Bruselas pide que se consulte con el TJUE la competencia de la Fiscalía europea sobre el caso del hermano de Ayuso

• Pide que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva las diferencias de criterio con la Fiscal General del Estado
• La Fiscalía europea ya mostró su malestar por las trabas que estaba encontrando para investigar el caso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Comisión Europea (CE) ha defendido este viernes que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien resuelva las diferencias de criterio entre la Fiscalía europea (EPPO, en sus siglas en inglés) y la Fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado, sobre quién debe investigar el contrato vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un paso que correspondería a la fiscal española pero que ésta ha descartado dar.

"En caso de duda, correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir; y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal", ha señalado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.

La Fiscalía europea ya mostró su malestar a principio de semana por las trabas que estaba encontrando para investigar el caso, del que se considera competente por estar en juego fondos comunitarios, y ante la falta de entendimiento con la Fiscalía española ha dado el paso de elevar el asunto a la Comisión Europea.

En un comunicado, la Fiscalía Europea dijo que "ha tomado nota" de la decisión de 28 de marzo de 2022 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación".

La Fiscalía Europea asegura que es "un organismo totalmente independiente. En cuanto al asunto planteado por la Fiscalía Europea, no comentamos casos individuales, que deben resolverse sobre la base de las normas establecidas en el reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

"En caso de duda, correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal", ha añadido el portavoz.

Informe a Bruselas

Wigand también ha señalado que la Comisión "está totalmente comprometida con garantizar que todos los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea cumplan con sus obligaciones en virtud del Reglamento de la Fiscalía Europea y los Tratados" y ha indicado que está "siguiendo de cerca" la situación en todos los países de la Unión.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, examina ya una carta firmada por la fiscal jefe europea, Laura Codrua Kövesi, en la que se informa de la situación a Bruselas, según ha confirmado Wigand, quien ha precisado que la queja tendrá respuesta cuando sea analizada.

No obstante, el portavoz de Reynders precisa que "en caso de duda, le correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir", tal y como ya sugirió la propia EPPO en una comunicación a Delgado, a quien pidió que remitiera una consulta prejudicial a la Justicia europea para que aclarara el alcance de las competencias de la Fiscalía europea y de la Fiscalía anticorrupción española.

"Debe haber un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen hasta la Corte", ha añadido el portavoz comunitario. Fuentes jurídicas europeas consultadas por Europa Press recalcan que la EPPO no puede dirigirse directamente al Tribunal con sede en Luxemburgo para remitir la cuestión, sino que debería haberlo planteado Delgado.

Fuentes fiscales apuntan, además, que el TJUE debe resolver si una fiscalía puede ser considerada autoridad judicial al resolver una cuestión de competencia de acuerdo con el Reglamento de la Fiscalía europea y el Derecho de la unión.

La respuesta preliminar de Bruselas concluye recordando que la Comisión Europea está "plenamente comprometida" con garantizar que los Estados miembro que participan en la Fiscalía europea "cumplen con sus obligaciones" de acuerdo a las reglas de la propia EPPO y de los Tratados y "supervisa estrechamente" la situación en cada uno de los países miembro.