El Supremo mantiene a Torra inhabilitado como diputado y la JEC exige al Parlament que lo suspenda "de forma inmediata"
- Rechaza por unanimidad la suspensión cautelar de la orden de la Junta Electoral que solicitó Torra
- La JEC insta al Parlament a dar cumplimiento a su acuerdo y le da 48 horas para designar un sustituto
El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad mantener inhabilitado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y no suspender cautelarmente el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que deja sin efecto su credencial como diputado autonómico. Ante este resultado, la JEC ha requerido al Parlament que lo despoje "de forma inmediata" de esta condición y su delegación en Barcelona ha dado 48 horas al secretario general del Parlament para que comunique qué representante de JxCat lo sustituirá en la cámara.
Los magistrados creen que la JEC -que ha instado este mismo jueves al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, a que dé cumplimiento a su acuerdo del pasado 3 de enero y a que remita a Torra la documentación que lo "certifique"- es competente para actuar y "debía" hacerlo después de que Torra fuera condenado por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos en campaña electoral, y de que PP, Ciudadanos y Vox reclamaran que se ejecutara esa condena.
Por su parte, la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha dado 48 horas al secretario general del Parlament, Xavier Muro, para que comunique qué representante de JxCat sustituirá a Torra y avisa que, de no recibir respuesta, designarán al candidato en función de la lista con la que los postconvergentes concurrieron a las elecciones del 21D.
Además, ha acordado otorgar el acta de diputado del expresidente Carles Puigdemont, que renunció a ella para poder convertirse en eurodiputado, a Ferran Mascarell, tal y como había certificado la propia cámara.
De momento, tras conocer la decisión del Supremo de mantener la inhabilitación, el presidente catalán, Quim Torra, ha asegurado que "nada cambia" y que sigue siendo "diputado y presidente porque así lo decidió la ciudadanía y porque así lo votó el Parlament".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, señala que uno de los supuestos de "incompatibilidad sobrevenida" que contempla la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General), en la que la JEC sustentó su decisión, es que haya una condena por sentencia judicial, aunque esta no sea firme, a penas inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público por delitos contra la Administración Pública, para que "todos los gestores públicos gocen de la confianza y el respeto de los ciudadanos".
Los magistrados creen que suspender la orden sería "no aplicar" la ley
En consecuencia, según el auto al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados creen que "acceder a la pretensión cautelar que se pide por la simple mora procesal supondría la inaplicación práctica de preceptos legales" a los que todos los poderes públicos están "vinculados".
Los magistrados señalan en el auto que no es el acuerdo de la JEC el que "priva al recurrente de su credencial de diputado", sino una sentencia penal condenatoria y no aprecia "consistencia" en la "vulneración de derechos fundamentales" que alega la defensa de Torra en su recurso, como el derecho a la legalidad penal, a la presunción de inocencia o a la doble instancia penal.
Torra también argumentó que si se le retiraba la credencial se generaría un daño irreparable, pero los magistrados señalan que, en la hipótesis de que finalmente le dieran la razón, no habría problemas para devolverle el acta.
Los jueces, que imponen a Torra el pago de las costas (600 euros) son tajantes al rechazar sus quejas sobre una supuesta actuación "intempestiva, sesgada, indebida o parcial" de la JEC; consideran esas críticas "claramente inconsistentes" y alertan de una extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa.
El Tribunal Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente (cautelarísima) el acuerdo de la JEC y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.
La decisión del Supremo es contraria al criterio de la Fiscalía, que presentó un informe ante la Sala Tercera del Supremo en el que apoyaba suspender cautelarmente el acuerdo de la JEC instó a la retirada de la credencial de Torra como diputado, "en orden a la prudente y equilibrada" preservación de los "intereses públicos concurrentes" y que cuestiona la competencia de la JEC para ordenar el cese de Torra.
El Supremo al Parlament: es el pleno y no la mesa quien debe recurrir
Además de pronunciarse este jueves en contra del recurso de Torra, el Supremo ha respondido al Parlament en una providencia, que debe ser el pleno de la cámara catalana y no la Mesa quien recurra, si lo estima, el acuerdo de la Junta Electoral Central que ordenó la retirada del acta de diputado autonómico al president y le da quince días para subsanar el error o se procederá al archivo.
La Mesa del Parlament tiene hasta el lunes para decidir si cumple la orden de la JEC y retira el acta de diputado a Torra, o si por el contrario le permite votar en la sesión prevista para ese día. Fuentes parlamentarias consultadas por Efe consideran que la resolución del Supremo no cambia nada porque los letrados de la cámara catalana mantendrán el criterio de no retirar el acta al no considerar a la JEC competente, lo que convierte en "política" la decisión de dejar o no que Torra vote.
Por su parte, la JEC ha recordado que su resolución es firme en vía administrativa y ha denegado la suspensión cautelar de la medida que también había planteado el Parlament antes este órgano. No obstante, sí cabe interponer todavía un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la misma responsable del auto con el que ha rechazado un recurso de Quim Torra para la suspensión cautelar de la pérdida de su escaño.
La Mesa del Parlament decidió el pasado 14 de enero mantener a Torra como diputado y recurrir ante el Tribunal Supremo la orden de la Junta Electoral Central, después de que la cámara catalana aprobara en un pleno el pasado 4 de enero una resolución, pactada por las formaciones independentistas Junts per Catalunya, ERC y la CUP, en la que lo ratificaba como presidente y calificaba la orden de la JEC de "golpe de Estado".
El presidente de la Generalitat asumió la pasada semana, en una entrevista en Ràdio 4, la posibilidad de que hubiera elecciones si el Supremo decide inhabilitarlo como presidente y el Parlament lo acepta.