Griñán, condenado a 6 años de cárcel, y Chaves a 9 de inhabilitación por el 'caso de los ERE'
- Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la llamada pieza política han sido condenados
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Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la llamada pieza política del ‘caso de los ERE' han sido condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán, con seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y quince de inhabilitación por otro de prevaricación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Por este último delito también han sido inhabilitados durante nueve años la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías.
[Sentencia completa del caso de los ERE en pdf: parte 1 | parte 2]
La sentencia, que tiene más de 1.800 páginas y se ha hecho pública este martes, establece la responsabilidad penal de los ex cargos socialistas que permitieron la creación y el mantenimiento de un "sistema fraudulento" de ayudas sociolaborales para empresas en crisis que se prolongó durante más de una década (2000-2011) en la Junta de Andalucía y del que eran conscientes los máximos responsables. Este procedimiento permitió el reparto arbitrario de más de 680 millones de euros.
Entre los condenados, la pena más alta ha recaído en el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con siete años, once meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, en ambos casos, por los delitos continuados de prevaricación y malversación.
Por esos mismos delitos continuados han sido condenados a siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Empleo José Antonio Viera, así como el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, mientras que el ex director general de IFA e IDEA Miguel Ángel Serrano ha sido condenado a seis años y medio de prisión e inhabilitación absoluta.
También han sido condenados con pena de cárcel -seis años- el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román y la exviceconsejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, 9 años de inhabilitación
A nueve años de inhabiltación especial por un delito de prevaricación han sido condenados el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, el exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.
La Audiencia de Sevilla solo ha absuelto por completo a dos de los 21 exaltos cargos acusados: el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, juzgado por los delitos de prevaricación y malversación por los que la Fiscalía pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación; y el exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, para quien la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación.
Del delito de malversación han sido absueltos también los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, aunque los tres han sido condenados por un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación especial (el primero y el tercero) y a ocho años y seis meses la segunda.
Igualmente, ha sido absuelto del delito de malversación el ex director general de IDEA Jacinto Cañete, pero no del delito de prevaricación, por el que ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhablitación especial.
Funcionamiento del "sistema fraudulento"
La sentencia refleja que la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento entre los años 2000 y 2009 un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos de forma arbitraria 680 millones de euros.
El fraude comenzó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez, con el fin de agilizar el proceso y evitar los controles correspondientes.
El sistema orquestado se puso en marcha con la firma de un convenio que permitió al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas. El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L.
El tribunal detalla en la sentencia que Viera Chacón y Fernández García fueron los responsables de la firma de ese convenio por el que el Instituto recibió “una misión concreta: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo”, que entonces era Guerrero, quien “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.
Los mecanismos establecidos permitieron que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. Por esa razón, fue posible "la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo", apunta la sentencia.
La Audiencia considera, en resumen, que “la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.
Griñán y Chaves, conscientes de la "ilegalidad"
La sentencia también acredita que Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 2009 y el 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación.
El expresidente, que antes de relevar a Chaves en la Presidencia fue consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade.
También Chaves era "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los hechos juzgados "en los que participó", argumenta la Audiencia de Sevilla, que recuerda que fue él quien presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000".
"La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto", señala la sentencia. Según el tribunal, "resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta".
La sentencia llega un año después del final del juicio
El 'caso de los ERE' fue dividido en tres partes hace cuatro años: la llamada “pieza política”, a la que alude la sentencia de este martes; la pieza sobre las sobrecomisiones cobradas presuntamente por los mediadores de los expedientes de regulación de empleo; y un tercer bloque con más de un centenar de piezas por cada una de las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas.
El juicio contra 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por esa primera pieza comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después, tras 152 sesiones en las que el tribunal oyó a los 21 acusados y a más de 120 testigos.
La sentencia, que se ha dado a conocer un año después de que terminara el juicio, podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, primero, y luego ante el Tribunal Supremo, pero el 'caso de los ERE' no se agotará con este fallo, ya que todavía queda más de un centenar de piezas abiertas.
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