España traslada a la ONU su "malestar" por el informe que condena la prisión de los independentistas catalanes
- La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado que piden su revisión por contener "errores y distorsiones"
- Torra insta al Gobierno y a la Fiscalía a que, de acuerdo con el documento, exijan la libertad de los políticos independentistas
España ha trasladado a la ONU su "malestar" por el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que condena la detención de los líderes independentistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y ha pedido que se revise por considerar que contiene "errores y distorsiones" y que ha habido "conflicto de intereses", según ha anunciado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, el mismo día en que el Govern catalán ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la Fiscalía a exigir la libertad de los políticos presos.
La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que el embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, ha pedido a la ONU, que se inhiban en este caso dos de los cinco miembros de ese grupo.
En concreto, la petición se refiere al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes independentistas.
España considera, según ha detallado la ministra, que "hay un conflicto de intereses" entre esos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, que formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.
"Estrechas relaciones" con el abogado de los tres políticos encarcelados
Esos dos miembros del grupo, cuya inhibición ha pedido España, habrían tenido, según Celaá, "estrechas relaciones" con el letrado Ben Emmerson, con el que habrían compartido "tareas como relatores".
De la lectura del informe se deduce, según la ministra en funciones, que "parece haber un desconocimiento" del delito por el cual están inculpadas" estas en el proceso judicial por el 1-O y un desconocimiento también de "la separación de poderes"que rige el ordenamiento jurídico español. En cualquier caso, España "quiere dejar claro" que apoya los procedimientos especiales de la ONU "de forma total".
Ben Emmerson fue relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en la lucha antiterrorista entre 2011 y 2017, y "en dos casos concretos colaboró con el surcoreano y el mexicano en al menos otras dos causas que tengamos constancia, una relativa a Egipto y otra a Guantánamo", según ha explicado González-Aller ante los periodistas.
Mientras que Hong y Guevara, quien preside el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, forman parte de esta instancia desde 2014, y son reputados juristas en materia de derechos humanos.
En su reclamación ante la ONU, España también protesta por el presunto incumplimiento de los procedimientos de este grupo, que informó de su decisión al Gobierno español el 27 de mayo y debía esperar 48 horas antes de notificarlo a la otra parte (en este caso a Emmerson y sus clientes).
Torra insta al Gobierno y a la Fiscalía a exigir la libertad de los políticos presos
La reclamación de España ante la ONU se produce en el mismo día que el Govern de la Generalitat catalana, ha acordado instar al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Fiscalía a que atiendan la resolución del grupo de trabajo de la ONU y a que exijan la libertad de los líderes políticos independentistas catalanes que se encuentran en prisión preventiva por el procés.
El Govern, en una reunión extraordinaria ha aprobado un único acuerdo, que reclama cumplir la resolución del grupo de trabajo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Torra ya ha enviado una carta a Sánchez en la que consta el acuerdo adoptado por el Govern (que también se hará llegar a la Fiscalía), que hace suya esta resolución internacional y reivindica la puesta en libertad de todos los presos juzgados por el procés.
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado en una rueda de prensa que Sánchez "tiene la obligación de dar respuesta a lo que le pide el grupo de trabajo" y ha advertido de que, si no se cumple, el Govern lo "denunciará en todas partes" e impulsará las "acciones políticas y legales" que haga falta para que se haga efectiva esta resolución internacional.
Mientras, en respuesta a la decisión del Gobierno español de pedir la inhibición de los dos expertos de la ONU, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado a través de un tuit, la "obsesión del Estado español" de "perseguir cualquier voz" que contradiga su "relato inventado".