Ábalos propone bonificar hasta un 90 % a los propietarios que rebajen los alquileres pero no regular su precio

• Unidas Podemos rechaza la propuesta y considera que es un "incumplimiento flagrante" del acuerdo de gobierno
• El PSOE señala que los sistemas de limitación de precios "no han demostrado su eficacia en Alemania o Francia"

Edificios del barrio de la Barceloneta en Barcelona.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha planteado este miércoles, en el marco de la negociación sobre la futura Ley de Vivienda, una batería de bonificaciones fiscales para los propietarios con el fin de contener los precios de los alquileres, una iniciativa que no ha tardado en rechazar Unidas Podemos al considerar que no incluye la regulación de los precios como recoge el acuerdo de Gobierno.

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Según el documento presentado por el departamento que dirige José Luis Ábalos, y al que ha tenido acceso RTVE, el planteamiento de los socialistas pasaría por rebajar del 60 % al 50 % la actual reducción fiscal que se aplica a todos los alquileres. Así, los propietarios pasarían a tributar por 50 de cada 100 euros que cobran en rentas (en la actualidad pagan por 40 de cada 100) y esta cantidad podría reducirse en función de si se cumplen determinados requisitos como ser viviendas de protección, recientemente rehabilitadas, que los inquilinos sean jóvenes entre 18 y 35 años o tengan ingresos reducidos o que se encuentren en las denominadas zonas tensionadas.

En dichas áreas, señala el ministerio, se ha producido un incremento sostenido en los alquileres y los hogares sufren una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler, por lo que se promoverán bonificaciones más atractivas que en los casos anteriores. Podrían llegar incluso al 90 % (el 50 % general, más 40 puntos adicionales) en el caso de propietarios que acepten rebajar la renta de un nuevo contrato al menos un 10 % con respecto al precio anterior.

El Ministerio lo ejemplifica de la siguiente manera: "Si un propietario que tenía un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año". Asimismo propone otorgar una bonificación del 70 % a los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social o asequible a comunidades o ayuntamientos en el marco de algún programa público.

La declaración de estas zonas tensionadas podrá ser propuesta por las Administraciones competentes en materia de vivienda, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y su aprobación se tratará en una comisión bilateral con el Estado. La declaración tendría una vigencia de tres años y sería prorrogable por periodos anuales, justificando que la situación no se ha corregido.

Otras de las medidas que plantea es que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados más de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario, y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal como la de traslado por razones laborales o de formación, cambio de domicilio e inmuebles destinados segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada, entre otros.

A juicio del Ministerio, estas medidas aumentarán la oferta, lo que en teoría también contribuiría a moderar los precios. Sostienen además que su propuesta es "de las más ambiciosas de Europa" y que "cumple con lo acordado" en los vigentes acuerdos de gobierno y de Presupuestos suscritos con Unidas Podemos.

La propuesta no incluye la regulación de precios

Lo cierto es que en la propuesta del departamento que dirige José Luis Ábalos no hay ningún tipo de planteamiento sobre la regulación de precios acordada con Unidas Podemos en el acuerdo de investidura. La única mención que se hace de la misma en el documento es que los sistemas de limitación de precios "no han demostrado su eficacia en Alemania o Francia".

Fuentes de Unidas Podemos a RTVE consideran que “la oferta del PSOE consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler”. En cambio no se recoge, insisten, la regulación del alquiler, “incumpliendo flagrantemente el acuerdo de Gobierno”. Para los de Iglesias la propuesta además “es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas”.

“Al mismo tiempo resulta sorprendente que el PSOE envíe una propuesta sin base empírica alguna avalada por el Ministerio de Hacienda y se niegue a implementar una medida, como es la de la regulación de los precios del alquiler, que se ha demostrado eficaz en otros países y en Barcelona”, detallan las mismas fuentes. Por todo ello, lamentan, que los socialistas “sucumban a las presiones de la patronal inmobiliaria” y reclaman “que el dinero de los contribuyentes se invierta en mejorar los servicios públicos de nuestro país y no vaya a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda”.

En este último punto, la formación ‘morada’ asegura que la propuesta del PSOE tampoco recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, “que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda”. Sin embargo, los socialistas sí señalan en su documento algunos puntos como que se pueda determinar la figura de gran tenedor de vivienda vinculada a las áreas tensionadas siempre que un propietario tenga “al menos el 1 % de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona”.

En la misma línea, para la portavoz de Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, el objetivo del PSOE es "que paguemos entre todos los regalos fiscales a quienes más se han dedicado a hinchar la burbuja acumulando vivienda vacía". En su opinión, "a los fondos buitre que hacen un negocio con la falta de acceso a la vivienda", ha señalado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Las negociaciones continúan encalladas

Lo cierto es que los planteamientos entre las dos formaciones que conforman el Gobierno están muy alejados. A última hora de ayer el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, que encabeza el equipo negociador del PSOE, hizo llegar a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, la propuesta de los socialistas. Sin embargo, el rechazo de los de Iglesias no se hizo esperar.

Así, las negociaciones continúan encalladas después de constatar que persisten las mismas diferencias que los separan desde hace meses en asuntos como la regulación del precio del alquiler, la prohibición de los desahucios más allá del estado de alarma o medidas en materia de grandes propietarios, por lo que la aprobación de la norma continuará postergándose.

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El Ejecutivo de coalición pactó el pasado 27 de octubre llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, un plazo que se agotó el pasado mes de enero. Ya en febrero, el Ministerio de Transportes decidió congelar las conversaciones para, según explicó el propio ministro, José Luis Ábalos, consensuar una postura común dentro del departamento y no retomarlas hasta que pasaran las elecciones catalanas del 14 de febrero. Una decisión que para Unidas Podemos llegaba para no perjudicar al candidato socialista, Salvador Illa, en los comicios catalanes debido a la "falta de ambición" de sus propuestas en materia de vivienda.

Antes de las elecciones catalanas, y por las discrepancias durante la campaña, PSOE y Unidas Podemos ya enfocaban la reactivación de los contactos sobre la Ley de Vivienda con posiciones alejadas que, por el momento, y tras la presentación de esta nueva propuesta, hacen difícil vislumbrar un acuerdo inmediato. Fuentes del Gobierno aseguran que el texto no es definitivo, pero sí es la base de la propuesta del Ministerio y que la idea es aprobar la ley antes de que finalice el mes de marzo.