Vox ve organización criminal en los líderes del 'procés' y pide una condena "disuasoria"

• "Pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista contra un Estado de Derecho en una sociedad moderna"
• La acusación popular sostiene que Govern, Parlament y asociaciones soberanistas se repartieron las funciones

Vox pide una condena "disuasoria" para que "nadie más" atente contra el ordenamiento constitucional

La acusación popular ejercida por Vox en el juicio del 'procés' ha sostenido su acusación de organización criminal contra los líderes independentistas que se sientan en el banquillo porque considera que cometieron un delito de rebelión de "manera concertada y coordinada" con el reparto de distintas funciones y ha pedido al tribunal que les condene con penas "disuasorias" para que nunca nadie más intente dar lo que han calificado de "golpe de Estado".

El abogado del partido de ultraderecha Pedro Fernández ha sostenido que los acusados "pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista contra un Estado de Derecho que nunca antes se ha producido en una sociedad moderna" usando para ello la movilización popular como "elemento sustancial" y que lo intentaron "enmascarar de proceso democrático".

El partido ultra considera acreditado fue un "alzamiento violento" en el que "hubo ostentación de una fuerza y la determinación de usarla" y ha puesto como ejemplo las "murallas" humanas y el lanzamiento de piedras contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1-O o los escraches en hoteles y cuarteles. El objetivo, ha sostenido Fernández, era "transmitir la amenaza de que esa movilización popular podría devenir en incontrolable" y forzar así al Estado a negociar la independencia.

Su compañero Javier Ortega Smith se ha centrado en argumentar por qué consideran que cometieron organización criminal además de rebelión, malversación y desobediencia. El letrado ha recordado que el Código Penal considera que es una "organización criminal" aquella agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

Reparto de las funciones entre los acusados

Respecto a este último requisito Ortega Smith ha señalado que hubo un reparto de funciones entre el Govern, el Parlament y las asociaciones soberanistas. "El Govern tenía la principal función de controlar la fuerza" que suponían los 17.000 agentes armados de los Mossos y organizar el referéndum; el Parlament tenía el cometido de crear un "marco legal" que diera "apariencia" de legalidad al 'procés'; y por último ANC y Òmnium Cultural eran las encargadas, según Vox, de "provocar el rechazo a las instituciones legítimas del Estado", "coordinar la votación a través de los CDR y "agredir, presionar y coaccionar" a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El letrado ha acabado su intervención asegurando que "no podrá haber justicia" si no se dicta una sentencia con unas penas "acordes a la gravedad de los delitos". En ese sentido, ha pedido que las penas cumplan la "doble finalidad punitiva" de castigo por un lado y de "finalidad disuasoria", por otra, "para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento jurídico". Si es así, habrá "triunfado" la justicia, la democracia, la soberanía nacional y la "nación española".

Vox es la acusación que pide las penas más altas para las acusados. Pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal para el expresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; 62 años por rebelión y organización criminal para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; 24 años por malversación, organización criminal y desobediencia para los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs; y multa por desobediencia para Santi Vila.