El Parlament aprueba la ley que reconoce el "uso curricular" del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular

• La proposición de ley reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos
• Sale adelante con los votos de ERC, Junts, PSC y los comunes, que habían pactado el texto

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sesión plenaria,del Parlamento catalán.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles en lectura única la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que reconoce el "uso curricular y educativo" del castellano y reafirma el catalán como lengua vehicular, sin establecer porcentajes lingüísticos.

La proposición de ley ha salido adelante, un día después de recibir el aval por unanimidad del Consejo de Garantias Estatutarias, con 102 votos a favor, de los partidos que habían pactado la ley (ERC, Junts, PSC y En Comú Podem) y 29 en contra, de Vox, Cs y el PP, y por motivos distintos, también de la CUP, y solo ha habido una abstención.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había declarado firme la sentencia que impone garantizar un mínimo del 25 % de clases en castellano el pasado enero y había dado a la Generalitat un plazo de dos meses para ejecutarla.

Aragonès ve un "gran acuerdo" para la "cohesión social"

Todos los grupos impulsores de la iniciativa se han levantado a aplaudir en la cámara catalana para celebrar el resultado de la votación, mientras el presidente catalán, Pere Aragonès se acercaba a saludar a los líderes de los grupos que han impulsado la ley. En cambio, los diputados de la CUP mostraban carteles en los que podía leerse: "Defendemos la lengua catalana".

Aragonès ha agradecido la aportación de todos los grupos que han participado en un "gran acuerdo, de consenso, de país sobre la lengua catalana" que han hecho posible "desde la responsabilidad y han defendido el modelo educativo de Cataluña". Se trata, ha dicho el president, de "un acuerdo para la cohesión social", para "preservar la escuela de la utilización partidista y política".

Gracias a esa "responsabilidad" de los grupos que han acordado el texto, ha agregado Aragonès, "situamos al catalán como eje vertebrador del modelo lingüístico de la escuela catalana ante los riesgos y las amenazas que ha habido durante los últimos años".

Según Aragonès, la proposición de ley parte de la responsabilidad de legislar que tiene el Parlament, dejando claro que no dimiten de ella "para que las leyes las apruebe el Parlament, y no ninguna otra instancia".

ERC, Junts, PSC y los comunes defienden el "acuerdo amplio"

Durante el debate parlamentario, la diputada de ERC, Mònica Palacín, ha defendido la ley como el logro de un "acuerdo amplio" que todavía se puede ampliar y ha invitado a la CUP a sumarse. La diputada republicana ha mostrado su agradecimiento a "todos los grupos parlamentarios" por hacer posible una ley que "mantiene el catalán como lengua vehícular y de acogida, que defiende la escuela de las imposiciones judiciales y protege la lengua catalana".

También ha celebrado la aprobación de la ley el presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, que ha emplazado al conjunto del Parlament a "conjurarse" para que "las garras de la justicia salgan de la escuela catalana", en alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir al menos el 25 % de las asignaturas en castellano. Antes, el diputado de Junts, Francesc Ten, aseguraba que con este texto buscan "preservar la escuela catalana de las injerencias de la justicia" y que el catalán siga siendo "la lengua vehicular en todos los espacios educativos".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado, en una intervención final, este pacto como el "mejor servicio al catalán" frente a las críticas de Vox, Cs y PPC, que le acusan de sucumbir a tesis nacionalistas. La diputada del PSC, Esther Niubó, aseguraba en su intervención en el debate que "en ningún caso la ley busca la confrontación sino soluciones y grandes acuerdos de país", y aseguraba que no presenta "signos de inconstitucionalidad".

Por su parte, la líder parlamentaria de los 'comunes', Jéssica Albiach, ha advertido de que ni el catalán es patrimonio de los independentistas, ni el castellano lo es de la "derecha españolista". Lo ha dicho después de que la diputada de En Comú Podem, Jessica González, defendiera en su intervención una ley que garantiza "más mecanismos para el acceso de toda la ciudadanía al catalán, no solo con la escuela catalana".

Mientras, el diputado de la CUP, Carles Riera, ha acusado a los grupos impulsores de la ley de "no haber llegado a ningún acuerdo con la mayoría de la comunidad educativa" y les ha pedido que "retiren el proyecto" y hagan uno que " garantice el catalán como una lengua compartida que nos cohesiona". Es, según ha afirmado, una "chapuza" y una "claudicación" que, a su juicio, "oficializa" el castellano como lengua curricular y "abre la puerta a su vehicularidad, al bilingüismo y a la segregación escolar".

Vox, Cs y el PP cargan contra la norma y contra el PSC

Vox, Cs y PPC también han cargado contra la norma, pero por el motivo contrario: a su entender, trata de burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a dar el 25 % de clases en castellano. También han sido especialmente críticos con Illa.

El líder de los naranjas en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado a Illa de "mentir a la población", de asumir el discurso del independentismo "más excluyente y desbocado" y de permitir a ERC y Junts "no cumplir la sentencia del 25 % de castellano". Se trata, ha advertido, del último episodio de "una crónica de engaños y deslealtades tejidas por el nacionalismo con la cooperación de PSC y Podemos".

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha acusado a los socialistas de "traicionar" a los catalanes, al apoyar la ley junto a independentistas y comunes. Garriga ha acusado a los grupos impulsores de la ley de traer al Parlament "una ley tramposa" y de "escenificar un pacto tramposo", por el que se "reafirma el catalán como única lengua vehicular", mientras el español, ha dicho, "sigue sin ser reconocido" como tal.

Garriga ha ratificado que llevarán la ley al Tribunal Constitucional "por el no reconocimiento del español como lengua vehicular" y que presentarán una querella contra "los que han incumplido la sentencia por desobediencia". A continuación ha afirmado que no les gusta presentar querellas pero que se ven "en la obligación".

También el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ha reprochado al PSC que se preste a la perpetuación de un modelo educativo que es "ilegal" y, desde su punto de vista, no busca la cohesión, sino arrinconar el castellano, algo que, además, es "contraproducente" para el uso social del catalán.