Granados y sus socios estafaron 15 millones a cooperativas de profesores de colegios concertados

• El dirigente popular usaba sus influencias para la cesión ilegal de territorios a la promotora Aldefel
• Ésta fomentaba cooperativas y engañaba a los profesores para pagar facturas falsas con las que sobornar a cargos públicos

Imagen de archivo del exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, imputado en el caso Púnica.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón estudia en una pieza separada del caso Púnica el saqueo de más de 15 millones de euros a profesores cooperativistas de colegios concertados por parte de una trama corrupta liderada por el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, entre 2012 y 2015.

Los principales beneficiarios de dicha trama fueron el propio Granados, alcaldes y tenientes de distintos municipios madrileños y las empresas involucradas en la trama, la promotora Alfedel -participada al 100% por Alfonso Ferrón, imputado también en el caso-, las empresas del “cabecilla” de Púnica, David Marjaliza, y de José Luis Capita, también imputados, y el exalcalde de Cartagena (Murcia), José Antonio Alonso.

[Quién es quién en la trama Púnica]

Según el auto (.pdf), al que ha tenido acceso RTVE.es, la “organización criminal” seguía un mismo “patrón”. Marjaliza, Capita y Alonso establecían un "concierto criminal" por el que "definían en qué ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores", qué cambios en los planes urbanísticos de dichos ayuntamientos necesitarían para recibir las adjudicaciones de los terrenos y se encargaban de la tramitación de los concursos necesarios y obtención de licencias.

Los alcaldes cedían de forma fraudulenta los terrenos a Aldefel

Después intervenía Granados, primero como regidor del Ayuntamiento de Valdemoro y luego como secretario general del PP de Madrid. Usaba sus influencias, según el juez, para que los ayuntamientos madrileños cedieran a la promotora Alfedel suelo a un precio muy inferior al de mercado argumentando que el colegio concertado era un servicio público de interés para el municipio.

Las adjudicaciones se hacían, estima el magistrado, “saltándose los trámites administrativos” y pese a “tener todo en contra”, incluyendo un informe negativo de la Seguridad Social.

A cambio de la cesión del terreno, Ferrón -propietario de la promotora- pagaría después comisiones millonarias a los alcaldes y cargos públicos que obtenía “con deslealtad y extralimitación de los poderes recibidos” de los profesores cooperativistas y que enmascaraba a través de facturas falsas con contratos firmados por él en nombre de las cooperativas con las empresas de Marjaliza y Capita.

El engaño a los profesores

Una vez asegurándose los terrenos, Ferrón se dedicó a promover la construcción de las cooperativas de profesores, detalla el auto. A ellos les engañó para otorgarle amplios poderes, haciéndoles creer que, para llevar a buen término la preparación del concurso público, obtención de licencias y construcción de los colegios, era preciso que los cooperativistas otorgasen amplias facultades a su promotora. Estos poderes iban desde la autorización para contratar servicios hasta firmar en su nombre en las cuentas bancarias para pagarlos.

Después venía el saqueo a las cooperativas. Para ello, utilizaba los poderes otorgados por las cooperativas para firmar en su nombre contratos ficticios con las sociedades de David Marjaliza -Servicios Logísticos Inmobiliarios S.A.- y José Luis Capta -TPC Valparaíso. Contratos para labores de asesoramiento del proyecto con el objetivo de la adjudicación de las parcelas para la construcción de los proyectos, beneficiándose estos tres empresarios del dinero de los cooperativistas.

A través de esos contratos, expone el documento, elaboró facturas falsas con las que enmascaró las “suculentas comisiones” que iban destinadas a los alcaldes y cargos públicos involucrados en la cesión fraudulenta de los terrenos a su empresa.

Beneficios millonarios para los imputados

Respecto a las mordidas a cargos públicos, Granados obtuvo 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda. Los entonces alcaldes de Aranjuez y de Torrejón de Velasco, el socialista José Dionisio Ballesteros y el popular Gonzalo Cubas, recibieron comisiones de 400.000 y 200.000 euros respectivamente.

El socio de Marjaliza y exalcalde de Cartagena, José Antonio Conesa, recibió 939.000 euros. Pero todavía siguen por esclarecerse las mordidas que percibieron el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, el de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla, y representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).

Alfedel obtuvo un beneficio de las cooperativas de 19 millones de euros procedentes de 20 colegios madrileños. Para contrarrestar estas ganancias, Ferrón simuló pagos con parte de estos ingresos que iban destinados a la sociedad que compartía con Ana Lagúia, su esposa, llamada Ferrón Laguía S.L,.

Las empresas de Marjaliza, Capita y José Antonio Alonso obtuvieron más de 12 millones de euros con la construcción de los colegios conecrtados.

Según concluye el juez, las irregularidades “no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal” con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros por el “aprovechamiento ilícito” que hicieron de todo el proceso los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas.