El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, se han reencontrado este miércoles en Waterloo (Bélgica), después de casi cuatro años de la última vez que se vieron de manera presencial, un tiempo en el que han exhibido sus diferencias y los partidos que lideran han chocado constantemente.
En concreto, la última vez que coincidieron fue el 27 de octubre de 2017, cuando Puigdemont declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña, que inmediatamente dejó en suspenso. Tres días más tarde, el expresidente huyó a Bélgica y Junqueras ingresó finalmente en prisión, de la que ha salido gracias al indulto del Gobierno a los presos independentistas.
La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, dice que el Gobierno tendrá que estudiar si el fondo que pretende crear la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas tiene una base jurídica real: “Solo podrá aceptar si tiene base jurídica real”. Dicho esto, insiste en que todo el conflicto con la Generalitat debe solucionarse por la vía política: “Todo lo que vaya encaminado a avanzar hacia la vía política, el diálogo y la desjudicialización es un buen paso, pero si tiene las garantías jurídicas”. Añade que, en todo caso, que el Tribunal de Cuentas es un órgano controlado y que “no está renovado por culpa de la derecha”. Con respecto a la solución del problema con Cataluña, apuesta por dialogar y dar pasos hacia adelante, “convirtiendo a Puigdemont en parte de la solución”. Ha sido muy crítica con la justicia en lo que se refiere a la sentencia del Supremo que la condena por su participación en la protesta por un desahucio en Madrid. “Se me condena sin pruebas y con acusaciones falsas. Tenemos un problema con la justicia. Esta sentencia no solo me hace daño a mí, sino a las instituciones, a la democracia y a los jueces que hacen bien su trabajo”. Confirma que recurrirá ante el Tribunal de Estrasburgo. Isa Serra defiende avances del gobierno de coalición como la ley ’trans’ o la del ‘solo sí es sí’, pese al debate que ha requerido y llama la atención sobre los “discursos de odio” que, considera, lanza la extrema derecha. En este terreno, sobre el asesinato de Samuel Luiz, asegura: “Los discursos de odio que está llevando a cabo la extrema derecha profundizan en ese problema y tienen efecto sobre las agresiones. Estamos viendo un aumento de la violencia y tiene que ver con esos discursos”
El sector de l'oci nocturn avisa que recorreran les mesures dictades pel govern per tal de contenir l'expansió del virus. El govern ha decidit tancar els espais interiors de les discoteques. A l'exteror amb més de 500 persones dretes o amb pista de ball caldrà control d'accés, test d'antígens o certificat de vacunació i s'haurà de mantenir la mascareta posada. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, adverteix als organitzadors de festivals d'estiu després que al Vida, no es complissin les mesures de seguretat. Catalunya intenta accelerar la campanya de vacunació, a partir d'avui també s'inocularan dosis en busos i camions del Banc de Sang i Teixits en una campanya dirigida als majors de 40 anys.
L'executiu crea fons de riscos de la Generalitat que el govern ha decidit crear per cobrir les fiances que se'ls imposin als càrrecs públics per actuació en el marc de les seves funcions. El Diari Oficial de la Generalitat publica ja la creació d'aquesta figura amb la què es cobriran els prop de cinc milions i mig d'euros que el Tribunal de Comptes demana a una trentena d'ex càrrecs per promoure el procés a l'exterior. El govern central estudia si és legal.
I avui una de les imatges més significatives de la política serà el retrobament d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont a Waterloo.
El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a 42 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el tribunal contable, a la que ha tenido acceso RTVE, una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.
La cantidad más importante recae en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha reclamado este martes un total de 5.422.879,48 euros a más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos a las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, con dinero público.
La cantidad más importante recae en el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al también expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros. Foto: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ
El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, defiende que estamos en un momento en el que la democracia debe ser generosa para cerrar la brecha con Cataluña. Apuesta por dar pasos que permitan la vuelta del ex presidente catalán, Carles Puigdemont: “Habrá que buscar una solución similar como la de los indultos. Estoy seguro de que con voluntad política se podría buscar una salida para que ese grupo de personas pueda regresar y sean parte de la solución y no parte del problema”. En ese sentido, añade: “Se habla mucho de la regulación de algunos tipos de delito, como el de sedición. Si eso se moviera, podríamos buscar resquicios”. Sobre el encuentro de esta tarde de Sánchez y Aragonés dice que lo importante es que será el inicio de muchas más reuniones. “El hecho de empezar el diálogo es una gran noticia, pero de hoy no saldrá más allá que un calendario de reuniones y la expresión de una voluntad política de ambas partes. Con el dialogo todo es posible”. Ante la decisión de hoy del tribunal de Cuentas habla de decisiones poco adecuadas y sobre el futuro del País Vasco insiste en que van a defender más autogobierno y de más calidad: “Hay que buscar otro modelo de relación del Estado con las naciones que cobija”. Por último, se muestra dispuesto a negociar con el Gobierno los futuros presupuestos: “Nosotros siempre hacemos de la negociación un valor”
Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, ha negado conocer el contenido de los escritos del ministerio de Justicia sobre los presos, pero ha imaginado que "se basan en un razonamiento sobre su autoridad pública". "La ley no exige que se pruebe la autoridad pública para conceder un indulto, pero la jurisprudencia sí exige que al menos haya una motivación del indulto", ha indicado en 24 horas de RNE. También ha señalado la dificultad de probar el interés legítimo de algunos partidos políticos en que miembros de otros partidos estén en la cárcel: "Vox, al ser acusación popular, quizá tenga más posibilidades de que se admita su recurso, pero los de Cs y PP no tienen interés legítimo y dudo que se acepten".
La reforma del delito de sedición sería el escenario más favorable para Carles Puigdemont, aun sabiendo que, si pone un pie en España, será llevado ante la justicia, ante el instructor de la causa del ‘procés’, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Fuentes jurídicas recuerdan que, al no gozar en España de inmunidad, será detenido en todo caso y el juez valorará si lo envía a prisión preventiva. Podría evitar ir a prisión, si en ese momento el delito de sedición ha sido reformado ‘a la baja’ en el Código Penal y, por ello, no se enfrentan a penas de cárcel muy elevadas. En la misma situación se encuentran el resto de fugados de la justicia, los exconsejeros catalanes Toní Comín, Lluis Puch y Clara Ponsati.
Informa Teresa Coto.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este jueves los indultos a los presos del 'procés' y el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, porque esto supondría, en su opinión, acabar con la judicialización.
No ha opinado lo mismo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien recuerda que tienen causas pendientes: “El señor Puigdemont, cuando venga a este país, tiene que ser puesto a disposición de la justicia”.
Las palabras de Belarra han sido muy criticadas en el PP. "Que nadie se eche las manos a la cabeza cuando desde Unidas Podemos hagan la reivindicación de delincuentes porque forma parte de su seña de identidad”, ha dicho el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Mientras, el presidente catalán, Pere Aragonès, asegura que con los indultos no se acaba el problema de los presos.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido este jueves el regreso a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, porque esto supondría, en su opinión, acabar con la judicialización: "Que ellos puedan regresar es normal, no es normal que no estén en España", ha señalado en una entrevista en Rac 1. Foto: EFE/Jero Morales
