Almería ha registrado lluvias torrenciales, que han dejado más de setenta litros en una hora en algunos puntos. Muchas ramblas han sufrido crecidas y han bajado con gran fuerza. El 112 ha registrado más de medio centenar de avisos y se han producido varios rescates y daños materiales en el Poniente almeriense. Se prevé que otras zonas de Andalucía experimenten también fuertes lluvias en los próximos días, por lo que las autoridades piden precaución.
Para entender el desarrollo, el presente de este municipio colindante con la capital almeriense es necesario buscar el líquido elemento. Ése que, a mediados del siglo pasado, propició la explosión de la agricultura intensiva bajo invernaderos. El descubrimiento de nuevos acuíferos transformó Roquetas de Mar. Las técnicas de cultivo implantadas por el Instituto Nacional de Colonización trajeron consigo un gran aumento poblacional, alojado en los ensanches urbanos ejecutados durante la dictadura. El agua, en su versión salada, también ha sido históricamente una bendición para este rincón de la comarca del Poniente Almeriense. La pesca y el comercio sostuvieron a los primitivos pobladores fenicios, también a los romanos que dejaron su huella en el yacimiento arqueológico de Turaniana. Y, en fechas más recientes, las bondades de sus 16 kilómetros de costa divididos en 9 playas empezaron a atraer mucho turismo, hasta el punto que Roquetas es hoy el destino más demandado de la provincia. Desde su casco antiguo, articulado en torno a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, emprendemos un gran paseo en compañía del jefe de protocolo del ayuntamiento, José Manuel Navarro, miembro del Instituto de Estudios Almerienses. A esta misma institución pertenece el maestro jubilado Ignacio Jiménez, escritor e investigador de la historia de este pueblo a los pies de la sierra de Gádor. A estas voces se suma la del guía oficial Cristian Rando, que muestra lugares tan especiales como el restaurado y rotundo castillo de Santa Ana, ubicado sobre las rocas (o roquetas) que explican el topónimo. Junto a ellas se extiende el puerto, uno de los dos del municipio; el otro, de recreo, lo encontramos en la pedanía de Aguadulce. Allí embarcamos junto al submarinista Óscar García, propietario de la empresa Buceo Aguadulce, para observar el litoral roquetero y sus delfines; pero sobre todo para contemplar en sus fondos el otro prodigio acuático de aquí, la posidonia oceánica. Esther Giménez, profesora de botánica de la Universidad de Almería, nos revela los secretos de esta planta marina que forma grandes praderas, un bosque sumergido repleto de biodiversidad, uno de los más espectaculares y protegidos del Mediterráneo. La otra reserva natural del municipio nos espera en su extremo occidental: con el ambientólogo Moisés Palmero recorremos las playas vírgenes, dunas y marismas del paraje de Punta Entinas-Sabinar.
Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, defiende en Radio Nacional por qué intenta frenar que se produzca un documental sobre el caso de su hijo. Un producto audiovisual que tiene previsto contar con la participación de Ana Julia Quezada. A raíz de esto, Patricia Ramírez ha hablado de la importancia de validar a las víctimas y a la familia: "Las víctimas tenemos derecho a que nos informen de si esto se va a grabar, porque es algo que nos daña de por vida", ha insistido. Ha contado en Las mañanas de RNE que se enteraron de este documental, que lo estaba realizando Ana Julia Quezada con ayuda de su abogado, a través de una fuente directa.
Patricia Ramírez ha criticado la falta de recursos del Estatuto de la Víctima. Cree que no se implementan los derechos que ofrecen, por lo que es imposible que pueda ayudar a todas las víctimas. "Las instituciones tienen que formarse, debe mejorarse (el cumplimiento del Estatuto) en los delitos mediáticos", ha reafirmado.
En conversación con Íñigo Alfonso, no solo ha exigido que se cumpla la ley, sino que también ha reivindicado su derecho a controlar la difusión de los datos sobre su historia porque "la imagen de un menor es su familia. No vale con pixelar la foto". Además, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los medios públicos para crear una sociedad mejor porque "una sociedad que vende el trauma de las personas, no va por buen camino".
Esta mañana, Salvamento Marítimo ha rescatado en el Estrecho de Gibraltar a tres migrantes que viajaban en una embarcación de juguete. Y una cámara ha captado el momento en el que 20 personas desembarcaron ayer en una playa de Cabo de Gata-Nijar, en Almería. Según algunos testigos había dos personas encapuchadas que se marcharon mar a dentro tras dejar a los migrantes. Ayer también llegaron 18 personas a las costas de Cartagena; dos de ellas menores.
Las pequeñas Larisa y Elisa, de 2 y 4 años, murieron envenenadas, asesinadas presuntamente por su padre. La autopsia ha confirmado que el hombre usó un pesticida para acabar con la vida de sus hijas y se suicidó horas después.
Este martes las han recordado con velas y flores en el colegio al que iba la mayor de las hermanas. La madre estaba considerada como una víctima de extrema vulnerabilidad: es muy joven, migrante y sin recursos económicos. El juicio a su expareja por maltratarla y amenazarla estaba fijado para abril. Los expertos abren una reflexión sobre como deben valorarse casos tan vulnerables.
