La delegada del Gobierno contra la violencia de género apunta que la Justicia no puede hacer todo el trabajo
- Victoria Rosell aboga por "políticas de acción" para superar años de silencio que han sufrido las víctimas
- El 016 es el teléfono para las víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha indicado que “la justicia hace su papel, pero no puede hacer todo el papel. La solución penal no es ninguna solución. El derecho interviene tarde cuando se ha producido el hecho, pero no lo previene”. En su opinión, la violencia de género es un problema social que debe combatir toda la ciudadanía.
Entrevistada en RNE, la magistrada en excedencia cree que que los jueces no puede hacer todo el trabajo contra la violencia machista: "La justicia sabe perfectamente que a veces se le pide terminar con problemas y no es su función. Su función es juzgar y castigar". Además ha admitido que a veces adopta una postura "revictimizante".
Rosell ve fundamental dar seguridad a las mujeres desde todas las políticas e insiste en el ámbito laboral (mejores trabajos, salarios, pensiones) porque eso ayudará a que las mujeres tarden menos en denunciar a su agresor. También ha incidido en la necesidad de fomentar una educación igualitaria y en reforzar la protección y el acompañamiento de las mujeres desde distintas instituciones que no son las judiciales.
"Minutos de condena"
La delegada del Gobierno en esta materia tiene claro que hay que "pasar de los minutos de silencio a los minutos de condena" porque las víctimas del terrorismo machista (1043 desde 2003) han sufrido años de una "realidad silenciada" y es hora de acometer "políticas de acción".
Rosell ha respaldado la iniciativa de la presidenta del Sénado, Pilar Llop, de que todos los plenos de la cámara alta comiencen con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista con referencia al nombre de la mujer asesinada, lo que evita que el homenaje quede al capricho de los grupos políticos, como Vox que impidió una declaración para apoyar las vocaciones científicas femeninas.
En su opinión, la lucha contra la violencia de género tiene que ser una política de Estado que implique a todas las administraciones, incluyendo los ayuntamientos que son los más cercanos a las víctimas, y ha criticado la posición de los partidos ultraderechistas que no solo niegan la violencia de género sino también el cambio climático tildándolos de "ideología".
Rosell ha señalado que no tiene que recaer sobre los hombros de las víctimas la responsabilidad de que funcione el sistema social contra la violencia de género y que es fundamental que cuenten con un período de reflexión en un entorno seguro para que den "el último paso de denunciar", aunque esta no tiene que ser la condición para poder acceder a una alternativa habitacional.
Las mujeres víctimas de violencia de género necesitan una protección integral, desde todos los ámbitos, no solo desde el judicial al que quizá en algunas ocasiones se la otorgado demasiada responsabilidad, según la delegada del Gobierno.
De media las víctimas tardan unos ocho años y ocho meses en denunciar, en buena parte por la dependencia ecónomica y la falta de un lugar seguro donde refugiarse con sus hijos. Este período se alarga hasta 15 años en el caso de las mujeres mayores, cuya pensión media es casi un 40% inferior a la de los hombres.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género ha incidido en la importancia de que todas las administraciones actúen coordinadas y ha destacado el papel que deben desempeñar las administraciones locales sobre todo en el caso de las mujeres más vulnerables como las extranjeras en situación irregular o las de menos recursos. “Los maltratadores no cambian. Las mujeres necesitan seguridad económica”.
Rosell ha subrayado la responsabilidad que también tiene la sociedad "por omisión" al no actuar en determinadas situaciones como los vecinos que no denuncian aunque oigan los golpes y los gritos de las víctimas.