La crisis del Open Arms y su deriva política, humanitaria y judicial

• Ha habido un pulso entre España e Italia tras la decisión de Salvini, ministro del Interior italiano, de no dejar atracar el barco
• Las ONG denuncian que en los últimos 14 meses se han bloqueado más de 20 barcos con 3.000 personas en el Mediterráneo

La crisis del Open Arms y su deriva política, humanitaria y judicial

La crisis del Open Arms, que este martes desembarcó a los migrantes que quedaban a bordo en Lampedusa casi tres semanas en aguas mediterráneas -los últimos días, a escasos metros de las costas italianas- a la espera de un puerto seguro, ha puesto de manifiesto el pulso que han mantenido los gobiernos de Italia -que se negaba a dejar atracar el barco- y España -país de origen del mismo-.

También se han revelado una vez más las deficiencias de la política migratoria de la Unión Europea. De hecho, la Comisión Europea ha repetido en numerosas ocasiones durante estos días que no tiene competencias para actuar de urgencia en estos casos y que se ha limitado a coordinar la distribución de los migrantes.

El Open Arms es el penúltimo barco de la veintena que han sido bloqueados en el mar Mediterráneo, según denuncia Médicos sin Fronteras, desde el pasado mes de junio de 2018. El último caso aún está por resolver, el del Ocean Viking, con más de 350 personas a bordo.

La crisis política: Salvini en el centro de la polémica

La crisis del Open Arms ha dejado en evidencia el pulso que han mantenido los gobiernos de España e Italia. Especialmente relevante ha sido la figura del vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que se ha negado en todo momento a permitir el desembarco de los migrantes -decretando incluso la prohibición de entrada del barco a aguas territoriales italianas, decisión anulada por la Justicia- y que solo ha aceptado que desembarcaran los menores de edad y los enfermos.

El líder ultraderechista ha enarbolado como bandera la lucha contra la inmigración irregular en la campaña electoral que en la que está inmerso, decidido a forzar unas elecciones anticipadas en el país transalpino al calor de las encuestas favorables que le aúpan a la victoria y después de haber provocado la caída del gobierno en el que está. "Estamos solos contra todos. Contra las ONG, los tribunales, Europa y los ministros asustados", ha llegado a asegurar estos días.

España -país de donde es el Open Arms- no sabe si a va denunciar a Italia ante Bruselas, pero sí que considera que el país transalpino se ha saltado las leyes, motivo por el que el Ejecutivo comunitario "tiene que tomar decisiones" y abrir un expediente al país. "Pedimos a Italia que cumpla las normas. No puede tener sus puertos cerrados. Y si no que se enfrente a las consecuencias", señalaba esta semana la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que no ha descartado denunciar al Roma ante el Tribunal de Derechos del Mar de Hamburgo.

Pero Madrid y Roma también han cargado contra la ONG. Mientras que Italia ha llegado a acusar a Open Arms de secuestrar a los migrantes, España ha acusado a la organización de no haber querido desembarcar en Malta -país que también cerró sus puertos en un primer momento- y de no tener licencia para rescatar a personas, lo que le puede acarrear una sanción.

En España, mientras, PP y Ciudadanos han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario en el Congreso con la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para explicar lo ocurrido. Vox, por su parte, ha denunciado al Open Arms ante la Fiscalía General del Estado por "colaboración con organización criminal para el tráfico de personas".

Otro de los actores en esta crisis ha sido Bruselas, a la que se le cuestiona su capacidad para actuar en situaciones de emergencia: falta un protocolo de desembarco seguro y el convenio de Dublín para el reparto de refugiados ha sido criticado por insuficiente.

La derivada judicial: la Fiscalía italiana resuelve la crisis

Finalmente ha sido el fiscal de la localidad italiana de Agrigento (Sicilia) -de unos 60.000 habitantes y de la que depende Lampedusa- el que ha puesto fin a la situación ordenando el desembarco de los migrantes y la incautación del barco. Tomó esta decisión tras subir a bordo del Open Arms para verificar el estado de los migrantes y comprobar la situación en el barco.

La decisión se ha tomado a instancias de la ONG española y al amparo del artículo 328 del Código Penal italiano, según fuentes del procedimiento consultadas por Efe. Este artículo contempla penas de entre seis meses y dos años para aquel funcionario público que haya omitido su deber que, "por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso".

La misma fiscalía ya había abierto una investigación el pasado 16 de agosto por un delito de secuestro de personas. Su objetivo es el de determinar por qué no pudieron desembarcar los migrantes en Italia. Y eso que el día 14 de agosto la justicia de ese país anuló la orden del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de que el barco no entrara en aguas territoriales italianas.

Esa investigación no va dirigida contra nadie en concreto. Pero en 2018 Salvini ya fue acusado por este mismo delito. La causa fue no dejar a un barco militar italiano, el Diciotti, desembarcar a un centenar de migrantes.

Por todo lo anterior, son muchas las organizaciones que piden a la UE que imponga sanciones a Salvini. "Hay que abrirle un expediente porque está incumpliendo con todos los tratados y acuerdos internacionales, e incluso desobedeciendo a su propio gobierno", ha expuesto desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su directora general, Estrella Galán, en declaraciones a Europa Press.

Las oenegés denuncian la crisis humanitaria en el Mediterráneo

El episodio del Open Arms ha vuelto a poner de manifiesto la crisis humanitaria que se vive en el Mediterráneo. Según los datos de la Organización Mundial para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) recogidos por RTVE.es, hasta el 18 de agosto habían llegado a Europa un total de 44.406 migrantes por el Mediterráneo, un 31% menos que un año antes.

La mayoría de las entradas se produjeron a través de Grecia (22.188) y España (14.647). Pero los migrantes también llegaron -aunque en menor medida- a Italia (4.399), Malta (1.623) y Chipre (1.549). El número de personas muertas o desaparecidas asciende a 843.

Numerosas oenegés han vuelto a denunciar los bloqueos que sufren los barcos que hayan realizado un rescate. "Llevamos los últimos 14 meses con una campaña política de bloqueo, con una tendencia a la criminalización de las ONG", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, Raquel González.

Esto ocurrió tras el Aquarius. "Lo que pensábamos que iba a ser una cosa puntual, se ha convertido en la norma. Desde junio de 2018 ha habido más de 20 bloqueos en el mar y más de 3.000 personas han estado varadas durante días esperando alguna solución. El total de días que han estado bloqueados estos barcos (no solo de ONG) que han hecho operaciones de rescate ha sido de 200 días", ha puntualizado González.

Desde la organización Caminando Fronteras, Helena Maleno apunta que la crisis del Open Arms no es "humanitaria" sino de "derechos humanos". "Se va a repetir hasta que Europa no encuentre el camino para respetar los derechos de las personas", afirma no sin antes asegurar que "detrás Salvini no hay solo ideología política, sino grupos de presión económicos fortísimos".

Por su parte, Red Acoge ha pedido -además de "facilitar y flexibilizar el acceso a vías segura y legales, así como para salvar vidas"- promover un discurso público basado en la realidad de los flujos migratorios actuales y destacando la contribución positiva de la población migrante.