Foto: MARIAN LEÓN / EUROPA PRESS
Investigan la muerte de dos hermanas de 2 y 4 años como posible caso de violencia vicaria en Alboloduy (Almería). El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería estableció un régimen de visitas en el que el padre podía ver a sus hijas el fin de semana, pese a tener una orden de alejamiento hacia su madre. Habían respecto al régimen de visitas: la Fiscalía y el juez aprobaron ese pacto. En Las Mañanas de RNE nos preguntamos qué ha fallado.
Responde Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. ¿Se minimizó el peligro o el riesgo? "Sí, el problema no es tanto el caso ocurrido, sino que forma parte del 28-29% de todos los homicidios de niños y niñas en el contexto de la violencia de género que han tenido una denuncia previa. No es un caso puntual ni aislado”. Cada año cinco niños y niñas son asesinados en casos de violencia vicaria, en contextos de violencia de género: "Representan un 19% de todos los homicidios de niños y niñas [...] No es que haya fallado en cada uno de estos casos, sino que es el sistema el que está mal”.
En España hay 1.700.000 niños y niñas, de menos de 18 años, que viven en hogares donde se produce violencia de género: "A partir de ahí, siempre hay riesgo. No existe el riesgo cero”, asegura Miguel Lorente que insiste que es "un contrasentido ponerle un régimen de visitas" al maltratador si se habían adoptado medidas de alejamiento.
También incide en la importancia de que se realice un seguimiento, tanto en el ámbito sanitario y psicosocial, como con medidas judiciales y policiales: “No podemos limitar la respuesta del sistema a una medida que se traduzca en distanciamiento", señala Lorente. “La normalidad institucional hace que entendamos que esa situación no es tan grave. Tenemos un negacionismo que se hace sobre la violencia de género que da lugar a estos asesinatos”, añade el exdelegado del Gobierno.
El exdelegado Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente ha asegurado que con casos como el asesinato de dos hermanas de corta edad en Alboloduy (Málaga) presuntamente a manos de su padre, un caso en el que había una orden de alejamiento, "estamos fallando como sociedad".
En una entrevista en La Hora de La 1, Lorente ha defendido que "hay que tener una visión global sobre la violencia de género, para evitar esos acuerdos - en alusión a que los padres acordaron no entregar a las niñas en un punto de encuentro- que pueden estar condicionados por presión o amenazas".
En este punto, Lorente ha incidido en que el cambio en el que se suprimió el punto de encuentro, es el que ha podido generar un "riesgo", algo que cree que se debería haber valorado adecuadamente.
A su juicio, hace falta "formación" y "comprensión del caso particular". Asimismo sostiene que no basta con dar una "respuesta policial" a la violencia de género, sino que hay que dar también una respuesta "social" y "sanitaria".
Según Lorente, un 20% de los asesinatos de niños es por violencia vicaria y en un 28% de los casos había una denuncia previa.
El alcalde de Abla (Almería), Francisco Javier Sánchez, ha explicado que la madre de las dos niñas asesinadas presuntamente por su padre llegó hace dos años al pueblo: "Vino huyendo y buscando tranquilidad". En una entrevista a La Hora de La 1, el regidor ha asegurado que no le consta que pidiera ayuda a los servicios sociales. También ha afirmado que este crimen ha sido "un mazazo" en el pueblo y ha relatado que en el cole de la niña mayor van a dar unas charlas "para que los compañeros asimilen lo que ha pasado".
FOTO: Concentración en Alboloduy (Almería). EUROPA PRESS
En una pequeña localidad de Almería, un hombre ha matado a sus dos hijas de dos y cuatro años envenenándolas durante una visita de fin de semana. El hombre, que después se ha suicidado, tenía vigente una orden de alejamiento sobre la madre, pero se habían autorizado seis horas de convivencia los sábados y domingos. De confirmarse la hipótesis de la Guardia Civil, estaríamos ante un nuevo caso de violencia vicaria. Julia Clavero, abogada experta en Derecho de Familia y Penal, ha explicado en 24 horas de RNE que, aunque cada vez se usa más el término 'violencia vicaria', no se recoge como tal en el Código Penal: "Sí se podría considerar como una parte de un maltrato psicológico continuado (…) Son muy habituales esos casos en los que precisamente el agresor utiliza a los menores como arma arrojadiza para continuar esa violencia de la que la víctima quiere escapar".
En las últimas estadísticas del Instituto Nacional de 2022, solo en el 12,9% de los casos en los que se ha acordado una medida cautelar se ha suspendido el régimen de visitas. En este caso, el hombre estaba pendiente de un juicio, pero se le habían autorizado seis horas de convivencia con las niñas. Ante esta incongruencia, Julia Clavero ha apuntado el tiempo que tardan los juzgados en resolver los casos: "En nuestros juzgados españoles, en algunas localidades, tardamos dos años en tener informes psicológicos. ¿Cómo se va a tomar la decisión con los medios que se tienen en esos momentos, en esa medida cautelar que se acuerda dentro de las 72 horas después de poner cualquier denuncia?"
