La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación por el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso

• Lo ha hecho tras las denuncias presentadas por Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid
• Investigará la adjudicación del contrato en el que Tomás Díaz Ayuso recibió 55.000 euros
• Sigue la última hora de la crisis abierta en el PP en directo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros, después de las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid cuando estalló la profunda crisis en el seno del Partido Popular (PP).

Según ha podido confirmar RTVE, la Fiscalía Especializada ha decidido finalmente que incoa diligencias, después de estudiar las tres denuncias presentadas por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid -salvo Vox- en las que se pedía que se investigue el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas por un valor de 1,5 millones de euros. A partir de ahora se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones.

Díaz Ayuso aclaró este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y precisamente este mismo lunes entregó documentación al respecto a Anticorrupción.

No obstante, las primeras sospechas de corrupción partieron de su propio partido, que supuestamente investigó de forma interna si existían irregularidades. Según apuntan algunos medios, llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros. Una cifra a la que también aludió el presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la Cadena COPE.

Tres denuncias presentadas por la oposición

Ante este contexto, los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid presentaron sus denuncias viendo indicios de distintos delitos de corrupción, como son la prevaricación, el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos puesto que la compañía adjudicataria del contrato por procedimiento de urgencia -Priviet Sportive- es de un amigo de la familia de la presidenta madrileña, Daniel Alcázar.

En su escrito, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE, por su parte, entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".

Según el decreto, difundido a través del departamento de prensa de la Fiscalía, las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, y "si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid".

Pese a esa "falta de concreción", Anticorrupción considera "procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados". Así lo acuerda, prosigue, "por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y "por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

Documentación que investigará la Fiscalía

A las denuncias de los Grupos Socialista y Más Madrid se acompaña copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el “Comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras las noticias sobre presunto intento de espionaje”, de 17 de febrero de 2022. A la denuncia de Más Madrid se incorporan, además, unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esa contratación.

También varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso, del administrador único de Priviet Sportive, y del Consejero de Sanidad, presentadas por este Grupo parlamentario en noviembre de 2021 y los correspondientes acuerdos al respecto de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Junto a esto, y tal y como anunció la presidenta regional, este lunes tuvo entrada igualmente en Anticorrupción "diversa documentación remitida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Se trata de "la oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma y documento contable ADOK aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del misma". Además ha sido aportada la "Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud; anexo a la Memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito) y diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC".

A lo que hay que sumar la "resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022".