La reforma de las pensiones, el reto más difícil del nuevo ministro de Seguridad Social

• El objetivo es que el sistema de pensiones sea social y financieramente sostenible

José Luis Escrivá jura el cargo de ministro de Seguridad Social.

El reto del nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, es uno de los más difíciles para el nuevo Gobierno: lograr una reforma consensuada que haga social y financieramente sostenible el sistema de pensiones.

Con un déficit del 1,4 % del PIB al cierre de 2018 (17.369 millones de euros) y el fondo de reserva bajo mínimos, la Seguridad Social se enfrenta a un problema financiero desde hace varios años, de hecho el Tesoro Público prevé emitir 13.800 millones de deuda para sufragar la Seguridad Social este año, una partida que podría variar en función de los presupuestos.

Como presidente de la AIReF Escrivá ha defendido la necesidad de consensuar la revalorización de las pensiones, ya que considera que no le queda recorrido al índice unilateral que introdujo el PP en 2013, una vez se ha visto que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones es socialmente inaceptable. Además urge poner en marcha medidas antes de que comience a jubilarse la generación del baby-boom.

Recuperación del Pacto de Toledo

El nuevo ministro deberá negociar esta reforma con los agentes sociales, aunque esperará a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que volverá a reunirse en breve. En la anterior Legislatura, tras dos años de trabajo, saltó por los aires el acuerdo en el Pacto de Toledo al convocarse las elecciones, cuando todos habían logrado ponerse de acuerdo en volver a vincular la revalorización de las pensiones al IPC real.

De momento está suspendida la aplicación del índice de revalorización, que supone subir el 0,25 % anual mientras la Seguridad Social esté en déficit, y está pospuesto hasta 2023 el factor de sostenibilidad, que rebaja la cuantía inicial de la pensión al ajustarla a la esperanza de vida.

No obstante, en el acuerdo entre PSOE-Unidas Podemos consta que se derogarán legalmente ambas cuestiones. Además, tal y como anunció el presidente del Gobierno una de sus primeras medidas será subir las pensiones un 0,9 % para no pierdan poder adquisitivo en 2020.

El problema del déficit

Cuando estaba al frente de la autoridad fiscal, Escrivá planteaba acercar la edad real de jubilación a la edad legal, sin subir esta última, y ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Una medida controvertida que está por ver que lleve adelante como ministro.

También calificaba el déficit de la Seguridad Social de "situación contable discutible" y proponía que lo asumiera el Estado porque es el que tiene la capacidad para tomar medidas para recortarlo. En su anterior cargo, Escrivá abogaba por que las cotizaciones sociales se dedicaran solo a pagar las prestaciones contributivas y que el resto se abonara con cargo a los Presupuestos del Estado.

A la hora de abordar la sostenibilidad de las pensiones, no se suele hablar de la productividad pero un estudio de Fedea señala que la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y por tanto de los salarios reales que se observa desde 1990 resulta ser el factor que más ha contribuido al deterioro de la salud financiera de la Seguridad Social, por delante del envejecimiento de la población española.

Entre las prioridades de su Ministerio está actualizar las bases de cotización a la Seguridad Social, tanto la máxima como la mínima, aunque ésta última crecerá al mismo ritmo que lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI), una decisión que compete al Ministerio de Trabajo.

Reforma del régimen de autónomos

El Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social también deberán negociar con las asociaciones de autónomos la reforma del régimen especial del trabajo autónomo, adecuando sus cotizaciones a sus ingresos reales y mejorando su protección. Lo mismo que la reforma de las prestaciones por desempleo o las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ahora se quedan entre ambas carteras.

En el ámbito de la inclusión es muy probable que se haga cargo de poner en marcha el ingreso mínimo vital, que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos aparecía como prestación de la Seguridad Social.

Con respecto a las migraciones, el reto pasa por gestionar los flujos migratorios, la acogida humanitaria, la lucha contra el tráfico de personas y el impulso de vías legales y ordenadas de llegada al país. Una de sus competencias será coordinar los recursos del sistema de acogida de solicitantes de asilo, cuyas plazas ha tenido que ir aumentando por las llegadas sobre todo de ciudadanos venezolanos.

Como asunto pendiente queda desarrollar el plan de retorno Un país para volver, que incluye medio centenar de medidas para que vuelvan los emigrantes españoles y que España se convierta en un lugar atractivo para desarrollar sus proyectos de vida personales y profesionales.