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Ocho presidentes autonómicos de comunidades con población envejecida y dispersa se han unido en Santiago, en Galicia, para reclamar al Gobierno un sistema de financiación equitativo que no sólo tenga en cuenta cuánta gente vive en cada región, sino también lo que cuesta garantizar los servicios públicos a sus ciudadanos. Se trata de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Extremadura, que la sanidad es más en zonas más envejecidas, con más gasto en dependencia o farmacéutico, o que una escuela rural para cuatro niños es mucho más difícil de mantener que las que hay en una gran ciudad con mucha población.