El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la denominada Operacion Kitchen, el operativo que supuestamente se montó desde el Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz, para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
La iniciativa ha salido adelante con el voto en contra del PP, sólo secundado por Foro Asturias, mientras que Vox y Coalición Canaria se han abstenido. Tal y como proponían PSOE y Unidas Podemos, la Cámara investigará la presuntaa utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular.
Dentro de las horas de conversaciones que se le intervinieron a el excomisario José Manuel Villarejo, incluidos en el 'caso Kitchen', este lunes ha salido a la luz un diálogo entre el excomisario y el empresario Alberto Pedraza en el que hablan de preparar una operación contra Soraya Saénz de Santamaría. Villarejo presume también de la cantidad de "maldades" que le han encargado "para salvar el culo al Barbas", en referencia al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa del caso Kitchen, ha citado a declarar como imputado el próximo 30 de octubre al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los ministros más cercanos a Mariano Rajoy. El magistrado ha citado, además, al ex secretario de Seguridad Francisco Martínez para el 29 de octubre. De momento el juez decarta la imputación de la exministra de Defensa y ex número dos del PP María Dolores de Cospedal.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y otros cuatro directivos han sido detenidos en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la que se están llevando a cabo registros en las tres sedes de la entidad en Palma, Mahón e Ibiza. Se investigan presuntas irregularidades en contratos, licitaciones y adjudicaciones de amarres en la isla de Menorca.
El caso Dina sigue en el centro del debate político. Los partidos de la oposición piden a Iglesias que deje de atacar a la prensa y dé explicaciones sobre lo que pasó tras el robo del móvil a una de sus asesoras, e incluso piden a Sánchez que desautorice a su vicepresidente. Iglesias insiste en hablar de cloacas mediáticas y en acusarles de intentar dividir el Gobierno.
El excomisario Villarejo ha declarado desde la cárcel en el primer juicio a la llamada “policía patriótica” que investiga el origen de un pendrive con información de la familia Pujol. Ha reconocido que informó del dispositivo al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y al que entonces era número 2, Eugenio Pino. Villarejo ha asegurado que se hizo con el USB pagando dinero a un trabajador descontento de la agencia de detectives ‘Método 3’.
El movimiento contra la muerte de George Floyd está despertando conciencias en otros países. En México se ha conocido estos días la muerte de Giovanni López, presuntamente a manos de la policía, después de que lo detuvieran con violencia por no llevar mascarilla. Ocurrió hace un mes, pero se ha conocido ahora por un vídeo que grabaron sus familiares. Su caso no tiene tintes raciales, pero refleja otros males mexicanos como la corrupción o la impunidad y ha desatado una ola de indignación en todo el país.