Acaba el recorrido político de la ley de amnistía, pero quedan incógnitas en su aplicación. Los jueces tienen dos meses para hacerlo desde que se publique, pero pueden plantear dudas ante el Constitucional o la justicia comunitaria. Los fiscales rechazan que se aplique para los casos de malversación. Lo más inmediato es alzar las medidas cautelares
¿Qué va a pasar con la orden de detención de Carles Puigdemont? Los jueces pueden levantarla de forma automática, pero también podrían posponerlo y preguntar a las partes. Otra de las dudas que es difícil responder es si Puigdemont puede quedarse fuera de la amnistía. Y cabe la interpretación. El Supremo le investiga por terrorismo en la causa de Tsunami y la ley excluye ese delito cuando provoca graves violaciones de los derechos humanos. También está procesado por malversación, algo que la ley deja fuera cuando hay enriquecimiento.
Ese punto puede afectar también a la inhabilitación de Oriol Junqueras y otros líderes independentistas condenados por el procés porque el Supremo ya dijo que en su caso hubo ánimo de lucro. Otro debate que se abre es el de los recursos ¿Recurrir paraliza la aplicación de la amnistía? Si lo hacen 50 diputados y senadores o las Comunidades Autónomas no, pero parcialmente sí cuando un juez pregunta por un caso concreto.
