional.cat en su escrito de acusación.

El exconseller también ha negado que prohibiera "arbitrariamente", como defiende la Fiscalía, el atraque en el puerto de Palamós del buque con los agentes policiales que finalmente acabó amarrando en el puerto de Barcelona. Rull ha negado esta acusación ya que él no es el que decide personalmente sobre los amarres de los puertos y ha asegurado que desconocía, incluso, que el buque estaban hospedados agentes de la Policía Nacional.

La razón por la que los responsables del puerto de Palamós no dejaron atracar al barco, ha explicado el exconseller, fue doble: porque no pidieron permiso a través del mecanismo oficial sino que se hizo de forma verbal para decir que necesitaban atracar durante "20 días para reparar los camarotes" y porque el puerto solo tenía dos muelles y estaban ya comprometidos en los próximos días para varios cruceros, entre otras embarcaciones.