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Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, los jueces comienzan a prepararse para ver cómo aplicarán la ley de amnistía. Es el Fiscal General del Estado quien trata de coordinar una respuesta reuniéndose con altos cargos del poder judicial. Para algunos la malversación no se puede amnistiar, pero sí que se pueden perdonar delitos de desobediencia y desórdenes públicos, y el punto central es la malversación. Nos lo explica más en profundidad nuestra redactora de tribunales, Gema Alfaro.
Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y ex secretario general de Junts per Catalunya, es una de las personas que podrán acogerse a la recién aprobada ley de amnistía, y ha estado en el 24 horas con Josep Cuní donde ha calificado el día de hoy como "un día de satisfacción indudable". "Yo creo que esa satisfacción es innegable porque evita el dolor a centenares de personas [...] Es una conducta que en el pasado ocurrió y que produjo daños difícilmente reparables", expresa, aludiendo a las condenas del 'procés'. Jordi Sánchez ha asegurado que en 2017 no hubo ningún altercado grave y que lo volverían a hacer.
El ex secretario general de Junts considera, al contrario que el PSOE, que la ley de amnistía "no acaba con el conflicto político que en Cataluña existe desde hace décadas y con la demanda de una parte de la población muy importante a favor del derecho a decidir". Si bien, insiste en que los resultados electorales son un dato "enormemente trascendente que hay que saber analizar". "Hay que ver cómo, en este caso desde el independentismo, se analiza, se procesa, y se corrigen todas aquellas cosas que se necesitan corregir para poder ejercitar una opción política legítima como es reivindicar el derecho a la autodeterminación", insiste el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana.
Sobre si el 'procés' ha muerto, Sànchez opina que "probablemente había llegado a su fin" en 2022. "Estamos ante una evidente falta de unidad estratégica, ante una menor movilización ciudadana y ante la falta de unos objetivos claros por dónde el independentismo social y político debe transcurrir", expresa Sànchez. "Lo que hay que hacer es seguir trabajando para derogar todas las leyes que aún siguen vigentes y que pueden ser utilizadas en un futuro para volver a vulnerar derechos humanos, derechos políticos básicos, como la Ley Mordaza", sentencia.
Acaba el recorrido político de la ley de amnistía, pero quedan incógnitas en su aplicación. Los jueces tienen dos meses para hacerlo desde que se publique, pero pueden plantear dudas ante el Constitucional o la justicia comunitaria. Los fiscales rechazan que se aplique para los casos de malversación. Lo más inmediato es alzar las medidas cautelares
¿Qué va a pasar con la orden de detención de Carles Puigdemont? Los jueces pueden levantarla de forma automática, pero también podrían posponerlo y preguntar a las partes. Otra de las dudas que es difícil responder es si Puigdemont puede quedarse fuera de la amnistía. Y cabe la interpretación. El Supremo le investiga por terrorismo en la causa de Tsunami y la ley excluye ese delito cuando provoca graves violaciones de los derechos humanos. También está procesado por malversación, algo que la ley deja fuera cuando hay enriquecimiento.
Ese punto puede afectar también a la inhabilitación de Oriol Junqueras y otros líderes independentistas condenados por el procés porque el Supremo ya dijo que en su caso hubo ánimo de lucro. Otro debate que se abre es el de los recursos ¿Recurrir paraliza la aplicación de la amnistía? Si lo hacen 50 diputados y senadores o las Comunidades Autónomas no, pero parcialmente sí cuando un juez pregunta por un caso concreto.
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- Serán los jueces de las causas relativas al 'procés' quienes la apliquen en un plazo máximo de dos meses
Carles Puigdemont ha comparecido este jueves desde Waterloo para reaccionar a la aprobación del Congreso de los Diputados de la ley de amnistía: "Hemos devuelto a la política aquello que debía haber estado siempre en la política". Según él, se ha logrado gracias a "la voluntad firme del pueblo de Cataluña" y no a la de los "partidos españoles". Puigdemont ha destacado que él y el resto de condenados llevaban seis o siete años "soportando el estigma social" y ahora "el Parlamento ha corregido el error". El expresident ha ido más allá y ha dicho que "la muerte civil a la que nos quería condenar ha sido derrotada", así como el señalamiento de la "prensa patriótica española".
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Es la primera ley de amnistía desde que está vigente nuestra Constitución. Por eso, a la hora de aplicarla se van a plantear muchas dudas. Los jueces tienen dos meses de plazo para aplicarla. Pueden hacerlo inmediatamente o trasladar sus dudas al Constitucional o a la justicia europea.
Según el magistrado, Jorge Ibarburen González, de la APM, la ley "no tiene nombres ni apellidos": "Los jueces y tribunales tendrán que pronunciarse sobre si procede o no la aplicación de la ley".
