Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel, comparece hoy en el Senado para defender los derechos de las víctimas de derechos violentos. Todo a raíz de la posible grabación de una serie, un 'true crime', sobre el caso de su hijo. Quiere exponer las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada. En las mañanas de RNE, Antonio Muñoz Vico, presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha explicado que en estos casos entran en conflicto múltiples derechos como el de la información, el de entretenimiento y el de libertad de expresión con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los implicados.
"Lo que dice la Constitución española es que tiene que ser un juez quien pondere qué derechos deben prevalecer caso por caso y atendiendo las circunstancias que concurren", ha asegurado el presidente de la sección de Derecho y Cultura del Colegio de la Abogacía de Madrid. Asimismo, ha subrayado que en el año 2010 se realizó una reforma de la ley con el objetivo de proteger la dignidad de las víctimas. Sin embargo, para él es vital que se desarrolle un debate ético y una reflexión profunda sobre ello.
"Existe la posibilidad de interponer lo que se llama medidas cautelares para que un juez pueda decidir si con los indicios que existen se puede paralizar o no un post, una película, un documental o un libro", ha comentado Antonio Muñoz Vico.
Valores como el respeto y la solidaridad son fundamentales en un deporte como el rugby. Por eso, en algunas prisiones de nuestro país llevan más de una década practicándolo. Para muchos internos, se ha convertido en su principal motivación. Estos días han jugado el primer torneo entre cárceles
El rugby no es un deporte tan violento como parece. Transmite valores como el respeto y la solidaridad. Por eso desde 2011 se imparte en algunas prisiones de nuestro país y para muchos internos se ha convertido en su única motivación. Este fin de semana, algunos de ellos han salido de prisión para celebrar el primer torneo entre distintas prisiones de España
Elisa Abruñedo, una mujer de 46 años de Lavandeira, Coruña, salió a pasear por las pistas forestales de su aldea el 1 de septiembre de 2013. Casi al lado de su casa, fue violada y asesinada por un hombre que no dejó apenas rastro. El equipo de audio digital de RNE y RTVE Noticias ha tenido acceso al sumario de este caso y reconstruye en este capítulo de ‘Esto merece una explicación’ el trabajo que, durante una década, ha realizado la Guardia Civil. Con el sargento Marcos García, Grupo de Delitos contra las Personas de la Comandancia de Coruña y con el comandante de la UCO (Unidad Central Operativa), Víctor Souto, repasamos cómo fueron avanzando en una investigación que ha tenido tres elementos clave: el coche que vio un testigo, el rastro de ADN que localizaron en el cuerpo de la víctima y los árboles genealógicos familiares que estudiaron para localizar a todos los hombres vivos que había en una determinada zona de la provincia. Durante meses, trabajaron con el archivo de la catedral de Mondoñedo, en Lugo, hasta localizar a Roger Serafín Rodríguez, detenido por el crimen en octubre de 2023. Adrián Fernández Abruñedo, el hijo de la víctima, recuerda cómo pasó todo y nos cuenta las dificultades de vivir durante una década sin saber quién mató a su madre. Su abogada, Beatriz Rubín y el abogado defensor del presunto asesino, Juan Pablo Barros, miran hacia la parte del caso que aún está por escribir: el juicio y la condena definitiva. ‘El asesino de Elisa: historia de una búsqueda’ tiene guion de Laura Madrid y realización de Juan Luis Martín.
Hoy en Por tres razones conocemos a un grupo de presos de la Prisión Provincial de Huelva que sale dos días de la cárcel para peregrinar a El Rocío. La Asociación Rociera "La Libertad" organiza un año más esta actividad, y ya van veinticinco, enfocada a la reinserción, en la que participan catorce reclusos. Hablamos con uno de los organizadores de la peregrinación y fundador de la asociación Pablo Sánchez.
