El TEDH condena a España por el "uso injustificado de la fuerza" de la Policía en una protesta antirrecortes

• España tendrá que pagar unos 250 euros a una manifestante por uso excesivo de la fuerza
• La manifestante sufrió lesiones que le han provocado una incapacidad permanente

Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasbusgo en una imagen de archivo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este martes a España por vulnerar el derecho de manifestación en una protesta del 2 de febrero de 2014 en Valladolid, en la que la Policía hizo un "uso injustificado de la fuerza" en un acto que "discurría pacíficamente hasta su dispersión".

El TEDH ha apreciado que se produjo una violación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se recoge la libertad de reunión y asociación sin más restricciones que "las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en el interés de la seguridad para prevenir los desórdenes y el delito".

Los ocho magistrados han condenado a España a pagar a la manifestante, Montserrat Laguna Guzmán, 248,10 euros en concepto de reparación, así como "cualquier tasa que pueda ser imputable a la denunciante respecto a costas y gastos", en un plazo máximo de tres meses tras el cual se generarán intereses.

El Tribunal de Estrasburgo afirma que "la utilización de la fuerza no puede convertirse en un fin en sí mismo" e insta a las autoridades a "mostrar un cierto grado de tolerancia hacia las manifestaciones espontáneas que transcurren pacíficamente".

El "uso injustificado de la fuerza contra la demandante", que no había sido detenida ni procesada, "es por tanto suficiente para que la Corte concluya que la interferencia con sus derechos había sido desproporcionada".

Lesiones tras una protesta

La demandante fue una de las personas que acudieron el 2 de febrero de 2014 a la convocatoria por la Asociación Parad@s en Movimiento de Valladolid para protestar contra los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis económica.

Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 continuó de forma espontánea con la marcha hasta detenerse frente a un restaurante, donde almorzaban algunos militantes del Partido Popular (PP) que habían participado en la convención nacional de esta formación, y desplegaron una pancarta en la que podía leerse 'Stop a la criminalización de la protesta social'.

La demandante era una de las manifestantes que sujetaba la pancarta y resultó herida cuando la policía dispersó la concentración. Montserrat Laguna Guzmán denunció uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía al dispersar la protesta, una acción que le dejó lesiones permanentes.

Según ella, cuando intentaba protegerse la cara con una mano fue golpeada por un policía con una porra causándole lesiones en la boca y en la mano. Fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico y un informe del Instituto de Medicina Legal de Valladolid certificó en 2016 que las heridas sufridas le impedían volver a ejercer su actividad, por lo que se le concedió una incapacidad permanente.

Tres manifestantes fueron detenidos, entre ellos uno que intentó coger el arma de uno de los policías, y dos agentes resultaron heridos. El proceso iniciado contra estos tres manifestantes, entre los que no se encontraba la demandante, concluyó con su absolución en 2018.

Sus recursos

Laguna Guzmán presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que se habían vulnerado sus derechos a un juicio justo, por considerar que ni el juzgado de Valladolid ni la Audiencia Provincial investigaron en profundidad la supuesta violencia policial, así como sus derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión.

Los tribunales españoles desestimaron el proceso penal iniciado contra el agente de la Policía Nacional que causó las lesiones a la demandante, argumentado que tuvo que "usar la fuerza ante la situación de violencia y desorden".

Al mismo tiempo, Laguna Guzmán presentó una reclamación administrativa contra el Ministerio de Interior por las heridas sufridas, siento también rechazada, lo que la llevó a recurrir ante la Audiencia Nacional, que sí vio responsabilidad en la cartera porque entendió que la Policía había usado una fuerza desproporcionada contra la manifestante, por lo que ordenó que la indemnizara con 10.000 euros, una cantidad que el TEDH considera acorde con la legislación española.