La Estrategia de Discapacidad del Gobierno buscará alternativas al internamiento forzoso por trastorno psíquico

• Insta a cumplir la cuota de empleo para personas con discapacidad y revisar su derecho a la paternidad
• Busca favorecer el impulso de la vida independiente y más recursos para que sean atendidas en sus domicilios

En la imagen, una persona en silla de ruedas.

El Gobierno propone en la nueva Estrategia sobre Discapacidad 2022-2030 eliminar "la institucionalización forzosa y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad", estudiando medidas alternativas para garantizar que las intervenciones por motivo de salud mental se basen en los derechos humanos.

Entre las líneas de actuación, la hoja de ruta de la discapacidad para los próximos ocho años plantea el estudio "de las posibilidades de modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil" que regula el internamiento no voluntario "por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela", exigiendo, en todo caso, la autorización judicial.

Además, la estrategia propone documentar los casos de tratamiento forzado, internamiento no voluntario, uso de medios de contención mecánica, medicación forzada y aplicación de terapia electroconvulsiva en las instalaciones de salud mental, que sería competencia del Ministerio de Sanidad.

La Estrategia sobre Discapacidad 2022-2030 aprobada por el Gobierno este martes, a iniciativa de Derechos Sociales, plantea reducir las personas atendidas en centros, favorecer el impulso de la vida independiente y poner los recursos necesarios para que sean atendidas en sus domicilios.

Aborda las principales líneas de actuación y medidas para avanzar en la aplicación efectiva de un enfoque de derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, superando el modelo asistencial y médico-rehabilitador.

Para ello, incluye planes para ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, vivienda, educación, salud o cultura, para generar oportunidades y nuevos yacimientos de empleo entre este grupo de personas.

La estrategia pone especial atención a la infancia con discapacidad que vive en instituciones, planteando medidas que favorezcan modelos alternativos al cuidado en centros, como el acogimiento familiar.

"Modelo de educación inclusiva"

La propuesta también llama a aplicar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y, específicamente, la disposición adicional con la que se busca que la educación española "transite" a un "modelo de educación inclusiva".

La regulación de la educación inclusiva en la LOMLOE generó en su día polémica por el temor a la desaparición de los centros de educación especial, donde estudian más de 37.000 alumnos. La LOMLOE fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, aunque tanto la ministra autora de la norma, Isabel Celaá, como su sucesora, Pilar Alegría, se han apresurado a asegurar que la intención de la norma es la libre elección de centro por parte de los padres, bien un centro ordinario con los apoyos necesarios, bien un centro de educación especial.

Ahora, la estrategia del Ejecutivo llama a desarrollar y aplicar la LOMLOE para "transitar a un modelo de educación inclusiva" como, según señala Derechos Sociales en el texto, "mandata la Convención de la Discapacidad", con el objetivo de que el alumnado con discapacidad "tenga presencia progreso y participación".

Del mismo modo, recoge la necesidad de una formación inicial y continua del profesorado, orientadoras y cuerpos de inspección (en todos los niveles de educación) en el enfoque de derechos y educación inclusiva, además de abordar una adecuada regulación de la Formación profesional que asegure a las personas con discapacidad todas las medidas, recursos y productos de apoyo, las adaptaciones necesarias y la conexión de la formación con opciones reales de empleo.

Por los derechos humanos de las personas con discapacidad

Según recoge el texto, esta estrategia tiene como objetivo ser "una hoja de ruta ambiciosa y posibilista", para que España, a través de sus administraciones y poderes públicos, "contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias".

En este sentido, señala que tiene un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Además, según apunta, busca "empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en las políticas públicas", y para que aquellas con discapacidad psicosocial la vean "como elemento de orientación hacia sus derechos humanos".

También se busca impulsar medidas que conduzcan al cumplimiento de la normativa sobre garantía de derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación del colectivo, así como a la adecuada respuesta ante situaciones de vulneración de estos derechos: canales de denuncia, defensa legal y sistemas sancionadores.

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Igualdad de Oportunidades

En este sentido, se exponen en el texto reformas, medidas o avances para lograr mejoras en aspectos como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal o la mejora de la participación social de las personas del colectivo.

Entre las iniciativas que se incluyen en la estrategia, destaca la necesidad de abordar la aplicación efectiva de la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con medidas que alcancen a todas las operaciones jurídicas y demás agentes implicados.

Pero, además, el documento propone avanzar en asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad o impulsar la adaptación del sistema penitenciario a las necesidades de este colectivo.

Acceso al empleo

También incluye la promoción y mejora en la inclusión de personas con discapacidad como profesoras, personal de apoyo y alumnado en la educación superior, formación profesional y educación universitaria; medidas para prevenir las situaciones de discriminación y acoso en el ámbito educativo por motivo de discapacidad; o modificar la normativa de las enseñanzas de idiomas de régimen especial para asegurar que se establecen los apoyos.

El documento también habla de garantizar un cumplimiento efectivo de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad; la elaboración de un Libro blanco sobre empleo y discapacidad que ofrezca un marco para la puesta marcha nuevos modelos e instrumentos para la inclusión laboral del colectivo; reforzar el acceso al empleo de las personas con discapacidad a través de las distintas modalidades de la economía social; y potenciar el acceso al empleo público entre las personas con discapacidad, mediante el desarrollo, extensión y mejora de la aplicación de la cuota de reserva.

Asegurar que puedan ser padres si lo desean

El documento también incluye la necesidad de impulsar los mecanismos que respeten la voluntad, autonomía y el consentimiento informado de la persona en los tratamientos médicos y farmacológicos; revisar la normativa vigente en materia de internamientos y contenciones, bajo el prisma de los derechos humanos; garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, incluyendo la planificación familiar, información y educación, así como las condiciones y apoyos necesarios para asegurar a las personas con discapacidad que así lo deseen, puedan ser padres o madres.

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En cuanto a mejorar la participación y representación de las personas con discapacidad, se propone poner en marcha medidas para que así sea en los órganos de decisión nacionales, autonómicos y locales, pero también en el ámbito de la cultura, tanto en su acceso a los bienes culturales, como en la contribución de su potencial creativo, artístico e intelectual y su participación en la creación de las políticas culturales y su presencia positiva y no estigmatizada en los medios de producción cultural.

También se recoge la necesidad de mejorar esta participación en el deporte "como herramienta fundamental de disfrute, en la vida plena y en la inclusión social".

Finalmente, el Ministerio ha incluido también iniciativas de apoyo a las familias de las personas con discapacidad. En este caso, se propone potenciar los servicios y medidas que ya existen, principalmente aquellas que son de acompañamiento, conciliación o cotización social.