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El Gobierno indulta este martes al exconcejal del PP tras serle saldada la pena de cárcel. José Luis Peñas ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que había pedido este tipo de indulto porque quiere seguir "trabajando de funcionario". Peñas dice no arrepentirse de nada tras diecisiete años tras grabar en secreto a Francisco Correa, lo que permitió a la Policía desarticular la trama Gürtel: "No me arrepiento. Tenía mi verdad que siempre he mantenido", ha asegurado en RNE.

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación del montaje de un expositor en Fitur en 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel'.

FOTO: Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar

El Gobierno se abre ahora también a reformar el delito de malversación. Este es el que más afecta a los condenados por corrupción, pero ¿qué castiga exactamente? En la actualidad, la malversación castiga a una autoridad o funcionario público que se apropia para sí o para un tercero de patrimonio público. Está castigado con penas de prisión de entre dos y seis años y de inhabilitación de entre seis a diez, pero cuando el desvío es de más de 50.000 euros, se pena con cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años. Este delito ya fue modificado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta ese momento se exigía que el dinero desviado fuera para la propia persona o para terceros, pero ese matiz se cambió y ahí estaría el meollo de esta reforma. El Código Penal o la Constitución obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación y como consecuencia se tendría que revisar cientos de sentencias como el caso del ‘Procés’, el caso de los ERE, el caso Gürtel o el caso Nóos.

Informa Gema Alfaro