La jueza del caso 8M archiva la causa contra el Delegado del Gobierno porque no aprecia indicios de que José Manuel Franco conociera el riesgo sanitario para las personas al permitir las manifestaciones -- El número de personas fallecidas por coronavirus se ha duplicado en las últimas 24 horas. Según datos de la Consejería de Sanidad son 8. También sube el número de contagios hasta 76, cuatro más que ayer. Enrique Ruiz Escudero ha avanzado que Madrid pedirá el cambio a la fase 3 el próximo lunes 22, un día después de finalizar el estado de alarma.
La jueza del caso 8M archiva la causa contra el Delegado del Gobierno porque no aprecia indicios de que José Manuel Franco conociera el riesgo sanitario para las personas al permitir las manifestaciones....
La juez que ha investigado la manifestación del 8M ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Dice la magistrada que no existe el delito de prevaricación porque el delegado no contaba con ningún dato sobre posibles riesgos para la salud,
Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha criticado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que el protocolo presentado por el ministerio de Educación para la vuelta a clase — “inocuo, evidente y con 14 buenas intenciones obvias” — obligue a guardar la distancia de seguridad de metro y medio entre alumnos y no tenga en cuenta la situación epidemiológica del país en septiembre. Ossorio cree que esa medida platea un problema “de dinero y espacio”, supone “revolucionar las aulas y es imposible de cumplir de cara a septiembre”, aunque matiza que si hay un real decreto ley que obliga a ello, “la Comunidad de Madrid lo cumplirá”. “Dejemos abierta la distancia en función de las circunstancias que se den en septiembre. Porque puede que tengan razón, pero, ¿y si no hace falta? ¿Para qué vamos a montar esta revolución en la educación? ¿España está para gastar dinero innecesario?”, ha declarado.
Continúa la polémica sobre las residencias de ancianos en Madrid. La oposición ha cargado contra el ejecutivo madrileño por la gestión de estos centros donde han fallecido casi 6.000 personas. La presidenta Díaz Ayuso ha defendido que se realizaron 10.600 traslados a hospitales y ha anunciado una investigación interna .
La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tomado declaración a trabajadores de la Delegación y otros convocantes de actos en esas fechas. Varios de estos han matizado el informe de la Guardia Civil, como un representante de Forum Filatélico que dice que el 6 de marzo fue cuando recibió el permiso de la Delegación y no cuando canceló la manifestación ante la gravedad de la situación. Otros, como un representante de CGT Amazon decidieron no celebrarla tras recibir una llamada de la Delegación "creo que el 11".
El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) al 'fondo buitre' Fidere/Blackstone.
En el auto, los magistrados desestiman el recurso de casación que presentó el 11 de diciembre de 2019 la concejal socialista Mercedes González contra la resolución del Tribunal de Cuentas.
La sentencia inicial consideraba probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas pública por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado, generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros. Los vecinos afectados, a los que Fidere había subido el alquiler, mostraron entonces su satisfacción.
Sin embargo, esta sentencia fue revocada con los votos de dos consejeros de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas: Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Botella; y José Manuel Suárez, ambos nombrados a propuesta del PP. El tercer consejero, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE, votó en contra.
Con el fallo de este jueves del Supremo se cierra la posibilidad de reclamar responsabilidades a la exalcaldesa por la venta de la vivienda pública.
Todas las comunidades autónomas, menos Madrid y el País Vasco, aplicarán el acuerdo de 14 puntos que ha propuesto el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas de los niños el próximo curso, según ha informado este jueves en rueda de prensa la titular de Educación, Isabel Celaá, tras su reunión de manera telemática en la Conferencia Sectorial con los consejeros del ramo.
En la reunión telemática, Celaá ha presentado un documento con medidas para implantar en los centros educativos frente a la pandemia del coronavirus, entre las que está que en los primeros cursos de Primaria los alumnos no tendrán que mantener la distancia interpersonal de metro y medio, ni usar mascarillas en clase, porque formarán grupos estables de convivencia con entre 15 y 20 menores.
Celaá ha reiterado que la vuelta al cole se producirá en septiembre en las "fechas habituales", con actividad presencial como "principio general" y tendrá la duración habitual, de 175 jornadas lectivas.
Reunión en el ministerio de Educación. La ministra Celaá explica a las comunidades el plan de retorno a las aulas el próximo curso. La comunidad de Madrid dice que es inasumible. La vuelta al colegio en septiembre será sin mascarilla ni distancia mínima para los alumnos menores de 10 años, y para el resto bastará metro y medio. Es la propuesta del Ministerio.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no ha habido "ni una orden pública ni política" que haya denegado el traslado de ancianos desde las residencias de mayores o desde sus domicilios hacia los hospitales durante la pandemia y ha acusado a la "izquierda" de hacer "escarnio político" en lugar de buscar la verdad.
Ayuso se ha sometido a las preguntas de la oposición en la Asamblea de Madrid. PSOE, Vox, Podemos y Más Madrid se han referido a las noticias de las últimas semanas que apuntan a un protocolo, que el gobierno regional califica como "borrador" emitido "por error", para no derivar ancianos con determinadas complicaciones a los hospitales.
El delegado del Gobierno en Madrid ha declarado este miércoles ante la juez que instruye el caso sobre las marchas del 8M y que investiga si José Manuel Franco cometió prevaricación al no prohibirlas. Él sostiene que cumplió con la ley.
Ha declarado que él no tiene competencia en materia de Sanidad, sino solo en Seguridad Ciudadana, y ha afirmado que no puso en peligro la vida de nadie, porque, a principios de marzo, no había recomendaciones de los expertos que permitiesen limitar un derecho fundamental como el de manifestación.
Además, Franco ha señalado que los contagios se dispararon el 9 de marzo y que, con el tiempo de incubación de la enfermedad, es imposible que se produjesen durante la manifestación del 8M.
En el Juzgado de Instrucción Número 51 de la capital, también han declarado tres funcionarios de la Delegación de Gobierno en calidad de testigos.
Galicia, que está en la Fase 3 de la desescalada, se plantea pasar a nueva normalidad el próximo lunes. Será el viernes cuando lo decida. Madrid y el área metropolitana de Barcelona han decidido no pedir pasar a Fase 3 el próximo lunes. Esta tarde han comenzado las reuniones del ministro de Sanidad con las comunidades para estudiar sus peticiones.
El delegado del Gobierno en Madrid defiende que actúo con arreglo a la ley y de acuerdo a la opinión de los expertos. También ha recordado que había otro gran número de eventos en Madrid y ha mostrado su desacuerdo con el informe elaborado por la Guardia Civil.
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