Los líderes independentistas niegan la rebelión y la malversación: las diez claves de su relato exculpatorio

• Todos ellos niegan que diseñara un plan para forzar al Estado a reconocer la independencia incluso mediante violencia
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Los doce acusados en el juicio del 'procés' en el banquillo del Tribunal Supremo

Las declaraciones de los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo han terminado este martes dejando un relato exculpatorio basado en negar que hubiera un plan preconcebido para declarar de forma unilateral la independencia y mucho menos un intento de rebelión, como sostiene la Fiscalía, porque "nunca" contemplaron el uso de la violencia como medio. Niegan también la malversación, porque no se gastó "ni un euro" de dinero público en el referéndum del 1-O, y la desobediencia, porque desde la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional no hicieron "nada". Ni siquiera, sostienen, saben de dónde salieron las urnas.

Los interrogatorios, sin embargo, han dejado toda una graduación de matices en función de las diferentes estrategias de defensa. Desde los que califican el juicio como "político" y hablan del derecho a la autodeterminación que, en su opinión, tiene Cataluña -como el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva- hasta los que aseguran que el referéndum nunca se convocó para declarar la independencia y que era una manera de presionar al Gobierno de Mariano Rajoy, de "tensar la cuerda" para que negociara, como los exconsellers Dolors Bassa y Santi Vila.

"La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia", señaló Bassa el pasado miércoles. Una frase que resume lo que han sostenido sobre la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017. No tuvo validez, argumentan, porque fue una "declaración política" que ni siquiera se votó. Una afirmación más cercana a la de "la república no existe" que le espetó un mosso a un manifestante el pasado mes de diciembre que al discurso más épico que se mantuvo desde la propia Generalitat en el convulso otoño de hace año y medio.

Estas son las diez claves que han dejado las declaraciones de los doce acusados en las últimas cinco sesiones:

1. Niegan una hoja de ruta unilateral: nadie conoce 'Enfocats'

Todos los acusados han negado conocer el documento Enfocats que se encontró en un registro en la casa del ex número dos de Junqueras, el actual diputado de ERC Josep María Jové, con una supuesta hoja de ruta para lograr la independencia que hablaba de ir "incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados". Esta una de las pruebas que esgrime la Fiscalía para acusarles de haber diseñado un plan coordinando que incluía el uso de la violencia como medio.

Junqueras calificó el documento de "extravagante y apócrifo", el exconseller Carles Mundó de "estrambótico" y el expresidente de ANC Jordi Sànchez aseguró que "no aguanta la más mínima prueba de contraste sobre la realidad", entre otros que le han restado valor.

2. Niegan el uso de la violencia y por tanto la rebelión

Los acusados han negado que contemplaran el uso de la violencia para lograr la independencia. "Nunca, nunca, nunca" la contemplaron, afirmó tajante Junqueras el primer día de declaraciones. Para la Fiscalía hubo violencia en el "asedio" a la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 con el destrozo de varios vehículos de la Guardia Civil y con la secretaria judicial saliendo escoltada del edificio por el tejado y en la propia jornada del 1-O. El Ministerio Público les acusa, de hecho, de llamar a la participación en el referéndum buscando la confrontación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a pesar de las advertencias de los Mossos.

Sobre el 20S, Jordi Sànchez acusó a la Fiscalía de "criminalizar" una manifestación "pacífica" porque unos "pocos" destrozaran coches y negó que hubiera un intento de "asalto" a la Consellería. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también ha acusado al Ministerio Público de usar un "hecho menor" para acusarles de rebelión. El exconseller de Interior Joaquim Forn tildó directamente de "peliculero" el relato de la Fiscalía.

Sobre el día del referéndum, el expresidente de la ANC aseguró que "jamás" imaginó que el 1-O "podría haber una situación de tensión y violencia" como la que luego se vivió y defendió la resistencia pacífica de los ciudadanos que se concentraron en los centros de votación. Forn negó que los Mossos aconsejaran desconvocar el referéndum y aseguró que "en ningún momento" hablaron del riesgo de "escenarios de violencia generalizada".

3. Los acusados hablan de "violencia policial" el 1-O

"Votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza sí". Lo dijo Oriol Junqueras en el primer día de declaraciones para dar la vuelta al argumento de la Fiscalía y acusar de violencia a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por las cargas del 1-O. El exvicepresidente calificó su actuación de "injustificada e innecesaria" y les atribuyó la intención de aumentar la "crispación".

El exconseller de Presidencia Jordi Turull la calificó de "desproporcionada no, lo siguiente" mientras que el extitular de Exteriores Raül Romeva afirmó que "las únicas armas fueron las de la Guardia Civil". El exconseller de Gobernación, Josep Rull, calificó de "inaudito" que la Fiscalía hablara de "muros humanos que se mueven y atacan" cuando la violencia "desbocada", en su opinión, fue la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sànchez habló de fuerza "desproporcionada e injustificada" y negó conocer si los agentes fueron repelidos con vallas y otros objetos por los ciudadanos concentrados en los colegios, mientras que Cuixart ha interpelado directamente a la Fiscalía: "¿Usted se cree que nosotros podríamos imaginar que hubiera una milésima parte de la violencia que hubo? [por parte de Policía y Guardia Civil]". La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha destacado que "todos los antecedentes" como el 9N "indicaban que todo se iba a desarrollar pacíficamente".

