Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo y fraude fiscal y pide más de 80 años de cárcel

• Considera que ha defraudado más de 8,5 millones de euros entre 2005 y 2015
• Cree también que hay indicios de que cobró indebidamente comisiones cuando presidía Bankia

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato, de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental, por los que pide penas más de 80 años de cárcel.

En concreto, en un escrito fechado este martes, Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental.

Asimismo, pide las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la Administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.

El pasado 1 de marzo, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decidió procesar al exvicepresidente del Gobierno y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal. En su auto, el juez Antonio Serrano-Arnal daba por concluida la instrucción del caso, que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro.

Unos 8,5 millones de euros defraudados

En el comunicado de este martes, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria.

A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades, entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation y la británica Vivaway Limited.

Además, Anticorrupción señala que el exvicepresidente del Gobierno "habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles desde el año 2005 hasta el año 2015".

Anticorrupción ha llegado a esta conclusión a raíz de la documentación intervenida en los registros en el domicilio de Rato y en la sede de sus empresas, así coo en las sedes de plza Abogados en Madrid y Sotogrande. En su escrito, señala que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido objeto de "mecánicas de blanqueo".

Se ha servido de sociedades opacas

La documentación obtenida en los registros muestra que contaba también con cuentas en Estados Unidos y Suiza desconocidas para el Fisco español, y que ha operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao.

De este modo, prosigue Anticurrupción,  Rato "se ha servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas".

Aunque Rato se acogió en noviembre de 2012 a una amnistía fiscal, omitió "cualquier referencia" a una serie de sociedades y declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Indicios de que cobró indebidamente comisiones

Anticorrupción ve también "indicios racionales" de que Rato siendo presidente de Caja Madrid-Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012,  cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad.

Dichas comisiones, según la Fiscalía, se derivaron a diversas sociedades logrado "difuminar el origen del dinero". La causa abierta en el juzgado madrileño incluye a Rato y otras doce personas, además de a ambas agencias de publicidad en calidad de personas jurídicas.