La Audiencia de Barcelona acuerda que los bienes decomisados a CDC vayan al Palau y Hacienda

Imagen de archivo en la que aparecen los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet (i) y Jordi Montull.

La Audiencia de Barcelona ha acordado que el decomiso de bienes de CDC por valor de 6,6 millones de euros, entre ellos 23 inmuebles, se destinen al pago de responsabilidades civiles del Palau de la Música, el Orfeó Català y Hacienda, como perjudicados por el expolio, y que el resto se destine al Estado.

Así lo ha resuelto la sección décima de la Audiencia de Barcelona en un auto en que estima la petición planteada por el Palau de la Música y el Orfeó Català, después de que la sentencia por el expolio de la institución cultural no precisó a qué se destinaría el valor de los bienes incautados a CDC, que fue condenada por el cobro de comisiones de la constructora Ferrovial a través de la entidad a cambio de la adjudicación de obra pública.

Hasta el momento, la Audiencia de Barcelona ha recuperado más de nueve millones de euros de los condenados por el caso Palau, unos fondos que tienen su origen en las consignaciones a que fueron obligados en fase de instrucción y en la venta de inmuebles realizadas por orden del tribunal encargado de la ejecución de la sentencia.

Aportados por los condenados

Estos nueve millones han sido aportados por los saqueadores confesos Fèlix Millet (5,6 millones) y Jordi Montull (828.932 euros), así como por otros de los condenados: la esposa -ya fallecida- de Millet, Marta Vallès (1,8 millones), Bonoima S.L (530.525 euros), Mercedes Mir -la esposa de Montull- (262.830 euros) y la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull (128.951 euros)

A falta de decidir el destino de tres de estos nueve millones, por el momento ya han sido resarcidos con 2,4 millones el Consorcio del Palau de la Música, con 2,5 la Fundació Orfeó Català y con 0,9 la Associació Orfeó Català.

Además, todavía está pendiente la valoración actualizada y la tasación para salir a subasta de 56 inmuebles embargados definitivamente a los condenados Fèlix Millet (22 inmuebles), Jordi Montull (5 inmuebles) y Gemma Montull (6 inmuebles), así como los 23 decomisados de forma definitiva a CDC.

La subasta de estos 56 inmuebles servirá para completar el abono de las responsabilidades civiles incluidas en la condena, junto con lo obtenido por la venta de cuadros, joyas y otros efectos de valor de su propiedad.

Al pago de responsabilidades civiles

En el caso de los 6,6 millones que la Audiencia ordenó decomisar a CDC, el tribunal sentenciador ha acordado ahora que el importe se destine en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de las entidades perjudicadas -el Palau de la Música, el Orfeó Català y Hacienda- y que el resto se destine al Estado.

La Audiencia ha adoptado esta decisión a raíz de un recurso interpuesto por el Orfeó Catalá y el Palau de la Música, pese a que, subraya, no existe "duda alguna" de que, como sostuvo la sentencia, estas entidades no fueron perjudicadas económicamente de forma directa por el delito de tráfico de influencias cometido por Fèlix Millet y Jordi Montull del que se lucró CDC.

No obstante, la sala recuerda que en la sentencia no hubo un pronunciamiento expreso sobre el destino que se tendría que dar a los bienes decomisados a CDC, por lo que, en vía de ejecución, acuerda que vayan a parar al Orfeó Català, al Palau de la Música y a Hacienda porque es "irrefutable" que fueron entidades perjudicadas por otros delitos cometidos por Millet y Montull en su expolio.

"No son directamente perjudicadas por el delito de tráfico de influencias pero sí lo son por otros delitos que han sido juzgados en un único procedimiento y resueltos en una única sentencia. En el juicio se juzgó toda la actividad delictiva realizada por ambos acusados -además de otros- realizada siendo los máximos directivos del Palau de la Música".

Por este motivo, la Audiencia estima el recurso del Palau y del Orfeó y acuerda que los bienes decomisados a CDC por valor de 6,6 millones se destinen en primer lugar al pago de las responsabilidades civiles de todas las entidades y administraciones perjudicadas, entre las que también figura Hacienda, y que el sobrante vaya a parar al Estado.