El PSOE ha anunciado que se sumará a las manifestaciones en las calles para exigir la retirada de la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno. Unas movilizaciones que también en sentido contrario han convocado los grupos que piden al Ejecutivo que la ley se apruebe.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha reconocido que el Gobierno reflexiona sobre un posible aplazamiento de la nueva ley del aborto. En los Desayunos de TVE, José Ignacio Wert se ha mostrado favorable a esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la actual ley aprobada por el ejecutivo socialista.
El ministro de Justicia ha asegurado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que defiende el proyecto de ley del aborto no por interés electoral sino por convicción. Los socialistas han pedido a Alberto Ruiz-Gallardón que retire el proyecto y le ha acusado de utilizar la vida de las mujeres como si fuera "un puñado de votos".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha eludido aclarar durante el pleno del Congreso si el Gobierno va a retirar la reforma de la ley del aborto, ante las insistentes especulaciones de los últimos dias que apuntan a una posible retirada de la ley por parte del Ejecutivo. El ministro ha respondido en el Congreso a las preguntas de la diputada socialista Carmen Montón asegurando que "es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros hoy, mañana o dentro de un año" pero ha manifestado que, allí donde esté, siempre estará "defendiendo las libertades de las mujeres y el derecho a la vida de los concebidos".
Gobierno y Comunidades Autónomas se reúnen este lunes en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. En el orden del día no figura la reforma de la ley del aborto pero de ella han hablado los consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco. Los cuatro han pedido la retirada de la norma porque, dicen que supone un retroceso en los derechos de las mujeres. El ministro de Justicia ha dicho que la presentará antes de que finalice el verano (21/07/14).
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avanzado más detalles sobre la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno. Gallardón ha dicho que una discapacidad "jamás" será una causa legal para abortar. Ha afirmado que, en todo caso, esa causa legal vendría dada por los efectos y los hipotéticos daños que pudiera generar en la madre. El ministro de Justicia ha hecho estas afirmaciones en el Tercer Foro Antonio Fontán, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja. Gallardón ha señalado que "una discapacidad no es motivo para restar menos derechos a una persona ni antes ni después de nacer". El ministro ha comentado, en ese sentido, que "nunca se establecerán ciudadanos de primera y de segunda".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe menos crítico con el anteproyecto de la ley del aborto si bien recomienda cambios como despenalizar el aborto cuando existen malformaciones incompatibles con la vida y desligar este supuesto del daño psicológico a la madre. El órgano de gobierno de los jueces ha sacado este viernes adelante con diez votos a favor el informe basado en la ponencia de la vocal conservadora Carmen Llombart, mientras que la ponencia más crítica, que pedía la retirada del anteproyecto, firmada por Pilar Sepúlveda, ha sido apoyada únicamente por ocho vocales, la minoría progresista.
El secretario de Sanidad y Asuntos Sociales del PP y conssejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que la reforma de la ley del aborto "se ha hecho de manera muy ortodoxa". A su juicio esto es así, porque "el Gobierno ha solicitado muchos informes a órganos consultivos", al contrario de lo que pasó con "la anterior ley de 2010 que no contó con informes". También ha defendido que se haya pospuesto la vacuna de la varicela en el calendario hasta los 12 años por criterios de "inmunidad y eficacia".
El Consejo Interterritorial de Salud ha constatado que la reforma de la ley del aborto no tendría "ningún impacto negativo" sobre el Sistema Nacional de Salud, según ha señalado Mato. Este era el último punto incluído en la reunión con los representantes del ramo de los gobiernos regionales.
El informe, que remitirán al Ministerio de Justicia, no ha recibido el apoyo de cinco comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco y Asturias, según ha informado el consejero de esta última región, Faustino Blanco.
