Comunicación sobre la decisión del Consejo de Administración de la CRTVE sobre el programa iNews

Desde el mismo momento en que se conoció la resolución del Consejo de Administración de la CRTVE de acceder al sistema informático con el que se realizan los informativos de TVE, fueron llegando al correo de la defensora del espectador numerosas comunicaciones de los espectadores.

Los ciudadanos que me han escrito han expresado su rechazo a esta decisión de muy diferentes formas. Desde el estilo directo de Sergio Martín “no me parece bien que ahora que RTVE era un medio que me gusta por su pluralidad y por ser, en definitiva, de todos, quieran controlarlo ciertos partidos políticos”, a las dudas que formula Manuel García: “El acceso a ese sistema ¿no podría acabar siendo una supervisión previa?¿no supone un mayor control de los informativos por parte de la clase política de este país?¿El solo hecho de tener acceso no generara dudas sobre manipulación informativa poniendo así en entredicho el trabajo de muchos profesionales?”.

Muchos, como el de Alberto Miranzo, incluían una petición a los profesionales: “Hagan todo lo que esté en su mano por que eso no ocurra. Piensen en la responsabilidad que tiene RTVE y que tienen ustedes que la componen, de darnos la información de la forma más imparcial, o por lo menos más honesta que puedan”. Pero es el correo de Francisco Javier García Portas el que, a mi juicio, centra el debate: “Esto es un grave atentado al derecho a la información de todos los ciudadanos. Es un perjuicio inaceptable, intolerable, a los españoles y a los propios periodistas”.

El asunto en síntesis versa sobre el modo de garantizar una “información objetiva, veraz y plural que se ajuste plenamente al criterio de independencia profesional” que exige el artículo 3. 2b de la Ley 17/2006 del 5 de junio, por cuyo cumplimiento debe velar el defensor de la audiencia, según el Estatuto que rige su tarea y que, por cierto, aprobó el pleno del Consejo de Administración de la CRTVE el 29 de noviembre de 2007.

Los profesionales de RTVE somos conscientes del importante papel que este servicio público desempeña en la sociedad española de nuestros días. Y por ello, el Estado nos exige a los profesionales de esta casa que obremos con libertad de conciencia y ateniéndonos solo a criterios profesionales. Somos los periodistas, junto a realizadores, cámaras, productores, etc., los primeros y últimos responsables de las mismas. Y para atender esa exigente forma de actuación debemos preservar las fuentes, decidir las noticias que deben ser emitidas, y cuándo y cómo deben serlo, con el apoyo del privilegio del llamado secreto profesional. Si la información sale del ámbito profesional y va a despachos cuyos cometidos son otros, el servicio público informativo sale perjudicado y los profesionales no cumplimos con nuestra función.

Cuando escribo estas líneas ya se conoce la decisión de los consejeros de la corporación RTVE de revocar lo aprobado el miércoles después del clamoroso y general rechazo de los trabajadores de la casa, las asociaciones profesionales, los agentes sociales y los representantes políticos, Pero quería aprovechar la ocasión para dar voz –como es mi responsabilidad-, a los verdaderos titulares del derecho a la información, a los ciudadanos que se han dirigido masivamente a la defensora como valedora de su derecho a recibir una información veraz, plural e independiente de cualquier injerencia.

Reconforta saber que los ciudadanos comprenden nuestro trabajo y se muestran activos en la defensa de sus derechos y de los valores que inspiran un periodismo de calidad.