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La número dos del PP ha denunciado que "se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario" judicial. "Y se hacen de manera ilegal, nos consta", ha puntualizado Cospedal, quien ha apuntado que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido "pinchado".

Un presunto caso de corrupción en la construcción del velódromo "Palma Arena" durante el Gobierno del PP. Uno de los detenidos, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Palma se ha negado a declarar.

La gestión urbanística a debate. En 'La Mañana en Vivo' hemos hablado con Antonio Arias Rodríguez, síndico de cuentas del Principado de Asturias, que nos ha dicho que el urbanismo es un fenómeno opaco y los congresos de auditorias lo consideran un área de riesgo por el peligro de que se instale la corrupción (06/08/09).

En nuestro país hay alrededor de 150 municipios con casos abiertos por corrupción. Hablamos de este asunto con Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional España (06/08/09).

Entre los detenidos está el portavoz del Partido Popular en Palma y el ex director general de Deportes y medallista olímpico, José Luis Ballester.(05/08/09)

Mientras tanto, continúa el cruce de acusaciones entre populares y socialistas por el recurso que la Fiscalía presentará contra el archivo de la causa de Francisco Camps.

Los detenidos, entre ellos el portavoz del PP en el Ayuntamiento, están acusados de malversación, falsedad y cohecho. La policía está registrando las instalaciones deportivas y las oficinas de una empresa de publicidad. El presupuesto inicial del Palma Arena era de 48 millones de euros y, al final, costó el doble.

La Fiscalía del Estado trabaja en el recurso que presentará ante el Supremo por el archivo de la causa por cohecho contra Francisco Camps y otros tres dirigentes del PP valenciano. Considera que se ha cerrado de forma precipitada y con argumentos contrarios a derecho. El PSOE seguirá pidiendo explicaciones a Camps y el PP asegura que el Gobierno utiliza la fiscalía para sus propios intereses, poniendo en peligro la democracia.