El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid. Lo ha hecho después de que el juez decretara para él prisión provisional eludible con una fianza de 2 millones y medio de euros. El magistrado le atribuye irregularidades en la compra de un banco en EE.UU. y en la concesión de un crédito al grupo MARSANS.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa pasará su primera noche en prisión al no depositar la fianza de 2,5 millones de euros impuesta por el el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva. Blesa ha sido conducido desde las dependencias de la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil hasta el centro penitenciario Madrid V Soto del Real. El magistrado le había citado a declarar por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida, con sede en Miami (Estados Unidos). Silva ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal y tras interrogar a Blesa al apreciar que existe riesgo de fuga y de destrucción o alteración de pruebas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha ordenado el ingreso en prisión provisional bajo fianza de 2,5 millones de euros del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida, con sede en Miami (Estados Unidos), según han informado fuentes jurídicas a TVE. Silva ha tomado esta decisión en contra del criterio del fiscal y tras interrogar a Blesa al apreciar que existe riesgo de fuga y de destrucción o alteración de pruebas. El magistrado -que también investiga el crédito fallido de 26,6 millones que Caja Madrid concedió al Grupo Marsans- había citado a declarar de forma urgente al expresidente de la entidad para explicar la operación.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado a Isabel García, mujer del pederasta Santiago del Valle, condenado por la muerte de la niña Mari Luz Cortés, a dos años de cárcel por falso testimonio en el juicio por la muerte de la pequeña, celebrado en febrero de 2011, donde optó por manifestar que Del Valle no tuvo ninguna intervención en los hechos enjuiciados y que fue su cuñada quien secuestró y mató a la pequeña. Según han informado fuentes judiciales, el juez la considera responsable de un delito de falso testimonio y la condena además al pago de una multa de ocho meses con una cuota diaria de tres euros (730 euros).
El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto el país entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil y crímenes de lesa humanidad. Ríos Montt, ha sido condenado a 50 años de prisión por genocidio y a 30 por delitos contra deberes de la humanidad, como la legislación guatemalteca tipifica los crímenes de lesa humanidad. El exdictador ha insistido en su inocencia y ha anunciado que apelará el fallo, que ha calificado de ilegal por responder a un "show político internacional".
El auto del juzgado de Sabadell cita el artículo 33.2 de la Constitución: "La función social delimita el derecho a la propiedad privada". Por eso rechaza ordenar el desalojo de un padre de familia y sus tres hijos, que fueron desahuciados de su vivienda dos semanas antes de ocupar este piso de un edificio nuevo y completamente vacío, propiedad de la Sareb, el llamado "banco malo". Argumenta la jueza que la unidad familiar no tiene ingresos, recibe ayuda alimentaria y ha solicitado la renta mínima de inserción. También critica que "la Sareb no ha llevado a cabo conducta alguna encaminada a la efectiva ocupación del inmueble, incumpliendo los deberes de conservación de los edificios". La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sabadell, que apoya a los ocupantes, considera la decisión del juzgado un triunfo histórico que legitima moralmente la ocupación. En la actualidad hay 11 familias viviendo en el edificio. La Sareb que tiene un 45% de capital público, recuerda que no reclamaba un desahucio sino el desalojo de un edificio ocupado sin permiso. Las partes tienen cinco días para recurrir ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
La Justicia uruguaya condenó a 28 años de prisión al general Miguel Dalmao, el primer general en activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), por el asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, según confirmaron a Efe fuentes oficiales.
El general, que se encuentra en prisión desde noviembre de 2010, cuando se desempeñaba como jefe de la División IV del Ejército, fue condenado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado", cometido cuando era alférez y cumplía funciones de lucha antisubversiva en la unidad del Ejército donde apareció muerta Sabalsagaray.
La versión oficial de la época señalaba que la joven Sabalasagaray, militante comunista, se ahorcó en el calabozo a las pocas horas de haber sido detenida, pero de las investigaciones forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas.
Según confirmaron a Efe fuentes de la Suprema Corte de Justicia, Dalmao fue encontrado responsable de este homicidio ya que cuando sucedieron los hechos, era el segundo responsable de la unidad donde fue detenida.
La Justicia italiana ha confirmado la condena a cuatro años, que quedan en uno gracias a la ley de indultos, al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por un delito de fraude fiscal en el llamado caso Mediaset, su grupo de comunicación. La sentencia todavía puede ser recurrida, pero con esta acumula ya dos condenas de cárcel y está a la espera de otra sentencia.
Después de casi diez años de investigación y seis de proceso, el Tribunal de Apelación de Milán condenó el pasado octubre a Berlusconi a cuatro años de cárcel por evasión de impuestos en la compraventa de derechos de películas estadounidenses para sus cadenas de televisión. En concreto, se ha demostrado que aumentó el precio real de los derechos y el dinero defraudo se desvió a cuentas en el extranjero entre 1994 y 1999.
En primera sentencia, se detallaba también que el político --ahora sin cargo-- quedaba inhabilitado para ejercer cargo público durante cinco años y que debería resarcir al fisco con 10 millones de euros. Todo eso queda ahora ratificado, informa el corresponsal de RNE en Roma, Iñaki Díez. Sorprendió el fallo porque la pena de carcel era superior a la que solicitó el fiscal.
En el Tribunal Constitucional, el pleno ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el acuerdo del Parlamento catalán del pasado 23 de enero que defendía que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano
