La Fiscalía mantiene las penas por rebelión para los líderes independentistas, incluidos los 25 años para Junqueras

• El Ministerio Público pide que en caso de condena no obtengan un tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena
• La Abogacía del Estado, por su parte, mantiene su acusación por sedición y las defensas piden la libre absolución

La Fiscalía mantiene el delito de rebelión y la petición de penas en sus conclusiones definitivas

La Fiscalía ha elevado a definitivo su escrito de acusación y mantiene su petición de 25 años de cárcel por rebelión con malversación para el exvicepresidente de Cataluñacomo "promotor" del 'procés' al considerar acreditado que se usó la violencia con el fin de declarar la independencia en un periodo que define de "claramente insurreccional" entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, el día que se celebró el referéndum.

En total, el Ministerio Público acusa de rebelión a los nueve líderes independentistas que están en prisión preventiva de los doce procesados. Al margen de Junqueras, son la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de ANC Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para los que pide 17 años también como "promotores"; y los cinco exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa, para los que reclama 16. A estos últimos, el ex número dos de la Generalitat, les añade malversación.

Mantiene también su acusación por malversación y desobediencia para los otros tres exconsellers en libertad provisional -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila- para los que reclama 7 años de prisión, según el nuevo escrito al que ha tenido acceso TVE.

Tras las declaraciones de testigos y peritos y tras dos días de exhibición de los vídeos del 20-S y el 1-O propuestos por las acusaciones y las defensas, la Fiscalía ha decidido mantener las líneas principales de su escrito de acusación aunque añadiendo algunos detalles, entre ellos, una petición expresa para que en caso de condena no puedan obtener el tercer grado penitenciario antes de cumplir la mitad de la condena (artículo 36.2 del Código Penal).

La Abogacía mantiene los 12 años para Junqueras por sedición

Por su parte, la Abogacía del Estado mantiene su acusación de sedición -un delito que no implica el uso de la violencia- para los nueve acusados que están en prisión provisional y pide, como al inicio del juicio, 12 años de cárcel para Junqueras y 11 años y medio para los cinco exconsellers. A los seis les atribuye también el delito de malversación. Para Forcadell, Sànchez y Cuixart reclama una condena de 10 años por sedición.

La acusación popular -ejercida por Vox- también ha elevado a definitivo su escrito de acusación respecto a todos los acusados, excepto a lo referente al exconseller Santi Vila, al que le retira su acusación de malversación y organización criminal y le mantiene solo desobediencia, un delito que no implica prisión. Esta acusación pide para Junqueras hasta 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Por último, las defensas de los doce líderes independentistas juzgados en el Supremo se han ratificado en la libre absolución de todos los acusados en el juicio del "procés" al considerar que no han cometido ningún delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición, informa Efe. También niegan la malversación.

La Fiscalía incluye las advertencias de los Mossos a Puigdemont

Como en su escrito inicial, la Fiscalía mantiene que los acusados "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron "el procés"- perfectamente planificada, concertada y planificada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia" de Cataluña. Una estrategia basada en tres pilares -el parlamentario, el del gobierno autonómico y el de las entidades soberanistas, como ANC y Òmnium- que contemplaba como medio la "violencia necesaria" valiéndose de la "fuerza intimidatoria" de las movilizaciones ciudadanas y el uso de los Mossos d'Esquadra como "cuerpo policial armado".

Aunque la Fiscalía subraya en su escrito que el dispositivo de los Mossos para el 1-O fue "ineficaz" -en la línea de lo manifestado por los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil que declararon como testigos-, el Ministerio Público incluye los detalles que relataron durante el juicio el major Josep Lluís Trapero y sus comisarios el 1-O sobre las dos reuniones que mantuvieron con la cúpula del Govern para intentar disuadirles de celebrar el referéndum por la "altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos entre los dos millones de ciudadanos movilizados para votar y las fuerzas policiales encargadas de impedir la votación" el 26 y el 28 de septiembre de 2017.

A pesar de estas advertencias, según recoge la Fiscalía, los miembros del Govern presentes en la última reunión -el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el exvicepresidente Junqueras- decidieron seguir adelante con la votación. El Ministerio Público incluye uno de los detalles que rebeló el ex número dos de Trapero, el comisario Ferrán López, cuando explicó que al finalizar, Puigdemont les dijo que "si el 1-O había violencia declararía la independencia" ese mismo día.