El Supremo paraliza de forma cautelar la exhumación de Franco y retrasa los planes del Gobierno

• El Alto Tribunal admite la suspensión cautelar que pedía la familia y evita pronunciarse sobre el fondo del asunto
• El Gobierno, que había fijado el 10 de junio para exhumar al dictador, está "convencido" de que la sentencia le dará la razón

El Gobierno retrasa sus planes para exhumar a Franco tras la suspensión cautelar del Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad paralizar de manera cautelar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo el próximo 10 de junio, a la espera de poder resolver sobre el fondo del asunto. De este modo, el Alto Tribunal ha aceptado la medida propuesta por la familia de Franco, la cual ha valorado el anuncio como una "decisión ajustada a derecho" que "ha puesto en su sitio al Gobierno".

Por su parte, el Ejecutivo ya ha anunciado que respetará la decisión del Supremo, que apela a la prudencia, y esperará a su pronunciamiento final "convencido" de que le será favorable.

Con esta resolución, el Supremo intenta prevenir que un rechazo a esta suspensión cautelar implique una exhumación inmediata, según los planes de la Moncloa, que dentro de meses o incluso un año tenga que revertirse ante la posibilidad de que se den por buenos los argumentos de los demandantes.

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"La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan", ha explicado la sala en una primera nota a los medios.

La Sección Cuarta de lo Contencioso del Supremo, presidida por Jorge Rodríguez Zapata a quien se añaden los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero, ha tomado esta decisión después de que tanto la familia del dictador, como la Fundación Francisco Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina que vive en él presentara recursos similares que cuestionaban la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, ahora en funciones, el pasado 15 de febrero para la exhumación y traslado de los restos de Franco.

Para ello, ante el silencio de la familia y tras varios meses de polémica en los que se llegó a apuntar a la catedral de La Almudena, en Madrid, como nuevo lugar de enterramiento, el Gobierno designó como emplezamiento idóneo para el nuevo sepulcro del dictador el panteón familiar situado en el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo -donde ya descansa la que fuera su mujer, Carmen Polo- y que ya ha empezado a prepararse para recibir el féretro de Franco, fallecido hace 43 años.

Evitar una situación "extraordinariamente perjudicial"

A la hora de decidir sobre la suspensión cautelar, la sala se apoya en la irreversibilidad recogida en la jurisprudencia sobre la interpretación de la segunda parte del artículo 130.1 de la Ley de la Jurisdicción. Aunque "no habría una irreversibilidad material", el auto del Supremo sí señala que se produciría una situación "extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes sino también para el interés público".

Un viaje de ida y vuelta de los restos de Franco al Valle de los Caídos supondría, para los letrados del Alto Tribunal, un "perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros". El auto explica que "la mera posibilidad de que prosperaran las pretensiones de los recurrentes cuando ya se hubiere producido la exhumación y fuere preciso llevar de nuevo los restos mortales exhumados a su actual sepultura, comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde".

Por otra parte, y posponiendo la resolución final del recurso en "un plazo razonable", el Supremo considera que "los intereses públicos vinculados a la exhumación", que se expresan en la Ley de Memoria Histórica a la que pretende dar cumplimiento el proyecto del Gobierno, "no se verán afectados por un tiempo prolongado" si este prosperara finalmente.

"Satisfacción" entre los demandantes

"El Supremo ha tomado una decisión conforme a Derecho y ha puesto en su sitio al Gobierno que no debe ser otro que el del respeto al control juidical de la actuación administrativa", ha valorado en declaraciones al Canal 24 horas el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina, que ha manifestado su "pleno convencimiento" de que los argumentos de la familia serán "objeto de valoración" en la decisión final del Tribunal.

"Aunque esto no prejuzga el fondo del asunto", lo que sí que dice es que "los argumentos que maneja la familia son argumentos a tener en cuenta", ha explicado el letrado, que ha recordado que "no solo se está teniendo en cuenta la exhumación sino la posterior inhumación" y ha insistido en que "el derecho de la familia a decidir dónde deben reposar los restos no ha de ser violentado".

"El Supremo ha tomado una decisión conforme a derecho y ha puesto en su sitio al Gobierno que no debe ser otro que el del respeto al control juidical de la actuación administrativa". Así ha valorado en declaraciones al Canal 24 horas el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco.

“Frente a la arbitrariedad, se ha vuelto a imponer el Estado de derecho. “

También ha mostrado su "satisfacción" con la decisión otro de los demantantes, la Fundación Nacional Francisco Franco, que se ha felicitado por el "varapalo judicial" al Gobierno. "Frente a la arbitrariedad, se ha vuelto a imponer, para bien de los españoles, el Estado de derecho", ha asegurado la Fundación en un comunicado en el que considera que la suspensión cautelar de la exhumación ha puesto coto a las "continuas fanfarronadas" y "bravuconerías" del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto.

El Gobierno esperará a que el Supremo dicte sentencia

Con el procedimiento aún en marcha en el Supremo, el Ejecutivo, que acordó el próximo lunes 10 de junio como fecha en la que se realizaría el traslado del cadáver de Franco, pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, según fuentes consultadas por TVE.

De este modo, a Moncloa no le extraña la suspensión cautelar, al tener que revisar el Tribunal la legalidad de la decisión, y no ve un indicativo en ella sobre el fondo del asunto. De hecho, según estas mismas fuentes, el Gobierno está "convencido" de que el Tribunal Supremo desestimará el recurso de la familia Franco cuando dicte su sentencia.

Basa su confianza en el último párrafo del fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. En él, el tribunal no discute el interés general que persigue la decisión de exhumar a Franco, avalada por el Congreso de los Diputados, y justifica que esta suspensión cautelar no perjudicará los intereses generales, si finalmente la medida debiera prospera, porque piensa resolver el fondo de la cuestión "en un plazo razonable".

En cuanto a las reacciones políticas provocadas por la decisión, fuentes del PP han lamentado que "una nueva equivocación política y jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez sirva para mantener reabiertas las heridas de la Guerra Civil Española, 80 años después de que ésta terminara", mientras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado que, con la suspensión, el Supremo "apoya el obstruccionismo" de la familia del dictador "por encima de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso".

Además, el líder de Podemos ha criticado que en el auto el Tribunal se refiera a Franco como "Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936". "Es una auténtica barbaridad", ha escrito Iglesias en Twitter, que lo achaca a "la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco".

Concentración contra la suspensión ante el Supremo

Medio centenar de personas que integran la campaña 'NiValleNiAlmudena' a favor de la exhumación de Francisco Franco se han concentrado este martes en la plaza de Salesas de Madrid para protestar por la decisión del Tribunal Supremo.

Pasadas las doce del mediodía, los integrantes de la campaña recibían la noticia del fallo del Alto Tribunal y reaccionaban con gritos de "vergüenza" por lo que consideran una "decisión política". Bajo los lemas "fosas cerradas, heridas abiertas", "ni acato ni respeto las decisiones del Supremo" o "los crímenes del franquismo no prescriben", los manifestantes han mostrado una bandera republicana y pancartas con 200 fotografías de víctimas del franquismo, entre las que se encontraban muchos de sus familiares, según han comentado los integrantes de la campaña a EFE.

Según el portavoz de estos colectivos, el abogado Miguel Ángel Muga, la decisión del Supremo es "un oprobio" para la sociedad española y "una muestra de que el franquismo no se ha ido totalmente de las instituciones".