Las condenas a muerte y las ejecuciones aumentaron en todo el mundo en 2021, según Amnistía Internacional

• China no revela sus cifras, pero se ha convertido en "el mayor verdugo del mundo", según AI
• Le siguen Irán, Egipto y Arabia Saudí
• Estados Unidos y Japón son las únicas democracias avanzadas que aún aplican la pena capital

Manifestación de apoyo al doctor e investigador sueco-iraní Ahmadreza Djalali, condenado a muerte en Irán. Estocolmo, Suecia, 14 de mayor de 2022.

Solo una minoría de países continúan aplicando la pena de muerte en el mundo, pero las ejecuciones y condenas confirmadas aumentaron en 2021, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI). Concretamente, se produjeron un 40 % más de condenas (un mínimo de 2.052) y un 20 % más de ejecuciones (al menos 579, 24 de ellas mujeres).

Hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen los muertos en China y Vietnam, donde esta información es secreto de Estado, mientras en otros países, como Bielorrusia o Corea del Norte, la opacidad es casi total, por lo que la cifra real de condenas a muerte es muy superior.

China encabeza de lejos el ránking y se ha convertido en "el mayor verdugo del mundo", según la ONG, pues se supone que el año pasado ejecutó a miles de personas. Le siguen Irán (más de 314 ejecuciones), Egipto (83) y Arabia Saudí (65). Por detrás, Siria, Somalia, Irak y Yemen. El siguiente país en la lista es Estados Unidos (11 condenas a muerte), que junto con Japón (3) es la única democracia avanzada que aún cumple la condena a muerte.

En Europa, Bielorrusia fue el único país en aplicar la pena, en un caso, mientras que en Rusia las ejecuciones continúan suspendidas.

AI destaca que, pese al aumento, las cifras siguen siendo bajas comparadas con los registros anteriores a 2010 y que varios países han dado pasos legislativos para acabar con esta práctica. Al finalizar el año, más de dos tercios de los Estados del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.

“Debemos seguir denunciando (...) Un mundo sin pena de muerte está a nuestro alcance“

"Debemos seguir denunciando las violaciones de derechos humanos asociadas al uso de esta pena cruel y su injusticia inherente hasta que no haya ejecuciones ni condenas a muerte - sostiene AI en su informe - Un mundo sin pena de muerte está a nuestro alcance".

Un arma de represión

En 2021, 56 países impusieron condenas, dos más que en 2020, pero solo 18 países las aplicaron, la misma cifra que el año anterior.

Los delitos penados varían en cada país e incluyen desde el asesinato y la violación al tráfico de drogas, las ofensas religiosas, el "terrorismo" o delitos contra la "seguridad del Estado". En China, la corrupción y los delitos económicos pueden ser castigados con la muerte.

Los métodos usados para las ejecuciones van desde la decapitación (Arabia Saudí) al ahorcamiento (Irán o Japón), la inyección letal (en China, EE.UU. y Vietnam) o el fusilamiento (de nuevo China, pero también en Bielorrusia).

Irán y Arabia Saudí fueron los países donde más ejecuciones se produjeron, pero también han aumentado las condenas en Bangladesh, India y Pakistán, posiblemente por el final de las medidas restrictivas impuestas por el coronavirus, que ralentizaron los juicios.

Los regímenes autoritarios, recuerda AI, usan la pena capital para reprimir a la oposición o a minorías étnicas o religiosas. Así ocurre en Irán con las minorías baluchi, kurda o árabe. El informe pone el ejemplo del kurdo Heidar Ghorbani, ejecutado en la prisión de Sanandaj sin avisar a su abogado ni a su familia, y enterrado en secreto.

La ONG destaca los casos en los que la condena a muerte se ha aplicado además violando "el derecho y las normas internacionales". Por ejemplo, con ejecuciones públicas (como en Yemen), de personas con discapacidad mental o intelectual (en EE.UU. y Japón), o por delitos cometidos cuando los reos eran menores de edad.

También, en ocasiones, mediante procedimientos judiciales injustos, con torturas y malos tratos, o aplicados por tribunales especiales. Es por ejemplo el caso de Myanmar (antigua Birmania), donde tras el golpe militar rige la ley marcial y los tribunales militares condenaron a muerte a 90 personas. O de Egipto, donde siguen produciéndose ejecuciones en masa después de juicios "manifiestamente injustos".

EE.UU. y Japón siguen aplicando la pena

En enero de 2021, las autoridades federales de EE.UU. ejecutaron a la primera mujer en 67 años, Lisa Montgomery, solo una semana antes de que el nuevo presidente, Joe Biden, entrara en la Casa Blanca. Con su antecesor, Donald Trump, se registró el mayor número de ejecuciones federales de los últimos 100 años. En julio, la nueva administración estableció una moratoria temporal.

A nivel estatal, Misisipi y Oklahoma recuperaron las ejecuciones después de un paréntesis de varios años, mientras que Ohio suspendió todas las ejecuciones previstas por tercer año consecutivo, y Virginia se convirtió en el estado número 23 y el primero del sur de EE.UU. en abolir este castigo.

Al finalizar 2021, menos de un tercio de los estados de EE.UU. había ejecutado a alguna persona en los últimos 10 años, destaca AI.

El gobierno de Japón reanudó la aplicación de la pena máxima tras una pausa de 24 meses. En un mismo día, el 21 de diciembre, fueron ejecutados tres hombres, dos de los cuales habían solicitado que se repitieran sus juicios.

Al finalizar el año, había en Japón 117 personas condenadas. AI destaca el caso de Matsumoto Kenji, quien padece una discapacidad psicosocial debido a un envenenamiento por mercurio anterior a su condena y discapacidad intelectual.

Por contraposición, en Corea del Sur había 59 personas condenadas al acabar 2021, y en Taiwan 45, pero no se había aplicado ninguna pena.