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El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decidido adoptar medidas para impedir concentraciones destinadas al consumo de alcohol en la vía pública en todo el municipio, tras los sucesos del pasado fin de semana, en los que cientos de jóvenes atacaron a agentes de Policía (09/09/09),.

La decisión de la jueza de poner en libertad sin cargos a los 13 mayores de edad que fueron detenidos ha levantado críticas. La presidenta Esperanza Aguirre dice que se ha dado una imagen de impunidad y que los padres deben pagar los gastos de todos los daños. Unos daños que todavía no se han terminado de evaluar. En el hospital Gregorio Marañón, David ha tenido que volver a ser intervenido de un ojo. Es la tercera intervención en un mes. El 10 de agosto llegó con una grave herida ocular por los golpes que le dió un compañero de clase. Le operaron el ojo sano. (08/09/09)

  • La presidenta madrileña pide "medidas oportunas para castigar a los responsables"
  • "En algún periódico se habla de que cuesta 30 euros pegar a un policía", dice Aguirre
  • A su juicio, "hay que enseñar a los jóvenes que la libertad es responsabilidad"
  • Sobre los menores: "Tendrán que ser sus padres los que paguen los platos rotos"
  • Rubalcaba confía en la acción de la Justicia y anuncia mayor presencia policial en las fiestas
  • Tras los altercados en Pozuelolos detenidos salieron este martes en libertad 

Un pequeño incendio en una habitación de un hotel en Madrid ha obligado a desalojar a cerca de 200 personas, aunque sólo cuatro han resultado intoxicadas leves.

Regresa la normalidad a las calles de Pozuelo después de los disturbios del pasado sábado entre un grupo de violentos y la policía. "Había pocos policías", denuncian tanto testigos como fuentes del sindicato policial. (8/09/09)

  • Expertos analizan las causas sociológicas de los altercados en la localidad madrileña
  • La Policía estudia las imágenes tomadas desde la comisaría atacada por los violentos
  • Se cree que los enfrentamientos empezaron debido a un consumo masivo de alcohol
  • La investigación apunta a que los responsables no fueron grupos organizados