El acuerdo del Pacto de Toledo: ligar pensiones al IPC, acercar la edad real de jubilación a la legal y sanear el déficit en 2023

• Las recomendaciones de la comisión parlamentaria se someterán a votación el próximo martes
• El IPC es el protagonista de la veintena de propuestas, ya que las pensiones volverán a actualizarse según este indicador

El Pacto de Toledo cierra un acuerdo sobre la futura reforma del sistema de pensiones

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación el próximo martes 27 de octubre.

Así lo han acordado los grupos en la reunión celebrada este viernes, según han informado fuentes de la Comisión a RTVE. La renovación de las recomendaciones era para el Gobierno un paso previo antes de acometer la reforma en el sistema público de pensiones.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la popular Celia Villalobos la Comisión del Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos, según el texto, al que ha tenido acceso RTVE.es.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a su protección, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones.

Consolidación de la separación de fuentes

El texto que se eleva a comisión el próximo martes recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social con el fin de acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura.

De este modo, el dictamen recomienda que el Estado financie vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivadas de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

Revalorizar con el IPC

Sin embargo, una de las principales aportaciones la representa la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Se trata de sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

Acercar la edad efectiva de jubilación a la real

Respecto al cálculo de la pensión, se asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, emplazarán al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

Apuesta por los planes de empresas

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

Entre estos mecanismos innovadores podría estudiarse que los robots tuvieran que cotizar, al cambiar la mano de obra humana por las máquinas en los procesos de automatización.

Fuentes de Unidas Podemos valoran que el texto da "certidumbre" a los pensionistas y recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible. A su juicio, supone "la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013" por lo que expresan su satisfacción.

Estudiar que los autónomos coticen por sus ingresos reales

Casi todas las recomendaciones ya estaban pactadas en 2019, pero el adelanto electoral frustró su aprobación, por lo que en esta legislatura lo que han hecho los portavoces es retocarlas y adaptar algunas a las nuevas circunstancia económica provocada por la COVID-19 o a la inmigración.

Entre las novedades está el propósito de estudiar un procedimiento para que los autónomos puedan cotizar por sus ingresos reales, y en este sentido el PP ha avanzado que el mecanismo debe ser consensuado en la Mesa del Diálogo Social y aseguran que este punto es "fundamental" para que el partido pueda posicionarse a favor del dictamen que se votará el próximo martes.

Establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva

Otra novedad de las recomendaciones es que el Pacto de Toledo aboga por establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

Las recomendaciones señalan además a la propuesta de la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y que permita hacer un seguimiento sobre si hay desviación o no.

Esta fórmula podría ser la tasa de sustitución (relación entre la pensión media y el salario medio) comparada con ámbitos territoriales de los países más avanzados de la Unión Europea.

Reformas para corregir discriminaciones en la cotización de las mujeres

También piden impulsar reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios en las carreras de cotización de las mujeres, con particular atención al cálculo de los periodos de carencia y la eliminación de las reducciones proporcionales en las cuantías aseguradas de rentas mínimas.

"La igualdad retributiva resulta igualmente clave para la equiparación de las pensiones. Esta igualdad no solo ha de reflejarse en la cuantía de la base reguladora utilizada para el cálculo de la pensión, sino también en las carreras de cotización, pues al promover el reparto de responsabilidades se evita que sea la renta más baja la que asuma los sacrificios en los periodos cotizados", señala el texto.

La necesidad de salarios dignos para los jóvenes con el fin de que se les garantice una pensión digna y la solidaridad entre las cotizaciones de diferentes bases son otras propuestas, aunque en este último sentido no se ha recomendado el destope de la base máxima de cotización.

La Comisión también propone llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia -en especial la de viudedad- en línea con lo ya demandado por el Pacto de Toledo en 2003 y que, pese a los avances, no fue llevado a término en su totalidad en la reforma de 2007.