El caos aéreo que provocó el primer estado de alarma lleva a los controladores a su último juicio en Madrid

• De los 133 acusados, 119 han pactado con la Fiscalía reconocer un delito de abandono de servicio público
• El exportavoz de USCA, César Cabo, que no ha llegado a un acuerdo, se enfrenta a una multa de 75.000 euros

Arranca el último macrojuicio contra los controladores aéreos

El macrojuicio contra 133 controladores aéreos en Madrid por el cierre del espacio aéreo español en el puente de diciembre de 2010 arranca diez años después en el Juzgado de lo Penal número 18. Las bajas por estrés de los controladores provocaron que, por primera vez en la democracia española, se decretara el estado de alarma y se produjese la militarización del espacio aéreo.

El caos aéreo afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de pasajeros afectados que iniciaron acciones legales. Así lo contaba Radio Nacional:

La crisis de los controladores aéreos - Escuchar ahora

En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid en el que reconocen un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica y se comprometen a pagar unos 15 millones de euros en total.

Los 14 acusados que no han pactado pueden acogerse al acuerdo hasta el próximo 29 de enero. De momento, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros y entre ellos figura el exportavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo, que afrontaría la mayor cuantía.

Servicio público esencial

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

La Fiscalía recuerda que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a cancelar más de 1.300 vuelos (443 programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 para el día 4).

El desafío de los controladores aéreos que ha paralizado el tráfico aéreo, ha sido un hecho sin precedentes en la democracia española con la declaración del Estado de alarma. El Ministrerio de Fomento anunciaba la reapertura del espacio aéreo pocos minutos antes de las 4 de esta tarde. Casi todos los controladores han vuelto esta tarde a sus puestos de trabajo.Los vuelos se han ido reanudando con cuentagotas. Hace poco más de una hora, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que las medidas excepcionales durarán 15 días y que habrá expedientes a los controladores. Las pérdidas económicas se calculan millonarias aunque aun no están cuantificadas. El Gobierno ha dicho Lo que el estado de alerta durará 15 días y que los españoles podrán viajar con normalidad durante las Navidades. AENA calcula que la situación no estará normalizada hasta dentro de 48 horas.

"Dichas cancelaciones produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación", según el fiscal.

De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron "no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

Bajas concertadas

Según la Fiscalía, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas del 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena a la reducción progresiva de la capacidad de los sectores del espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la dirección de su sindicato USCA.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido y el Gobierno respondió con el estado de alarma. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal" alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función.

Sin convocatoria de huelga

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno".

Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboración esencial de los delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que el Ministerio Público reclame 75.000 euros de indemnización y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo y deje para el resto una indemnización de 60.000 euros.

De la complejidad del proceso da cuenta el número de juicios que se han celebrado sobre estos hechos, un total de 20. Se espera que este último juicio quede visto para sentencia el próximo 18 de marzo.