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El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos.La medida va a entrar en vigor el sábado y el Gobierno espera contar con un amplio apoyo parlamentario para convalidar el real decreto.

Los continuos cambios en la cuestión de las hipotecas también se han notado en la Bolsa, que ha registrado un repunte con respecto a las jornadas anteriores. Los más de 5.000 millones de capitalización que perdieron las entidades cotizadas se han visto en parte recuperados, aunque las subidas se han enfriado tras confirmarse el cambio en la ley para que los bancos paguen el impuesto.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en el congreso, Adriana Lastra, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "todos estamos un poco desconcertados" por el fallo del Tribunal Supremo respecto al pago del impuesto de las hipotecas, un cambio de criterio que califica de “inexplicable”. "Los trabajadores fueron solidarios con el sistema financiero, al que se le inyectaron 77.000 millones de euros cuando estaba pasando por una gran crisis hace ya una década”, ha subrayado Lastra, quien se ha mostrado "convencida" de que el Consejo de Ministros tomará medida tras esta decisión del TS.

Los partidos políticos de la oposición han criticado la decisióndel Tribunal Supremo que establece que es el cliente quien paga el impuesto sobre las hipotecas rectificando así su propia jurisprudencia y han advertido de que el daño a la Justicia es "irreparable", mientras que el Gobierno por el momento se ha limitado a señalar que va a analizar su impacto, según han señalado fuentes de Moncloa. Podemos e Izquierda Unida han sido los primeros partidos en rechazar de forma contundente la decisión del Tribunal al considerar que la justicia ha quedado en entredicho. También el PP y Ciudadanos han criticado el fallo del Tribunal Supremo, que el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro considera "difícil de entender", mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tachado la decisión de "incomprensible".

José María Fernández Seijo, magistrado de lo mercantil y el primer magistrado que consultó a Luxemburgo en un tema relacionado con las cláusulas suelo, ha lamentado que la decisión que ha tomado el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo este martes se haya resuelto “en la zona de penaltis porque el derecho debería imponerse por razones y por argumentos y no por votaciones ajustadas por circunstancias como las que hemos conocido en estos días”.

Según Fernández Seijo, “la situación es un tanto chocante porque tenemos un reglamento que durante unos días ha quedado derogado y creo que eso ha provocado, además de una insatisfacción social muy grande, cierta incertidumbre jurídica”.

“Lo razonable hubiera sido que se hubiese producido al revés, es decir, que este pleno se hubiese celebrado antes del día 16 y que por lo tanto la decisión del Supremo hubiese sido mayoritariamente adoptada por todos los magistrados”, ha explicado en el programa La Tarde en 24 Horas.
 

El Tribuanl SUpremo sigue dividido sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. En el segundo día de reunión, los magistrados siguen sin ponerse de acuerdo sobre si le corrresponde al banco, como decretó en la última sentecia, o debe ser el cliente, como había mantenido hasta ahora. El Gobierno se prepara ya para posibles reclamaciones.

A la espera de lo que dicte el Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, los bancos asumen que serán ellos los que tengan que pagar a partir de ahora esa tasa, pero cruzan los dedos para que no haya una sentencia con efectos retroactivos. La factura a pagar en el peor de los casos podría ascender hasta los 16.000 millones de euros, según Moody's, aunque los subinspectores de Hacienda elevan esa cantidad hasta los 30.000 millones de euros. De confirmarse la retroactividad, podría tener efectos inmediatos en los balances de los bancos y también en las cuentas públicas y en el déficit de las comunidades.

La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo (TS), que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Así, los magistrados decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas.

Los grandes bancos europeos mantienen un nivel de capitalización suficiente para capear un hipotético escenario económico adverso en los próximos años, según han determinado los test de estrés publicados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), los más exigentes desarrollados hasta ahora. Ninguna de las 48 entidades analizadas -33 de ellas de la zona euro- bajaría del umbral del 5,5% de capital de calidad exigido en caso de que el producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) se desviara un 8,3% respecto a las previsiones para 2020.