Decisiones judiciales

• El juez de vigilancia penitenciaria accede a la petición del marido de la infanta Cristina, con el visto bueno de la Fiscalía

Una década después de que empezara la investigación, hay sentencia por el caso 'de Miguel', el mayor caso de corrupción política en el País Vasco. Tres exdirigentes del PNV han sido condenados a penas de entre 6 y 13 años de cárcel por organizar una trama que cobraba comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas
 

La Audiencia de A Coruña ha condenado a José Enrique Abuín, alias El Chicle, a prisión permanente revisable. El tribunal le ha impuesto la máxima pena por asesinar a Diana Quer para ocultar un delito contra su libertad sexual.

• Ha sido condenado por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias
• La Audiencia de Álava ha fijado que el máximo de cumplimiento efectivo de cárcel sea de 9 años

Entramos en una semana clave de decisiones judiciales para el independentismo. Hoy, la justicia belga estudiará hoy sobre la euroorden dictada por el juez Llarena contra Carles Puigdemont. Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho procesal de la universidad de Barcelona, ha explicado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que si la euroorden es rechazada, la justicia española no tendrá "ningúna" posibilidad de traer a España al ex presidente catalán. Además, este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la UE también se pronunciará sobre la posible inmunidad de Oriol Junqueras. Una decisión que, según Nieva Fenoll, será más importante para Puigdemont que para el propio Junqueras.

• No cometió apropiación indebida porque no se pactó repartir el premio especial de 1,17 millones
• La Audiencia de Alicante condenó a la mujer a un año y medio de prisión

El Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas destinadas al alquiler que hizo la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en 2013. No ha admitido los recursos del fondo y del Gobierno regional a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que afirmaba que esa venta fue irregular y contraria a la "protección social" de los inquilinos de esos pisos. La decisión judicial aún no es firme.

• De este modo, inadmite el recurso de casación de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJM
• Ante la resolución cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

• El condenado ofertaba un recorrido por las calles de Pamplona en las que estuvieron los miembros de 'la Manada'
• La jueza considera que es autor de un delito contra la integridad moral y le obliga a indemnizar a la víctima con 15.000 euros

• La Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado una vista oral para decidir si los envía a la cárcel
• Este viernes la Audiencia dará a conocer la decisión

• El juez condena al acusado, que en 2017 mató a un hombre que llevaba tirantes con la bandera de España
• La sentencia reconoce delito de lesiones dolosas con homicidio imprudente agravado por motivos ideológicos

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a Rodrigo Lanza a cinco años de cárcel por matar a Víctor Laínez, que llevaba unos tirantes con la bandera de España. El juez califica el crimen de homicido imprudente con el agravante de odio, y le impone además una multa de 200.000 euros. La defensa de la víctima recurrirá la decisión porque considera que existen contradicciones en el veredicto.

• Los presos solicitaban que se computara la pena cumplida en Francia para rebajar su condena en España
• Sin embargo, desestima la petición de los presos y avala que no computen las penas cumplidas en Francia

Rodrigo Lanza, el acusado de matar a Victor Lainez en el llamado 'juicio de los tirantes' ha sido condenado a cinco años de prisión. La Fiscalía pedía para el acusado 25 años de carcel por un crimen con agravante ideológico cometido en un bar de Zaragoza en el año 2017. El jurado declaró a Lanza culpable de las lesiones que le causaron la muerte a Laínez.

• Considera que no existe ningún tipo de responsabilidad penal y pide que se deje sin efecto las citaciones previstas
• Según el Código Penal, solo pueden ser castigados por revelación de secretos abogados, jueces y fiscales

La expresidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido "perdón" a los andaluces tras la sentencia del caso de los ERE, que condenó a sus predecesores y expresidentes del PSOE José Antonio Griñán y Manuel Chaves a seis años de cárcel y nueve años de inhabilitación, respectivamente, y ha subrayado que este fallo judicial, que condena a una década de Gobiernos socialistas en Andalucía, no le implica a ella porque "no estaba" en aquellos gobiernos autononómicos, y que demuestra que "no hay financiación ilegal del PSOE". PP y Unidas Podemos le piden que dimita.

• Reconoce la sociedad mixta Aigües de Barcelona constituida en 2012 y que el TSJC había anulado en 2016
• En la empresa público-privada participan Agbar (70%), Área Metropolitana de Barcelona (15%) y Criteria Caixa (15%)

• Los dos acusados, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Cabezuelo, grabaron siete vídeos y realizaron dos fotografías
• Su abogado defensor ha mostrado su "estupefacción" por la condena y ha anunciado que recurrirá la sentencia

PP, Vox y Ciudadanos han coincidido en calificar el 'caso de los ERE' como uno de los más importantes escándalos de corrupción y exigen responsabilidades a Pedro Sánchez por el apoyo pasado a los principales condenados. Por su parte, Podemos apunta al bipartidismo como causante de "corrupción y arrogancia" que da por superada, y evita vincular la sentencia con los actuales líderes del PSOE. Desde Vox, califican al PSOE como "el partido más corrupto de Europa". Por su parte, los socialistas recalcan que Chaves y Griñán ya asumieron responsabilidades políticas.

Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un "sistema fraudulento" de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones "carecían de actividad ni empleados".