Arranca la segunda sesión del juicio de la trama Gürtel, el relacionado con el montaje del stand de Fitur. A la entrada, uno de los acusados, Pablo Crespo, ha asegurado a RNE que tiene pruebas que demuestran que los informes policiales son falsos.
La Fiscalía ha solicitado la declaración de un nuevo testigo en el juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur, mientras que las defensas de algunos de los trece acusados han reclamado la anulación del mismo.
Concretamente lo piden por vulneración de derechos fundamentales, detenciones ilegales, intervención de comunicaciones telefónicas, derecho a la intimidad y vulneración del derecho de defensa.
En la primera sesión del juicio, que previsiblemente se extenderá hasta octubre, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado la declaración como testigo de Juan Carlos Rincón, trabajador de Orange Market en "la primer época", en 2005, que podría aportar información relevante respecto a la organización de la presencia de la Comunitat Valenciana en Fitur.
Juicio por los contratos de la Generalitat valenciana con la red Gürtel para Fitur. En el banquillo, excargos del Govern y Francisco Correa. Su defensa pide la suspensión de la vista por vulneración de derechos fundamentales (31/03/15).
Se Inicia en los juzgados de Valencia el juicio por una de las ramas de la trama Gürtel. Entre los acusados, las exconsejeras, Milagrosa Martínez y Ángelica Such. A la llegada Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red, ha insistido en que son inocentes y en que todo esto obedece a una operación política.
El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009, durante el Gobierno de Francisco Camps, empieza este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el 8 de octubre.
Trece procesados, entre ellos dos exconselleras y los supuestos cabecillas de la trama, se sentarán en el banquillo de los acusados en el que supone el segundo juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se celebra en la Comunitat, tras la denominada "causa de los trajes", en la que se absolvió a Camps y Ricardo Costa.
Esta es, además, la primera de las seis piezas separadas sobre supuesta financiación irregular del PPCV que llega a juicio, y posiblemente la única que se juzgue en el TSJCV, ya que en las cinco restantes el alto tribunal valenciano ha pedido que lo haga la Audiencia Nacional, al no quedar aforados en ellas.
El juez Pablo Ruz ha cerrado el caso Bárcenas con un auto en el que da por acreditada una caja B en el PP, al que considera responsable civil subsidiario, y propone que se juzgue a seis personas, entre ellas los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez (23/03/2015)
La Agencia Tributaria considera "acreditado" que no existe delito fiscal en las supuestas donaciones irregulares al PP en 2008, al considerar que están exentas de tributar al ir destinadas a actividades de partido.
En el informe enviado al juez Pablo Ruz, Hacienda ha remitido a petición del instructor de Gürtel dos simulaciones ficticias sobre a cuanto ascendería el presunto fraude fiscal en el impuesto de sociedades y lo cifra en uno de los cálculos en más de 220.000 euros.
El juez Pablo Ruz ya tiene sobre la mesa el informe que solicitó, hasta en dos ocasiones, a la Agencia Tributaria sobre las donaciones que recibió el PP en el año 2008. Este martes terminaba el plazo para presentarlo. Según ese texto la formación podría haber defraudado más de 200.000 mil euros, es decir, 100.000 mil más de lo que se fija como mínimo para cometer delito fiscal. Sin embargo Hacienda puntualiza que no está de acuerdo con los criterios que marca el juez para establecer ese delito. Insisten que no hay obligación de tributar por las donaciones porque se destinó a actos del propio partido (17/03/15).
Pedro Sánchez asegura que si la Agencia Tributaria no presenta este lunes el informe que le ha solicitado el juez Ruz sobre los papeles de Bárcenas, pedirá una segunda reprobación: la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
