El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 dejó hasta una treintena de oficiales condenados, pero fueron Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada, los cabecillas de la sublevación, quienes recibieron las mayores penas, de hasta 30 años de prisión. Tejero fue quien más tiempo pasó entre rejas, 16 años, con un millón de pesetas de multa por responsabilidad civil. Milans del Bosch cumplió nueve años hasta que se le concedió libertad condicional por haber cumplido los 75 años y Armada fue indultado después de seis años por motivos de salud.
La Justicia española ha ordenado la repatriación de los cerca de 50 millones de euros bloqueados en varias cuentas en Suiza y relacionados con la trama Gürtel. Casi la mitad de esa fortuna, 24 millones pertenecerían al empresario Francisco Correa y prácticamente la otra mitad, 22,4 millones, serían del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ese dinero, según la sentencia del Supremo, se destinará a sufragar las responsabilidades civiles de los condenados de la trama Gürtel.
El juzgado de Málaga ha enviado a prisión provisional y sin fianza por delitos contra la intimidad y pornografía infantil a un hombre y a su sobrina por grabar a más de 100.000 mujeres con cámara oculta en los baños de algunos centros comerciales y en la estación de tren de la ciudad. Entre el material intervenido había también pornografía infantil y más de 1.000 videos sexuales del detenido con mujeres. Colocaban unos aparatos que aparentaban ser ambientadores y en cuyo interior situaban una cámara que se activa con el movimiento. Su objetivo era colgar los videos en una pagina web creada por el detenido. Aunque no le ha dado tiempo, si una víctima de este tipo de delitos encuentra vídeos suyos en internet, podría denunciar a la Agencia de proteccion de datos. Ellos se ponen en contacto con la página para que retiren los vídeos, mientas inicia un procedimiento sancionador contra las personas o webs que lo hayan descargado, aunque hay otras opciones, como contactar con empresas especializadas.
Foto: Europa Press / Policía Nacional
El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urías considera que las interpretaciones de los delitos de opinión por parte de algunos jueces están llevando a un recorte en la libertad de expresión. Además, prevé que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sancionará a España por condenar al rapero Pablo Hasél por delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, dado ya hay jurisprudencia al respecto y no sería la primera ocasión.
El juez que investiga los contratos de Podemos con la consultora Neurona ha imputado a Juan Carlos Monedero. El cofundador del partido tendrá que declarar el 15 de marzo aunque el magistrado no indica por qué delitos. El juez sospecha que Monedero cobró de forma irregular 26.000 euros de la consultora. Se basa en un informe policial que ponía la lupa en una factura que podría ser falsa, según los investigadores.
Diego Herchhoren, abogado de Pablo Hasél, ha dicho en Las Cosas Claras, de TVE, que el encarcelamiento de su "defendido, amigo y compañero de muchas luchas" ha servido para poner "en tela de juicio las carencias democráticas del Estado español" y ha añadido: "que lo disfrute quien lo tenga que disfrutar, porque les queda poco".
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, considera que "en la manera en la que está redactado ahora mismo" en el Código Penal español, el delito de enaltecimiento del terrorismo supone "una amenaza a la libertad de expresión. Nadie debería ser encarcelado por delitos de opinión por más provocativos que sean", ha dicho respecto al encarcelamiento de Pablo Hasél.
El rapero Pablo Hasél ha sido trasladado este martes a la cárcel de Pontent, en Lleida, donde cumplirá una pena de nueve meses de prisión, a la que se suman casi 30.000 euros de multa. Sobre el rapero catalán pesan un total de cuatro condenas, con una quinta causa abierta, por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e injurias a las instituciones del Estado, en sus canciones y mensajes de Twitter.
La Audiencia de A Coruña ha confirmado hoy que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. La sentencia rechaza el recurso de la familia de Franco, pero obliga a indemnizarles por las obras de conservación del inmueble desde 1975. La Audencia considera probado que Carmen Franco sufragó de su erario multiples obras de rehabilitacion y mantenimiento. Y añade que un edificio de estas caracteristicas, si hubiese estado abandonado 45 años, su estado sería ruinoso. El tribunal entiende que no hubo mala fe por parte de los nietos del dictador porque dice, no se les requirió que lo entregasen. El Gobierno ha mostrado su satisfaccion, también las administraciones gallegas, aunque con matices. La familia Franco ya ha dicho que está parcialmente satisfecha y que confían en que finalmente se les reconozca la propiedad del pazo. La indemnización por el mantenimiento se calculará cuando se ejecute la sentencia.
Foto: EFE/ CABALAR