4. Autodeterminación y "votar no es un delito"

Diferentes acusados han argumentado que la reforma del Código Penal de 2005 dejó de considerar delito la convocatoria de un referéndum para argumentar que ellos no cometieron ningún delito a pesar de que el Tribunal Constitucional lo suspendiera cautelarmente. "Votar no es un delito", han repetido como un mantra ante el tribunal. Rull, por ejemplo, esgrimió como prueba de que no era recriminable penalmente el hecho de que el PP intentara sin éxito la semana pasada que el Congreso volviera a tipificarlo como delito.

Por su parte, Junqueras y Romeva -que comparten abogado y que son los únicos que no han contestado a ninguna de las acusaciones- hicieron una defensa cerrada del supuesto derecho a la autodeterminación que defienden que tiene Cataluña basándose, dicen, en el derecho internacional. "No hay ni un solo tratado internacional o europeo" que lo prohíba, aseguró Romeva.

5. Niegan el delito de desobediencia y hablan de "desobediencia civil"

Todos los exconsellers han defendido que después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el referéndum el 7 de septiembre de 2017 no llevaron ningún ninguna actuación para su celebración a pesar de que hicieran llamamientos a la participación.

Forn negó que diera "órdenes políticas" a los Mossos para garantizar su celebración aunque sí expresara en público su apoyo al referéndum como parte del "compromiso político" que habían adquirido con la sociedad catalana.

Jordi Cuixart ha descrito el 1-O como "el ejercicio de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa" y el exconseller de Empresa Santi Vila ha sostenido que desde la suspensión del TC no lo consideró un referéndum sino un "movimiento social".

6. La teoría de la "ponderación" de Turull y Rull

En relación con esta negación de la desobediencia, los exconsellers Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Gobernación) introdujeron en el juicio la teoría de la "ponderación", de la búsqueda del "equilibrio", entre la democracia y el principio de legalidad.

Turull aseguró que se primó el "compromiso de los ciudadanos de Cataluña" para votar frente a "lo que dicen las leyes". Entre otros motivos, añadió Rull, porque estaban ante la "falta de legitimidad moral" de un Tribunal Constitucional "instrumentalizado" políticamente.

7. Un Constitucional "politizado" también para el Parlament

Este mismo argumento de Rull ha sido utilizado este martes por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para justificar que permitieran la tramitación de leyes y resoluciones relacionadas con la independencia a pesar de las advertencias del Constitucional para que lo evitaran.

Forcadell ha asegurado que la "voluntad" inicial de los miembros de la Mesa no era desoír al Constitucional, pero que ante un tribunal "politizado" que les estaba pidiendo que actuaran como un "órgano censor" para no permitir el debate ellos optaron por "defender los derechos fundamentales" como la libertad de expresión y la pluralidad política.

8. Niegan la malversación y apuntan a la financiación privada

Todos han coincido en negar la malversación alegando que no se gastó dinero público en la organización del referéndum y han defendido que con las cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda era imposible desviar fondos a la consulta. "A los contribuyentes no les costó nada" (Junqueras), "no se gastó ni un euro (Turull), "no se utilizó ni un euro público" (Rull) son solo algunas de las afirmaciones en este sentido.

Los acusados niegan saber hasta de dónde salieron las urnas y las papeletas. "Eso no lo sabe nadie, me gustaría saberlo", ha destacado el último día de las declaraciones Forcadell. Vila y Mundó insinuaron que debió de financiarse con dinero privado, pero añadieron que era solo una "especulación", una "impresión" que tenían.

9. No hubo declaración unilateral de independencia

Los acusados han coincido en defender que la declaración unilateral de independencia fue una "declaración política" que no tuvo ningún efecto jurídico porque estaba en un preámbulo que ni siquiera se votó. Entre otros, Turull la calificó de "expresión de la voluntad política", Rull habló de una declaración "política, formal y solemne" pero sin efectos prácticos, y la exconsellera Meritxell Borràs, de "expresión política".

La más rotunda en este sentido fue la exconsellera Bassa: "La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia". Tras la declaración, explicó, ni se publicó en ningún boletín oficial ni se comunicó internacionalmente.

10. ¿Todo fue un órdago?

Sin usar el término "órdago" es lo que han venido a defender los exconsellers Dolors Bassa y Santi Vila en sus declaraciones. La primera aseguró que el referéndum "nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia (...) Era un acto para llegar al diálogo y a un pacto. Sí teníamos claro que, si mucha gente iba a votar, eso nos ayudaba a la negociación [con el Gobierno]". Bassa, de hecho, enmarca la DUI en respuesta al 155.

Vila llegó a calificar de "argucia" que Carles Puigdemont prometiera un referéndum y habló de la intención del Govern de "tensar la cuerda" sin que esta se rompiera para "encauzar" el sentimiento independentista de la población y "sacar del inmovilismo" al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Este exconseller, que abandonó el Govern un día antes de la DUI, explicó cómo Carles Puigdemont se había comprometido a convocar elecciones autonómicas pero que no aguantó la "presión" de quienes le llamaron "traidor" en las redes sociales cuando se filtró que esa era su intención.