El Gobierno aprueba un decreto para poner fin al proyecto de república digital de la Generalitat

• La ley prohibe que las administraciones tengan servidores fuera de la UE; la Generalitat los tiene, según fuentes de Moncloa
• El Gobierno pide investigar si la Mesa del Parlament ha incurrido en un delito al admitir debatir sobre la autodeterminación

El Gobierno aprueba un decreto contra la "república digital catalana"

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto-ley para, en palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "acabar con el proyecto del independentismo de la república digitalLa norma establece, entre otros aspectos, que los servidores de todas las administraciones públicas del país deban estar localizados en la Unión Europea (UE) "y no en paraísos digitales".

Fuentes de La Moncloa han confirmado a RTVE que al Ejecutivo le consta que la Generalitat tiene servidores fuera de la UE y que sabe dónde están. El decreto solo afecta a las administraciones públicas y no a plataformas o grupos como Tsunami Democràtic. "Otra cosa es que Tsunami utilizara información de servidores de la Generalitat", aseguran las mismas fuentes.

Así, el decreto permitirá actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma. Por ejemplo, afectará a Identicat, el proyecto de "identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes, según fuentes del Ejecutivo citadas por Efe. También podría afectar a la página Republica.cat, cuyo servidor está situado fuera de la Unión Europea.

"No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea. Tenemos que conocer de dónde sale la información, quiénes la manejan, con qué fines y por qué", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una comparecencia donde ha evitado pronunciarse de forma directa sobre el comportamiento de la Generalitat en este sentido pese a las reiteradas preguntas de la prensa.

El Gobierno actúa y reacciona cuando lo tiene que hacer, dice Calvo

Una de esas cuestiones ha versado sobre si se han detectado movimientos de la Generalitat en Internet. "No vamos a desvelar situaciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Justicia...", ha destacado Calvo, quien ha justificado el decreto en el cumplimiento de la responsabilidad del Gobierno, "que es defender los intereses generales de este país".

El Real Decreto-ley -"complejo y enjundioso" en palabras de Calvo- afecta a varios aspectos normativos. Entre otros, a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas, a los datos que obran en poder de las mismas, a la contratación pública, al sector de las telecomunicaciones y a la documentación. En este punto, Calvo ha dicho que el DNI se considerará como el "único y excluyente identificador de la identidad" para los españoles en el ámbito digital.

"El decreto llega en el momento en el que el Gobierno sabe y conoce que tiene que reaccionar. Lo haría cualquier gobierno en nuestra situación", ha señalado la vicepresidenta en funciones, quien ha esperado que la norma cuente con el apoyo de la oposición para su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

La Generalitat asegura que es un "155 digital"

Desde la Generalitat ya han criticado este decreto, al que han calificado de abuso preventivo del Estado sobre la Generalitat, según informa TVE. Asegura el Govern que estudiarán la norma, que puede ser la mayor injerencia en el ámbito competencial, y que la república digital es imparable.

"Hoy asistimos a una prueba descarnada de la deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE. Estamos delante de un 155 digital" y de un "golpe de Estado digital en Cataluña", ha dicho Jordi Puigneró, conseller de Políticas Digitales y Administración Pública. Para la Generalitat, Pedro Sánchez ha desconectado de Cataluña y del progreso social y digital del siglo XXI.

Puigneró también ha señalado que el PSOE, igual que hiciera el PP, gobierna "contra Cataluña" y que "el Estado es un lastre y un freno para Cataluña", recoge Efe.

Pide investigar si la Mesa del Parlament ha incurrido en un delito

Además de ese decreto, Calvo ha anunciado otras decisiones del Consejo de Ministros relacionadas con la situación en Cataluña. En primer lugar, un nuevo incidente de ejecución que se presentará ante el Tribunal Constitucional, para que establezca si la Mesa del Parlament ha desobedecido sus decisiones previas en las que establecía que la cámara autonómica no puede debatir sobre el derecho de autodeterminación, sobre la soberanía de Cataluña, ni sobre la monarquía.

"Hemos pedido al Tribunal Constitucional que considere si se ha traspasado esa línea y, si ha sido así, que se dirija al Ministerio Fiscal", ha explicado Calvo en relación con la admisión a trámite en la Mesa de una propuesta de Junts per Catalunya, ERC y la CUP donde reiteraban su disposición a debatir sobre estos asuntos pese al apercibimiento del Constitucional.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado la posibilidad de que los miembros de la Mesa hayan incurrido en un delito de desobediencia: "Se le comunicó a cada uno de los miembros de la Mesa del Parlament la situación en que podían incurrir", ha advertido.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha solicitado al Consejo de Estado un informe urgente con vistas a pedir la impugnación del debate sobre la sentencia del procés que el Parlament celebró la semana pasada, aunque Calvo ya ha recalcado que ese informe no es vinculante y que el Gobierno en funciones pretende impugnar ese debate y su votación: "No corresponde en el respeto a la separación de poderes que ningún parlamento haga un debate formal sobre una sentencia de nuestros tribunales", ha argumentado.

La Abogacía del Estado defenderá a policías y guardias civiles

Por último, la vicepresidenta ha confirmado que, a instancias del Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado se personará en las causas penales que se sigan contra los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado por actuaciones en el ejercicio de sus funciones y prestará asistencia jurídica a los agentes que hayan sufrido agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas contra ellos.

Asimismo, la Abogacía General del Estado se personará en nombre de la Administración en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños y perjuicios en bienes del Estado en el ámbito de su competencia. El Gobierno en funciones, ha recalcado Calvo, decide dar "protección a nuestras fuerzas de seguridad".