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Al menos 22 niñas han fallecido y otras 38 han resultado heridas por un incendio registrado este miércoles en un centro de menores público de Guatemala, que se ha originado cuando las jóvenes intentaban protestar por los abusos sexuales y físicos que, según algunos familiares, sufrían en el centro.

Según las primeras pesquisas, el fuego fue originado por las propias internas al quemar unos colchones. Supuestamente, las menores heridas y fallecidas habrían elegido este miércoles, Día Internacional de la Mujer, para protestar por los abusos sexuales y físicos que sufren en el hogar. En cualquier caso, la fiscalía está investigando los hechos y se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie, dado que en noviembre se solicitaron medidas cautelares contra el centro por las denuncias de abusos.

El joven que denunció al padre Román por un supuesto delito de abusos sexuales cuando era menor ha considerado que el comportamiento del grupo era similar al de una secta, ha reiterado que sufrió violaciones y vejaciones y ha dicho que tardó en denunciar porque estaba anulado por el único procesado, para el que la Fiscalía pide nueve años de cárcel. "Era como si perteneciera a una secta cerrada, virulenta, que él lideraba, asumiendo todos sus abusos", ha descrito en alusión al procesado el joven D.R., que ahora tiene 27 años y que ha apuntado diferentes abusos sexuales que dice haber sufrido durante años.

El padre Román, el único acusado de abusos sexuales a un menor en el conocido como caso Romanones, ha negado cualquier tipo de relación o abuso sexual con el denunciante o que con sus compañeros mantuviera comportamientos homosexuales. Lo ha dicho este lunes durante la primera sesión del juicio que se celebrará hasta el próximo 21 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, y ha mantenido, como hizo durante la declaración indagatoria, que su comportamiento respondía a un proceder de "amor cristiano", en el que ha asegurado no hubo conductas sexuales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio Ángel Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, a 70 años y medio de prisión por secuestrar y agredir sexualmente a cuatro niñas entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en este distrito madrileño y en zonas limítrofes. En la sentencia, el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid condena a Ortiz como responsable de dos delitos de agresión sexual en concurso medial con dos delitos de detención ilegal, dos delitos de agresión sexual, dos delitos de detención ilegal y un delito de lesiones.

Los padres de los menores de los que supuestamente abusó sexualmente el profesor del Colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo Carlos (Madrid) han relatado este miércoles en el segundo día de juicio cómo los niños fueron quienes iban dando los nombres a sus padres de otros compañeros de clase que también fueron víctimas de los abusos. Por su parte, el Colegio ha defendido que no ha intentado tapar ni ocultar los presuntos delitos del profesor detenido en febrero de 2015, que ahora está acusado trece delitos de abusos sexuales, por los que la Fiscalía solicita una pena de 71 años de prisión, si bien las familias la elevan hasta los 91 años.

El profesor del Colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo (Madrid) Carlos R.I. ha reconocido en el juicio que es un docente "cariñoso" como el resto de profesores del centro, pero ha negado tajantemente haber abusado sexualmente de 13 niños durante los años 2010 al 2015.

Fuentes jurídicas presentes en el juicio, que se celebra a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Madrid, han explicado que el profesor ha negado todos y cada uno de los 13 delitos de abusos sexuales que le imputa la Fiscalía e incluso se ha mostrado "sorprendido" por estar sentado en el banquillo. El procesado habría admitido ante la Sala que daba "muestras de cariño y afecto" a los pequeños, pero que nunca abusó de ellos.

Un juzgado ha condenado a siete años de prisión a un catedrático de la Universidad de Sevilla por abusos sexuales y lesiones psicológicas cometidos contra dos profesoras ayudantes y una becaria. El condenado, Santiago R.G., fue decano de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y ahora imparte clases en la Facultad de Educación Física y Deporte, mientras que las tres denunciantes dejaron sus puestos por la actitud del catedrático.