PP y Vox llevarán al Tribunal Constitucional el decreto del Govern del catalán

• El PP esperará a que sigan los trámites parlamentarios antes de acudir al alto tribunal
• Vox solicita en el Congreso la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana

Vox solicita la aplicación del 155 en Cataluña por negarse a cumplir la sentencia del 25% de castellano

El PP y Vox llevarán al Tribunal Constitucional (TC) el decreto que ha aprobado el Govern para blindar el catalán en la escuela, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 % de clases en castellano, tal como han anunciado en sendas ruedas de prensa el portavoz de Vox, Juan Garriga, y la diputada del PPC Lorena Roldán.

Así responden ambos partidos a la aprobación este lunes por parte del Govern de un decreto ley que busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para hacer frente así a las "injerencias" judiciales.

El PP, según ha explicado Roldán, esperará a que sigan los trámites parlamentarios antes de acudir al alto tribunal.

Preguntada por si el PP se querellará contra el Govern, Roldán ha respondido que es el Gobierno de España quien debería garantizar que se cumplan los derechos, aunque han dicho que pondrán en conocimiento de Fiscalía la "actitud" del conseller de Educación, Josep González-Cambray, "para que se tomen las medidas oportunas".

Vox solicita la aplicación del 155 en Cataluña

Vox ha registrado una solicitud en el Congreso para solicitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se querellará por desobediencia contra los miembros del ejecutivo catalán que consideren "responsables" de este hecho, aunque Garriga ha precisado que todavía no tienen redactada la querella y que están pendientes de decidir específicamente contra qué miembros del ejecutivo lo hacen.

En concreto, Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para solicitar la intervención de la autonomía en Cataluña "para garantizar los derechos de todos los catalanes" ante lo que consideran "un acto de rebeldía de la Generalitat" con la sentencia del 25 % de castellano.

A diferencia de como hicieron con la ley sobre la lengua, Vox no llevará el decreto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) porque consideran que es un órgano que "no sirve para nada", si bien Garriga ha justificado la decisión por el hecho de que permitió "poner trabas" a su validación.

Cs lo califica como una "tomadura de pelo" y lo llevará a la Fiscalía

También Ciudadanos se ha mostrado partidario de volver a aplicar a Cataluña las previsiones del artículo 155 de la Constitución. Su portavoz en Cataluña, Ignacio Martín, ha calificado el decreto aprobado por el Govern como una "tomadura de pelo" y ha anunciado que van a ir "con todos los instrumentos del Estado de Derecho" y que este miércoles presentarán una denuncia ante Fiscalía.

Para el diputado y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, la aplicación del articulo 155 "es un mecanismo excepcional" que estaría justificado porque en Cataluña se vive "una situación de excepcionalidad cuando la Generalitat dicta una norma de rango de ley como desacato" a la Justicia y para "burlar" la sentencia.

A su juicio, según recoge Europa Press, la medida del Govern "es un hecho gravísimo" que pone de manifiesto "una patente desobediencia de los mandatos" de la Justicia, y esta situación "justificaría medidas excepcionales como la sustitución de las autoridades administrativas" para asegurar la ejecución de la sentencia y garantizar ese porcentaje de enseñanza en castellano.

El número dos del partido naranja ha recordado que Ciudadanos frenó la nueva ley catalana de educación llevándola al Consejo de Garantías Estatutarias y que ya propuso al PP recurrir en el TC el decreto ley de la Generalitat, pero ahora sólo ve una vía para evitar que se use el 155, que es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, una impugnación que dejaría en suspenso el decreto ley y haría innecesaria la intervención estatal contemplada en ese artículo.