Los funcionarios de prisiones se concentrarán hoy a las puertas del Palau de la Generalitat para exigir una reunión con el president Aragonès. Las concentraciones se dan una semana después del asesinado de Nuria, una cocinera de la prisión de Tarragona a manos de un preso. En Las Mañanas de RNE hablamos con Joaquín Leyva, portavoz ACAIP-UGT, (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias): “Ha ocurrido en Cataluña como podría haber ocurrido en cualquier prisión del Estado”.
Hablamos sobre la situación de las cárceles en nuestro país, en las que la violencia ha aumentado estos últimos años pese a tener menos población reclusa: “Tanto en el 2022 como en 2023, hemos tenido los años de mayor agresividad. Tanto hacia los trabajadores como entre los propios internos", cuenta Leyva, y añade que esto se debe a que “tenemos una política que atiende demasiado al maquillaje estadístico y que olvida un tratamiento personalizado hacia los internos [...] No tenemos una clasificación interior acorde realmente a la conflictividad y a la peligrosidad de los internos”. Leyva insiste en la importancia del "tratamiento individual" del preso.
El portavoz de ACAIP-UGT apunta que el 15% de la población reclusa provoca el 90% de los incidentes: “Esto que ha ocurrido es una línea roja que se ha traspasado y debe suponer un punto de inflexión para que se tomen realmente en serio, las medidas jurídicas y que los trabajadores penitenciarios seamos considerados agentes de la autoridad”.
Joaquín Leyva también denuncia el déficit de médicos en las prisiones y el número de internos por celda: "Las estadísticas de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias marca como normal que haya dos internos por celda cuando la ley dice expresamente que debe haber uno y excepcionalmente dos. Tenemos módulos con 72 celdas y con 130 o 140 internos. Evidentemente, el hacinamiento también provoca conflictividad. Así son imposibles las labores de reeducación y reinserción".
Hoy ha habido una nueva jornada de protestas de los funcionarios de prisiones en las cárceles catalanas. Los trabajadores exigen mejoras en la seguridad y que no se repitan las circunstancias que permitieron el asesinato de Nuria, una trabajadora de la cocina de Mas d'Enric. Montserrat Tura, ex consejera de Interior y Justicia de la Generalitat de Cataluña, ha expresado en 24 horas de RNE que nunca había sucedido un hecho de estas características. Gemma Ubasart, actual consejera de justicia, ha anunciado hoy medidas como un mayor control en las cocinas y más vigilancia. "La seguridad debe garantizarse en todo momento. Pero es evidente que en la cocina habrá siempre instrumental que pueda usarse a efectos no culinarios. Y ahí hay que basarse en la confianza y en un sistema que, hasta ahora, había funcionado", ha declarado Tura.
Tura ha señalado que la Generalitat tiene la competencia de garantizar que el sistema de selección y de seguimiento de los presos, que se destinan a determinados trabajos, sea muy metódica: "Tienen que establecer sistemas no solo de formación, sino también de seguridad y de disciplina. Lo que busca el sistema penitenciario, al menos el catalán, es la balanza entre la reeducación, la disciplina y el respeto a la normativa".
Sobre las protestas de los funcionarios de prisiones, Montserrat Tura ha afirmado que le cuesta entender que no utilicen el sistema de protesta habitual: "Podrían declararse en huelga sin necesidad de bloquear la entrada y la salida porque lo que están haciendo con eso es vulnerar los derechos que tienen los presos". Ha concluido la entrevista insistiendo en que se debe garantizar "la seguridad, la reeducación y la reinserción", ya que "una cosa no debe hacer abandonar la otra".
En Cataluña, sigue el bloqueo en las cárceles por cuarto día consecutivo tras la muerte de una cocinera, asesinada por un preso. Hay 4.000 internos confinados.
Tras el gabinete de crisis, la Generalitat emplaza a los sindicatos a sentarse a negociar. Ofrece aumentar la plantilla con más de 700 efectivos en los próximos meses y de forma inmediata, pero los trabajadores de prisiones quieren más.
Foto: Marc Trilla / Europa Press
