El Gobierno salva el decreto de los interinos por un solo voto y con el apoyo de ERC

• Hacienda acepta que los interinos desde hace más de 10 años no tengan que hacer la fase de oposición
• La norma también incorporará, a petición de Podemos, que la fase de oposición podrá no ser eliminatoria

El Gobierno saca adelante el decreto de los interinos con la ayuda de ERC

El Gobierno ha conseguido salvar en el último momento el Real Decreto-ley para reducir la temporalidad en la Administración Pública, la conocida como reforma de los interinos, gracias a un acuerdo con ERC, que ha decidido votar a favor de la norma después de que el Gobierno aceptara que los interinos desde hace más de 10 años no tengan que hacer la fase de oposición.

La iniciativa, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar propuestas de modificación a través de enmiendas, ha salido adelante con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. Ha sido una votación muy ajustada que ha tenido que repetirse pues, en un primer momento, la diputada de Unidas Podemos Rosa María Medel ha votado en contra a modo de “protesta”, ya que es médico de profesión y todos sus compañeros son interinos; no obstante, cuando ha visto que el decreto peligraba, en la segunda votación no ha votado.

La reforma, que pretende reducir la temporalidad en la Administración Pública del 30 % actual hasta el 8 %, incluye la regularización de 300.000 trabajadores interinos antes del 31 de diciembre de 2024, a través de la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de 3 años, y una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, para quien no supere dichas oposiciones.

Otro de los apoyos que estaba en el aire era el de Unidas Podemos, socio de coalición del PSOE, que finalmente se ha inclinado por apoyar su convalidación. En este sentido, y tras acercar posturas con el Ministerio de Hacienda, la norma incorporará "de forma explícita" que la fase de oposición podría no ser eliminatoria, según el criterio que marquen las comunidades autónomas.

También han votado a favor Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), mientras que el PNV, Más País-Equo-Los Verdes y Compromís se han abstenido, lo que ha facilitado que el proyecto salga adelante. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha comprometido a que el proyecto sea definitivamente aprobado antes de que acabe el próximo mes de octubre.

Vox anuncia que llevará el decreto al Constitucional

Durante el debate, uno de los grupos más críticos con la norma ha sido Vox, que ha anunciado que, si se aprueba el decreto, lo llevará al Constitucional. "Vox no advierte, actúa. Si aprueban este decreto, que tiene visos de ser inconstitucional, Vox actuará", ha señalado el diputado José María Figaredo. A su juicio, el Gobierno "está echando a los interinos a los leones", mientras que "la inseguridad jurídica que está creando es absoluta".

En la misma línea se ha posicionado el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez, quien ha recalcado que su aprobación condena al decreto a un "periplo judicial de incierta deriva". "Se lo ha dicho Vox, el que avisa no es traidor", ha sentenciado. Mientras que la diputada del PP Llanos de Luna ha señalado que, con esta iniciativa, el Gobierno "está cerrando en falso el grave problema de la temporalidad del empleo público" y creando "más problemas que soluciones".

"¿No le da vergüenza decir que esta es la solución para 800.000 trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad? Van a hacer el mayor ERE de la historia", ha dicho la representante de Coalición Canarias, Ana Oramas.

Trabajadores interinos de la Administración pública se manifestan para reclamar empleos fijos

Lo cierto es que las críticas a la norma han sido generalizadas por todos los grupos políticos, que alegan que ha habido poco consenso. La reforma fue acordada el pasado mes de junio con el apoyo de los sindicatos más representativos, pese a la disconformidad de las comunidades autónomas. El rechazo se extiende asimismo a algunos colectivos de interinos, quienes a través de diversas organizaciones se han movilizado para intentar tumbar el decreto en la fase parlamentaria.

Cambios en el decreto para salvar su convalidación

La norma que se cerró con los sindicatos contempla que unas 300.000 plazas deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable y fija una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, para aquellos trabajadores temporales que no logren una plaza.

Asimismo, en virtud del acuerdo alcanzado este miércoles con los grupos parlamentarios, los interinos que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar la fase oposición, aplicando así la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias.

El Gobierno acepta que los interinos que lleven más de 10 años en su plaza no tengan que presentarse a la oposición

Además se introducen cambios respecto a los contratos: aquellos que tengan como objetivo ejecutar programas de carácter temporal tendrán una duración máxima de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses, frente a los 6 actuales en 12 meses. Además, se establece un periodo de un año "para acomodar mejor una norma para garantizar que los servicios como la Educación o la Sanidad", que "requieren de cierta temporalidad", están disponibles.