La comunidad de cristianos de base ha entregado una carta a la Conferencia Episcopal pidiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. "Decimos a los obispos que basta ya de llegar tarde. Tienen que dar pasos adelante", dice Juan Ignacio Cortés, de Alandar, una de las asociaciones que ha promovido la carta, firmada además por un centenar de asociaciones más y por 1.200 personas a título individual. Reclaman transparencia y que las víctimas sean situadas realmente en el centro, y siguen reivindicando otro modelo de Iglesia: "Pedimos una Iglesia participativa, democrática, de iguales", insiste Raquel Mallavibarrena, de Redes Cristianas.
Tras el anuncio de la creación de una auditoría externa por parte de la Iglesia, entrevistamos en Las Mañanas de RNE a Luis Argüello, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, para hablar acerca de cómo afecta a las 1.246 víctimas reconocidas que, según ha explicado, tendrán que esperar a conocer la valoración de sus casos para saber si serán indemnizados o no. “Queremos que sean escuchados, rehabilitados y acompañados”, ha señalado Argüello y añade que más que una “indemnización económica” quieren ofrecer “apoyo” a las víctimas.
La auditoría, que ha sido asignada a un despacho de abogados, sigue generando desconfianza entre las víctimas. Consideran que, tras el anuncio del presidente calificándose como miembro del Opus Dei, no actuarán de forma transparente. Luis Argüello comenta que “el despacho fue quien eligió quienes participarían en el proyecto” y añade que lo harán “de la mejor manera posible”, como considera que llevan haciéndo “desde 2010”, cuando la legislación interna de la iglesia levantó el sentido de prescripción y amplió estos plazos, “antes de que cambiaran las leyes españolas”, ha añadido.
Las 70 oficinas creadas, una por cada diócesis, ofrecen una relación directa con las víctimas que allí quieran asistir a denunciar su caso. Sin embargo, y entendiendo que no todas querrán recurrir a estas vías, Luis Argüello anima a quienes no hayan verbalizado los abusos sufridos a que recurran a la auditoría externa para “dar voz a su sufrimiento” y para “permitir ser acompañados y escuchados”.
La Conferencia Episcopal ha dado los detalles de la investigación sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica que ha encargado a un despacho de abogados. Dan por hecho que tendrán que indemnizar a las víctimas y aseguran que colaborarán con los poderes públicos. La investigación durará doce meses y revisará todo el trabajo que las diócesis hacen, a través de sus oficinas de víctimas.
Foto: EFE/Diego Fernández
El Cardenal Omella ha anunciado que ya han comenzado los trabajos de auditoría de la conferencia episcopal para investigar los casos de abusos a menores por parte de la Iglesia: “Nos parece que tenemos que dar un paso más en el apoyo a las víctimas”, ha indicado en una comparcencia. La comisión está compuesta por 18 profesionales de un despacho de abogados, cuyo presidente se ha identificado como integrante del Opus Dei.
La auditoría estará encargada de estudiar los casos del pasado y del presente, sin establecer límites de tiempo, colaborando en todo momento con cualquier investigación pública. “No venimos a suplir, sino a complementar”, ha comunicado el presidente, que ha puesto ya en funcionamiento un correo electrónico para poner las denuncias.
Informa Minerva Oso.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) asegura que quiere dar "un paso más" en su "obligación de transparencia social" y en la "reparación" de las víctimas que sufrieron abuso sexual en el seno de la Iglesia, y afirma que esa es la razón por la que ha decidido encargar una auditoría independiente que investigue estos casos.
"La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado", asegura el presidente de la CEE, el cardenal Omella.
La Conferencia Episcopal ha anunciado que se someterán a una auditoria externa. Será una organización independiente y se encargará de revisar los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas, así como para colaborar con las autoridades para esclarecer los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Informa Minerva Oso.
La Conferencia Episcopal Española afirma que todas las investigaciones que haga el Poder Judicial sobre abuso sexual cometido en menores son “bien recibidas”. Los obispos creen que de esta forma se conocerá la extensión y la profundidad de estos abusos que atentan gravemente contra la dignidad de los menores. En los últimos 20 años, la Santa Sede ha investigado a 220 sacerdotes en España por este motivo. Sobre la creación de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados todavía no se ha pronunciado.
Informa Minverva Oso.
La inmatriculación de bienes de la Iglesia parte de la Ley hipotecaria de 1946, con la que se permitía a los obispos inscribir cualquier bien, en principio, no dedicados al culto, sin tener que demostrar su propiedad. Años después, en 1998, el Gobierno de Aznar reformó esta ley para incluir dichos bienes y, desde entonces, se han recogido cerca de 35.000 inmuebles inmatriculados por la Iglesia. Ahora, la Conferencia Episcopal ha reconocido un listado con apenas mil bienes, es decir, menos de un 3% de lo recogido por el gobierno hace un año.
Andrés Valentín forma parte de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. Desde ahí piden al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con la promesa que hizo cuando era candidato "articular medidas normativas para revertir estos bienes".
Desde la coordinadora estatal calculan que el total de inmatriculaciones recogidas desde 1946 ronda las 80.000 lo que, según estiman, superaría los 100.000 inmuebles registrados. Entre ellos se recogen desde plazas o parques, hasta viviendas, locales o templos. "No hay tipo de bien inmueble que no esté en el catálogo de los inmatriculados", ha señalado Valentín en Las Mañanas de RNE.
Todavía se desconoce qué ocurrirá con las inmatriculaciones reconocidas en caso de que no aparezca el auténtico titular. De momento, nada asegura que estos bienes vayan a ser devueltos a los ciudadanos. "El acuerdo alcanzado no va a cambiar nada", ha indicado Andrés Valentín como representante de la coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia. Quienes, según ha añadido, se sienten "defraudados por la falta de cumplimiento de compromiso" por parte del Gobierno.
