La Fiscalía archiva las investigaciones sobre Juan Carlos I

• Cierra los casos de las presuntas comisiones por el AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas 'black' y la fortuna en Jersey
• El archivo del Supremo abre la puerta al regreso del rey Juan Carlos a España

La Fiscalía archiva las investigaciones al rey Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la investigación que mantenía abierta sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales de 65 millones de euros por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. El Ministerio Público también ha dado por buenas las dos regularizaciones fiscales que realizó Don Juan Carlos sobre sus finanzas.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los dos decretos de archivo (el 40/2020 y el 44/2020) relativos a las tres diligencias que mantenía abiertas y ha cerrado los casos tras más de dos años y medio de investigación. Unos casos que asumió tras el fallecimiento del que fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.

El archivo del Supremo abre la puerta al regreso del rey Juan Carlos a España (lleva en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020 ante la repercusión de las noticias sobre sus finanzas). Los abogados del monarca evaluarán la próxima semana el archivo de las causas. También han dicho que comunicarán "las decisiones que pueda tomar don Juan Carlos".

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La causa del AVE a La Meca: un posible delito de cohecho "claramente prescrito"

El objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes.

Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, propiedad del rey Juan Carlos. El fiscal llega a varias conclusiones:

En primer lugar, el fiscal identifica "cuotas defraudadas" a Hacienda en los IRPF de los ejercicios de 2008 a 2012 "que superan con creces el importe de 120.000 euros" que establece el Código Penal como umbral del delito. Sin embargo, la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 "estaría extinguida por la prescripción del delito". No lo estaría la correspondiente a 2012, pero "tampoco sería susceptible de reproche penal" ya que en aquella época y hasta el 19 de junio de 2014 Juan Carlos I era inviolable, tal y como establece el artículo 56.3 de la Constitución.

Por otra parte, "la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna".

"Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado" y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, expone la Fiscalía. Sin embargo, este posible delito estaría también "claramente prescrito".

No hay "constancia" de "contraprestación" por las donaciones del empresario

La Fiscalía sostiene que, entre 2016 y 2019, un amigo del emérito, el empresario mexicano Allen Sanginés Krause, ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias (de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention SA) a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.

Según consta en uno de los decretos, el importe total de estas transferencias (que asciende a 516.606 euros) "ha sido destinado al abono de gastos particulares" de Don Juan Carlos "o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo".

Además, Sanginés Krause ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. La Fiscalía también apunta que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.

Según los fiscales, "no hay constancia de contraprestación". Se trata de "actos unilaterales efectuados a título lucrativo" y que, por tanto, "son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones" regulados por la ley. Precisan que "cada donación debe ser declarada con independencia del resto". Recuerda que el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.

En diciembre de 2020 el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria una primera regularización fiscal por el impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía "a las donaciones de Allen Sanginés Krause".

Más allá de que ingreso "cuotas más altas de las que corresponden", el Ministerio Público asegura que las donaciones de Sanginés y la posterior declaración no representan un delito contra la Hacienda Pública. "La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo", señala La Fiscalía.

"Conexión indudable" con los primeros fondos de la isla de Jersey

La tercera línea de investigación es la referida a los fondos ocultos en paraísos fiscales. Estas pesquisas comenzaron el 19 de octubre de 2020 por un informe del SEPBLAC donde alertaba de la existencia del 'trust' JRM, constituido en 2004 en Jersey por Joaquín Romero Maura por 10,2 millones de euros si bien apuntaba a "ciertos indicios de que el propietario último de los fondos del 'truts' podría ser Juan Carlos de Borbón".

El SEPBLAC señalaba entre esos indicios que el dinero con el que Maura creó The JRM procederían de la liquidación el 9 de marzo de 2004 de otros dos 'trusts' de los que el antiguo monarca "habría sido beneficiario hasta su disolución": Tartessos y Hereu, constituidos también en Jersey en 1995 y 1997, respectivamente, por Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, "persona muy próxima" al rey emérito.

Luzón afirma en su decreto que los fondos con los que se creó JRM, "tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español", si bien al mismo tiempo explica que "lo relevante a los efectos de esta investigación penal es determinar si desde que se constituyó dicho 'trust' en 2004 y, especialmente, desde junio de 2014, es posible establecer alguna vinculación" entre ese dinero y Don Juan Carlos.

Añade, "desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos". "En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del 'trust' ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas", precisa.

Indica que desde que el emérito abdicó y perdió la inviolabilidad "las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".

Avala la validez de las dos regularizaciones fiscales

La Fiscalía ha estudiado la validez de las dos regularizaciones a Hacienda hechas por el rey. La segunda de ellas, en febrero de 2021 y por valor de 4.416.757,46 euros, corresponden los gastos sufragados a Juan Carlos I por la Fundación Zagakta, propiedad del primo del rey emérito Álvaro de Orleans, con posterioridad del 19 de junio de 2014.

La Fiscalía da por buenas las regularizaciones fiscales al cumplirse el requisito objetivo (reconocimiento y pago de la deuda) y el temporal (que el pago se haga antes de que se le notifique que hay una investigación abierta).

En este último punto, el fiscal afirma que en los decretos que dieron inicio a las investigaciones y en las notificaciones al rey emérito no se hizo referencia a los hechos "a los que se contraen" las respectivas declaraciones tributarias, principalmente porque la Fiscalía entonces no tenía constancia "del incumplimiento de las obligaciones tributarias".

Respecto a la investigación relativa a los gastos sufragados por la Fundación Zagakta, el fiscal concluye: "No se ha podido determinar con precisión la procedencia y la cuantía de los fondos consignados" ni los gastos y pagos efectuados por dicha fundación en su totalidad. Sin embargo, la información bancaria recibida a través de la Fiscalía del Cantón de Ginebra en 2021, así como la segunda regularización fiscal, "permiten establecer que entre los años 2014 y 2018 la Fundación Zagakta, mediante trasferencias bancarias desde sus posiciones financieras en entidades suizas, abonó cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento originados" Don Juan Carlos, "sus familiares y allegados".

Entre ellos, "se puede encontrar un cargo de 102.000 euros de fecha 29 de junio de 2018 por la adquisición y pago de tres armas de fuego" por valor de 27.999,00 euros cada una, más el 21% de IVA, lo que arroja un total de 101.636,37 euros, de conformidad con la correspondiente factura.