El debate sobre la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados ha dejado varios momentos de tensión. "Pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo, tanto dentro como fuera", ha resaltado el líder de Vox, Santiago Abascal, al tiempo que ha afeado al diputado de Sumar, Gerardo Pisarello por "arrancar una bandera de España de un ayuntamiento" y de "odiar profundamente a España". Por su parte, Pisarello ha señalado a Abascal por reunirse con "los carniceros de Ráfah". Palabras que ha pronunciado justo después de escuchar, según ha manifestado el diputado de Sumar, que lo llamaran "sudaca" desde la bancada de Vox. Ante el cruce de insultos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido "respeto" hacia la ciudadanía ya que "es un espectáculo que la gente no merece". Después, el pleno ha tenido que paralizarse unos minutos antes de la intervención del diputado del PSOE Artemi Rallo, que ha cargado contra Vox llamándoles "filonazis que se reúnen con Netanyahu".
Este jueves, el Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley de amnistía por mayoría con 177 votos a favor, 172 en contra y 0 abstenciones. Esta votación levanta el veto del Partido Popular en el Senado, que intentaba retrasar la aprobación del texto lo máximo posible. Con ello, la amnistía ha superado su trámite parlamentario y, a partir de ahora, la última palabra la tendrán los jueces.
Un pleno en el Congreso lleno de choques entre partidos y mucha tensión. Por un lado, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián han dejado claro que la siguiente parada después de la amnistía es el reconocimiento nacional de Cataluña con el referéndum. Asimismo, el debate ha terminado con un encontronazo entre Sumar y Vox por las palabras de Abascal sobre el portavoz adjunto de Sumar, Gerardo Pisarello. También ha sido tensa la intervención del diputado socialista Artemi Rallo, con interpelaciones directas al líder popular, Feijóo.
Después de la aprobación de la norma, las comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Aragón y Castilla-León preparan un recurso al Tribunal Constitucional. Este anuncio lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso antes que la cúpula del partido.
Asimismo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con los fiscales del juicio del 'procés'. Estos lo tienen claro, la malversación no se puede amnistiar y si se puede perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos. También consideran que las medidas cautelares de detención no deben levantarse.
Pero nos preguntamos: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Todo empezó tras los resultados de las elecciones del 23 de Julio, en las que el PP obtiene el mayor número de escaños. Sin embargo, para ser investido Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes una amnistía: la aprobada hoy. Sin embargo, los antecedentes se remontan a 2019 cuando el PSOE reconoce la existencia de un conflicto político y pacta la creación de una mesa de diálogo y dos años después anuncia los indultos.
El diputado del PNV Mikel Legarda, ha abogado en el pleno del Congreso en el que se aprobará definitivamente la ley de amnistía tras vetarla el Senado, que es "preciso cerrar un ciclo político traumático" y ha instado a evitar en un futuro próximo que pueda "agravarse la situación con condenas en procedimientos judiciales". Considera que se ha producido una "grave crisis constitucional entorno al derecho a decidir con el trasfondo de distintos sentimientos nacionales" que fue tratada por el Estado, según a afirmado, como "un problema de orden público". Cree que ha llegad el momento de que desde el Estado "se afronte la situación" con "nuevos puntos de vista". Foto: EFE/ Kiko Huesca.
- Se han reunido con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el día que se ha aprobado la ley de amnistía
- Los fiscales han explicado que las medidas cautelares y órdenes de detención no pueden ser alzadas
El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha asegurado durante el pleno del Congreso para la aprobación de la ley de amnistía este jueves que es "hora de desembarrar", ve una "oportunidad" de crear "un clima de confianza y respeto" para "abordar la cuestión territorial del Estado, y ha advertido que el conflicto político "sigue encima de la mesa", pero se puede "abordar como en cualquier democracia, mediante el diálogo y la negociación". EFE/ JJ Guillen.
Hoy, el Congreso afronta la votación definitiva de la ley de amnistía. Si recibe los apoyos suficientes, como está previsto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor. Su aprobación deja abiertas preguntas como el impacto que puede tener al futuro más inmediato de esta ley y de los encausados por el procés. En las mañanas de RNE, Joaquín Giménez, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha explicado que hoy es un día histórico: "La amnistía lo que ha conseguido, o la intención que tiene, es cierta pacificación. De alguna manera, hay datos empíricos como son los resultados de las elecciones en Cataluña que lo acredita".
Para Joaquín Giménez, esta norma ha nacido con un doble objetivo que no son excluyentes uno de otro. Por un lado, para la pacificación de un conflicto y, por otro, por la necesidad de votos de Pedro Sánchez para ser investido como presidente.
Asimismo, para el exmagistrado es previsible que la aplicación de la ley de amnistía tenga que ser "caso por caso", ya que no hay ningún automatismo. "El hecho de que se apruebe va a suponer que tenemos un nuevo instrumento jurídico. Es el Tribunal Constitucional quien tendrá que decidir si es o no constitucional", ha afirmado Giménez.
En las mañanas de RNE, también hemos contado con Enrique Gimbernat, catedrático emérito de derecho penal, quien ha afirmado que la publicación de la ley de amnistía en el BOE "todavía no supone la amnistía para nadie", ya que la norma será aplicada por los tribunales. Según el catedrático, el Tribunal Supremo tiene dos posibilidades: "Plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o una cuestión de inconstitucionalidad. Ambas actuaciones supondrían la suspensión de la aplicación de la amnistía".
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